La obra pública en Guatemala es un círculo tan exclusivo que solo algunos tienen acceso a ganar jugosos contratos. Uno de esos casos es el de Alma Violeta Lemus Guerra, con vínculos familiares con los propietarios de Constructora Codico y relaciones empresariales con la familia Córdova. Estas conexiones le han abierto la puerta a millonarios contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y municipalidades principalmente de Alta Verapaz y Quiché.
Según documentos del Registro Mercantil, Lemus Guerra figura como socia de Ecomuros, S.A., fundada en 2012 por Sergio Gerardo Prahl García y Exon Francisco Córdova Catalán, hermano de Shellder Alexander Córdova Catalán e hijo de Francisco Alejandro Córdova Molina, considerado el patriarca del clan.
El nombre de Alma Violeta Lemus Guerra aparece por primera vez en los registros de Ecomuros el 24 de junio de 2016, cuando fue inscrita como accionista junto a Exon Córdova, según el acta notarial de asamblea general extraordinaria totalitaria de accionistas, autorizada por la notaria Lidia Imelda Quim Meza.
Un año después, en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2017, se detalló la composición accionaria de la empresa: Exon Francisco Córdova Catalán poseía para entonces 473 acciones, mientras que Alma Violeta Lemus Guerra contaba con cinco, sumando un total de 478 acciones en circulación. Este reparto confirma el control casi absoluto de la familia Córdova sobre la sociedad y Lemus con una participación minoritaria pero significativa.
Desde entonces, Ecomuros ha pasado de ser una constructora menor a convertirse en un actor clave en los planes de expansión de los Córdova hacia Quiché. Este año, la empresa obtuvo dos contratos de mantenimiento de la red vial no pavimentada, adjudicados por la Unidad de Conservación Vial (Covial), por un monto conjunto de Q21.9 millones.
Trayectoria como contratista
Entre 2009 y 2019, Alma Violeta Lemus Guerra recibió 12 adjudicaciones como contratista individual por un total de Q7.8 millones, todas en instituciones vinculadas a infraestructura, incluyendo el Ministerio de Comunicaciones y fideicomisos de desarrollo. Entre los contratos más relevantes figura uno otorgado por el Fondo Social de Solidaridad (FSS) en 2014 por Q2.6 millones.
Lemus Guerra es también representante legal de la constructora Seele, S.A., que ha acumulado Q93.6 millones en contratos entre 2010 y 2025, con incrementos notables en sus adjudicaciones en 2021 con Q15.5 millones y 2022 con Q56.5 millones.
La mayoría de estos contratos superan el millón de quetzales y provienen de unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones y municipalidades como San Pedro Carchá en Alta Verapaz y Chicamán en Quiché.
En el transcurso del presente año, Seele, S.A. ha ganado tres contratos que suman Q8.6 millones. El primero fue adjudicado por la Municipalidad de Chicamán, Quiché, por Q89 mil 281 para trabajos de conservación en el camino rural de la aldea El Zapote. La segunda adjudicación provino de Covial, por Q4.6 millones, destinada al mantenimiento de puentes en varios puntos de Quiché. Finalmente, la Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, contrató a la empresa por Q3.9 millones para mejorar el camino rural en la aldea Chacalte.
Coincidentemente, las constructoras relacionadas con Alma Violeta Lemus Guerra ganan contratos públicos en donde los Córdova también tiene poder de influencia como lo es en Alta Verapaz y más recientemente en Quiché. Lo que refuerza la teoría de que el clan asegura que los proyectos de infraestructura queden en manos de empresas cercanas a sus redes empresariales.
Las conexiones familiares de Alma Lemus
Además de su vínculo empresarial con los Córdova, Alma Violeta Lemus Guerra es hija de Alma Violeta Guerra Villeda y sobrina del constructor Óscar Augusto Guerra Villeda, uno de los socios fundadores y exrepresentante legal de Constructora Codico, empresa señalada en investigaciones por corrupción.
De acuerdo con pesquisas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), Óscar Guerra fue financista del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, mediante un aporte no registrado de Q143 mil 200 a favor de Impresos Urbanos, S.A., compañía vinculada al exfuncionario del Partido Patriota (PP).
En noviembre de 2018, el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Ericka Aifán, ligó a proceso al fundador de Constructora Codico por financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, el caso quedó estancado luego de que el Congreso de la República modificara el delito, lo que permitió la liberación de varios implicados. Meses más tarde, Aifán salió al exilio tras una persecución judicial promovida por el MP dirigido por María Consuelo Porras.
Un clan con mucho poder
La historia reciente de los Córdova muestra que su estrategia es múltiple: operar con sus constructoras principales en Alta Verapaz —Constructora y Transportes San Francisco, Maya Mix, Exxon Constructora— y al mismo tiempo expandirse a nuevos territorios y sociedades. En mayo de 2025, por ejemplo, Covial adjudicó Q30.2 millones a empresas del clan en Alta Verapaz. Un mes después, Ecomuros, con Lemus Guerra como socia, logró dos contratos en Quiché.
Informes de organizaciones como Acción Ciudadana y Paz & Reconciliación han documentado que el clan Córdova acumula más de Q3 mil millones en contratos desde 2004, utilizando distintas constructoras. A esto se suma su capacidad de incidencia política: entre 2015 y 2023 financiaron candidaturas para diputados, alcaldes y presidentes. En la última década han mantenido vínculos con gobiernos de turno, desde Jimmy Morales y Alejandro Giammattei hasta el actual presidente Bernardo Arévalo.
