La obra pública se ha convertido en uno de los espacios donde se observan las tensiones entre la promesa de cambio del gobierno de Bernardo Arévalo y las estructuras heredadas que siguen condicionando el uso de los recursos del Estado.

Aunque la actual administración asumió con un discurso centrado en la transparencia y el combate a la corrupción, la contratación de infraestructura, en particular la red vial, continúa marcada por redes empresariales recurrentes, decisiones presupuestarias impulsadas desde el Congreso y adjudicaciones a constructoras con antecedentes y vínculos políticos documentados.

Investigaciones periodísticas publicadas por eP Investiga a lo largo de 2025 muestran que la obra pública no se define únicamente en procesos técnicos de licitación, sino que es atravesada por componendas legislativas, aprobación de artículos específicos del Presupuesto General y presiones políticas que obligan al Ejecutivo a garantizar pagos a empresas previamente favorecidas.

Presupuesto amarrado desde el Congreso

Uno de los hechos más reveladores ocurrió en octubre de 2025, cuando el Gobierno realizó una readecuación presupuestaria por Q225 millones para cubrir pagos de obras viales ejecutadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Los fondos no provenían del propio CIV, sino de otras entidades del Estado, Q186 millones fueron trasladados desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Q3 millones desde la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) y Q36 millones desde el rubro de deuda pública.

La decisión no respondió a una evaluación técnica coyuntural, sino a una obligación impuesta por el artículo 134 del Presupuesto General de la Nación 2025, aprobado por los diputados en noviembre de 2024. Dicho artículo ordenó al Ministerio de Finanzas Públicas garantizar recursos para cinco proyectos específicos de infraestructura vial y prohibió que esos fondos fueran utilizados para otros fines, aún cuando existieran necesidades urgentes en sectores como agricultura o seguridad alimentaria.

Los proyectos y montos establecidos por los diputados establecieron Q200 millones para el Anillo C-50 (tramo bifurcación CA-09 Norte–Sanarate–Sansare); Q200 millones para el tramo El Jocotillo–El Obrajuelo; Q150 millones para El Obrajuelo–Guanagazapa; y Q55 millones para cada uno de los proyectos del Libramiento de Sayaxché, Petén, y el tramo Santa Cruz Verapaz–Cobán, Alta Verapaz.

Las constructoras beneficiadas

Dos de esos proyectos estratégicos quedaron en manos de Constructora y Transportes San Francisco, empresa propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina, identificado como el patriarca del denominado clan Córdova. Esta empresa ejecuta la RN-19 (CA-09 Norte–Sanarate–Sansare) y la CA-14 (Santa Cruz Verapaz–Cobán), ambos financiados con fondos que el Congreso obligó a garantizar.

En 2025, Covial adjudicó Q30.2 millones a empresas vinculadas a esta familia para mantenimiento vial en Alta Verapaz, mientras que Ecomuros, S.A., otra firma del grupo, recibió Q21.9 millones para trabajos en el departamento de Quiché. Estas adjudicaciones reflejan la consolidación territorial de un grupo familiar que ha logrado expandirse a nuevos departamentos sin cambios sustantivos en los patrones de contratación.

La estructura empresarial detrás de los Córdova se amplía con la participación de Alma Violeta Lemus Guerra, sobrina de uno de los fundadores de Constructora Codico. Registros mercantiles muestran que Lemus Guerra fue accionista minoritaria de Ecomuros, S.A. desde 2016, junto a Exon Francisco Córdova Catalán, hijo del patriarca del clan.

Además, Lemus Guerra funge como representante legal de Seele, S.A., una empresa que acumuló Q93.6 millones en contratos de obra pública entre 2010 y 2025. Solo en 2022, Seele obtuvo Q56.5 millones, mientras que en 2021 sumó Q15.5 millones. En 2025, esta empresa recibió al menos Q8.6 millones adicionales en contratos adjudicados por Covial y municipalidades de Alta Verapaz y Quiché.

La conexión de Lemus Guerra con los Guerra Villeda añade otra capa al entramado. Su tío, Óscar Augusto Guerra Villeda, fue socio fundador y representante legal de Constructora Codico, empresa señalada por aportes no registrados a campañas políticas, incluido un financiamiento de Q143 mil 200 al exministro Alejandro Sinibaldi. Aunque estos casos no derivaron en inhabilitaciones definitivas, evidencian cómo redes familiares históricas continúan operando en la contratación estatal.

El regreso de los Chojolán

Otro caso emblemático es el de las empresas vinculadas a William Haroldo Romero Chojolán, que regresaron al negocio de la obra pública en 2025 pese a escándalos previos. En total, las firmas asociadas a este grupo recibieron Q48.2 millones en contratos.

La adjudicación más alta fue por Q29.4 millones para mantenimiento de carreteras en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. A esta se sumó otro contrato por Q14.6 millones, además de uno adicional por Q4.2 millones para trabajos en San Marcos y Quetzaltenango. A pesar de que estas empresas habían sido cuestionadas en el pasado por irregularidades en procesos de licitación, la ausencia de sanciones firmes les permitieron volver a competir y ganar contratos.

Otras redes empresariales recurrentes

El patrón se repite con otras constructoras históricas. En 2025, Covial otorgó Q48.2 millones en contratos a empresas vinculadas a los Chojolán, pese a los escándalos de corrupción que rodearon su participación en la obra pública en años anteriores.

La empresa Coamco, propiedad de Juan Pablo Mansilla Morales, obtuvo Q7.7 millones para mantenimiento de 97.3 kilómetros de red vial pavimentada en el departamento de Guatemala, a pesar de que su propietario ha sido señalado en investigaciones por defraudación tributaria y financiamiento electoral ilícito (caso B410).

En paralelo, Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco) acumuló Q24.8 millones en contratos estatales durante 2025, incluyendo adjudicaciones de Covial para trabajos de remoción de derrumbes y reparaciones de pavimento, así como contratos municipales, pese a los vínculos de sus propietarios con investigaciones por corrupción.

Adjudicación a empresa ligada a financista de Giammattei

Otro caso que evidencia cómo la obra pública sigue conectada a financistas y operadores del pasado reciente es la adjudicación de un contrato vial a Constructora Nestra, empresa propiedad de Neli Maribel Chavarría Estrada. En 2025, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) adjudicó a esta constructora un contrato por Q1.5 millones, cuyo objeto fue ejecutar trabajos de limpieza del derecho de vía, drenajes y retiro de derrumbes en 49.97 kilómetros de carreteras que atraviesan Purulhá, en Baja Verapaz, y Santa Cruz Verapaz, Tactic y San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz.

La adjudicación llamó la atención debido a que Chavarría Estrada fue empleada del constructor Alejandro Matheu, identificado en investigaciones periodísticas como amigo del ex ministro José Luis Benito y financista de la campaña presidencial de Alejandro Giammattei. Aunque la relación laboral no constituye una prohibición legal para proveer al Estado, el caso reabre el debate sobre conflictos de interés no regulados y la continuidad de redes de influencia que trascienden gobiernos.

Exdiputados y empresas: el caso del Consorcio H

La conexión entre obra pública y actores políticos se evidencia con claridad en el Consorcio H, una red empresarial vinculada al exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada. Covial adjudicó Q40.9 millones a CDM Vial de Guatemala, S.A. para la instalación de defensas metálicas en carreteras de diez departamentos, y posteriormente otro contrato por casi Q16 millones para señalización vial en el occidente del país.

No todas las decisiones siguieron el mismo curso. En diciembre de 2025, la nueva ministra de Comunicaciones, Norma Lissette Zea Osorio, improbó una adjudicación por Q27.1 millones a Grupo Construyala Constructores, S.A., otra empresa del Consorcio H, al concluir que la oferta no cumplía con requisitos esenciales de las bases de licitación. La decisión dejó sin efecto un proceso que había sido previamente ratificado por la Junta de Licitación, evidenciando tensiones internas dentro del propio Ejecutivo.

El Consorcio H ya había sido documentado por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en investigaciones sobre plazas fantasma en el Congreso, lo que refuerza la preocupación sobre la persistencia de actores políticos y empresariales en la contratación estatal.

Una estructura que resiste al cambio

En conjunto, las investigaciones periodísticas demuestran que la obra pública en el país sigue operando como un engranaje político y financiero, en donde los diputados definen prioridades, amarran presupuestos y reducen el margen de maniobra del Ejecutivo (pues este lo permite), mientras constructoras con señalamientos continúan captando contratos millonarios.

Para el gobierno de Bernardo Arévalo, este escenario representa uno de sus retos más complejos. Pues, la transparencia en la obra pública exige desmontar los mecanismos legislativos y contractuales que permiten que las mismas redes empresariales sigan siendo beneficiarias del Estado.

Mientras el presupuesto continúe condicionado por decisiones políticas heredadas y los contratos sigan concentrándose en los mismos grupos, la promesa de transformar la obra pública seguirá siendo una tarea pendiente, y una de las pruebas más duras para medir si el cambio ofrecido por el actual gobierno logra traducirse en hechos concretos.