La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) comenzó este mes a adjudicar contratos para el mantenimiento de la red vial del país. Sin embargo, la participación de empresas con antecedentes controvertidos ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de los diferentes procesos de licitación.

Tal es el caso de tres contratos que suman Q30.2 millones y fueron asignados a las empresas Constructora y Transportes San Francisco y Maya Mix propiedad de integrantes de la familia Córdova de Alta Verapaz quienes han sido señalados de ser cercanos a los Baldizón y además durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei fueron beneficiados con millonarios contratos otorgados por las diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Los proyectos otorgados por Covial a las constructoras del clan político-empresarial de los Córdova tienen por objeto darle mantenimiento a tramos carreteros de terracería que se encuentran en el departamento de Alta Verapaz.

El primer contrato fue adjudicado el 12 de mayo a la empresa Constructora y Transportes San Francisco, luego de imponerse a la propuesta presentada por «A» Construcciones, propiedad de Edin Francisco Arrué Chocoj. La Junta de Licitación rechazó esta última oferta por considerar que no cumplía con los requisitos fundamentales, específicamente la presentación de sus estados financieros.

Los trabajos adjudicados se ejecutarán durante un plazo de 10 meses y comprenden el mantenimiento de dos tramos no pavimentados: la ruta RD-AV-26-02, entre Puente Tzunutz-Caquipec-San Vicente Upan II, con una longitud de 37.17 kilómetros, y la ruta RD-AV-40, en el tramo Valparaíso-Rosario Italia-Salmar, de 10.8 kilómetros.

El segundo contrato, por un monto de Q10.4 millones, fue adjudicado el 16 de mayo a la empresa Maya Mix, propiedad de Shellder Alexander Córdova Catalán. En este proceso participaron también las empresas Casmatt, de Dalia Castañeda Matta, y nuevamente «A» Construcciones. Las ofertas rechazadas fueron por Q13.1 millones y Q9.9 millones, respectivamente.

La Junta de Licitación descartó la propuesta de Casmatt, argumentando que no presentó correctamente sus estados financieros. En tanto, «A» Construcciones fue descalificada por omitir el formulario de oferta con los sellos, folios y firmas requeridos.

Según las bases de licitación, Maya Mix deberá ejecutar los trabajos en un período de 10 meses, brindando mantenimiento a 45.1 kilómetros de carretera de terracería en la ruta RD-AV-05-02, tramo Senahú-Cahabón, y a 33.02 kilómetros de la ruta RD-AV-29-01, tramo Cahabón-Bifurcación Hidroeléctrica Chulac.

El tercer contrato, también adjudicado a Maya Mix, asciende a Q10.7 millones. En este evento de licitación compitieron otras dos empresas: Fuentes Gómez, Ingeniería y Construcción, representada por Keller Alexander Fuentes Gómez, y Proyectos Samaria, propiedad de Norvin Josué Orellana Sandoval, allegado de Shellder Córdova y hermano del diputado Jairo Danilo Orellana Sandoval, del partido Cabal.

Se desconocen los motivos por los cuales fueron rechazadas las ofertas presentadas por Fuentes Gómez, Ingeniería y Construcción y Proyectos Samaria, ya que las autoridades de Covial no han publicado el acta de adjudicación correspondiente en la plataforma de Guatecompras.

¿Quiénes son los Córdova?

Un informe del año 2023, elaborado por las organizaciones Paz & Reconciliación (Colombia) y Acción Ciudadana identificó al clan Córdova, originario de Alta Verapaz, como una poderosa estructura político-empresarial que ha obtenido más de Q2 mil 930 millones en contratos estatales a partir de 2004 a través de al menos siete constructoras vinculadas a miembros de la familia.

Entre las empresas destacan Constructora y Transportes San Francisco, Maya Mix, Constructora Concord, Importadora Cobán, Camtrac y Exxon Constructora, todas dirigidas por distintos miembros del clan Córdova.

Los Córdova también han tenido presencia política. En 2015, tres miembros del clan —Jorge Aroldo, Édgar Tomás y Carlos Francisco— fueron electos como alcaldes y diputados con el apoyo del partido Lider, de Manuel Baldizón, posteriormente condenado por lavado de dinero en EE. UU. 

Durante ese período, el clan recibió cientos de millones en contratos públicos, sumando Q478.7 millones entre 2004 y 2015, y Q679.6 millones más entre 2016 y 2020 cuando Édgar Tomás fue diputado y se alió al gobierno de Jimmy Morales tras la cancelación de Lider.

Una investigación publicada por elPeriódico en abril de 2019 dio detalles sobre una denuncia que presentaron exdiputados de la UNE, en la que advirtieron que la elección de Edwin Humberto Salazar Jerez (afín al gobierno de Jimmy Morales) como jefe de la Contraloría General de Cuentas, fue atribuida al entonces diputado Edgar Tomás, quien fue señalado –previo y durante el proceso de elección del nuevo Contralor de Cuentas– como operador de una estructura de diputados que habrían ofrecido prebendas a otros legisladores a cambio del voto a favor del nuevo funcionario.

El clan mantuvo su influencia durante el gobierno del partido Vamos, gracias a sus vínculos persistentes con los Baldizón, quienes también formaron parte del círculo cercano del expresidente Giammattei y su pareja Miguel Martínez. En este período, las constructoras de los Córdova facturaron Q1 mil 692 millones, incluyendo un contrato de Q501 millones que fue supervisado en 2024 por el presidente Bernardo Arévalo.

En las elecciones de 2023, los Córdova financiaron al partido Cabal. A cambio, Édgar Tomás encabezó la lista de candidatos a diputados por Alta Verapaz y Carlos Francisco buscó la alcaldía de Chahal, aunque ninguno resultó electo.

Los Córdova y Semilla

En abril del año pasado, ocurrió una inusual visita del presidente Bernardo Arévalo para supervisar los avances de los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-14, tramo Santa Cruz Verapaz-Cobán, Alta Verapaz, que está a cargo de la Constructora y Transportes San Francisco, propiedad de la familia Córdova.

Al llegar al campamento de trabajo, el mandatario y la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega fueron recibidos por Francisco Alejandro Córdova Molina, su hijo Shellder Córdova Catalán y también por el exdiputado al Congreso de la República, Edgar Tomás Córdova Molina, hermano de Francisco Alejandro y tío de Shellder.

Analistas políticos calificaron en ese entonces dicho encuentro como “un error estratégico” debido a que “es un clan bastante conocido, cuyos integrantes tienen una estela de cuestionamientos porque territorialmente tienen fuertes vinculaciones con actores políticos que en algunos casos rozan la ilegalidad y porque, además, muchos de los contratos que han recibido en los últimos gobiernos se han dado en un marco de poca transparencia”.

Extraoficialmente también se conoce que en la administración actual la familia Córdova opera a través del diputado oficialista Roman Castellanos, quien es originario de Alta Verapaz y en el pasado trabajó para las constructoras de dicho clan.

“Covial actúa en estricto apego de la Ley de Contrataciones”

eP Investiga consultó al departamento de comunicación social de Covial acerca si en dicha institución tenían conocimiento previo de los señalamientos públicos que vinculan a los Córdova con personajes como Baldizón y sus negocios durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Las autoridades se limitaron a responder que “actúan en estricto apego de la Ley de Contrataciones”.

Sobre la posibilidad de presiones internas o externas para otorgar contratos a dichas constructoras, Covial indicó que “en los procesos de licitación, se nombra a una Junta de Licitación, que es el órgano responsable de llevar a cabo el proceso de licitación desde la recepción de ofertas hasta la adjudicación de los eventos; y de conformidad con la Ley es autónoma en sus decisiones, razón por la cual no se puede asegurar que haya existido algún tipo de presión a las autoridades de Covial”.

Sobre cómo se garantiza que los contratos no beneficien a empresas asociadas con estructuras políticas o redes de corrupción, los encargados de Covial indicaron que “los eventos de licitación al ser publicados en el sistema de Guatecompras, son públicos y cualquier propietario de empresa mercantil o cualquier entidad mercantil, a través de su representante legal, si llenan los requisitos establecidos en las bases de licitación, pueden presentar sus ofertas, las cuales son recepcionadas, evaluadas, calificadas y adjudicadas por la Junta de Licitación nombrada para el evento; al ser dicha Junta autónoma en sus decisiones se garantiza que los eventos sean transparentes y adjudicados de conformidad con la Ley”.

Las autoridades de Covial también indicaron que con el cambio de gobierno trabajan en un documento que “contiene propuestas de acciones de prevención respecto a bases de contratación pública en materia de infraestructura dirigidas a un proveedor o grupo de proveedores” que será implementado por la recién creada Unidad de Asuntos de Probidad del Ministerio de Comunicaciones.

“El Ejecutivo está metido en un gran aprieto”

El politólogo Renzo Rosal opina que “las autoridades del Organismo Ejecutivo están metidas en un gran aprieto porque deben decidir si continúan enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción o bien toman la bandera de la ejecución”.

“La primera bandera es simbólica mientras que la segunda es una bandera real y concreta. Me parece que la población en territorios como Alta Verapaz pide más cuentas de la segunda que por la primera y es allí donde el gobierno está tomando una decisión altamente cuestionable de entregar contratos a personajes grises como los Córdova, pero pragmática porque resuelve la necesidad de atender tramos carreteros”, indicó el analista.

Agregó que los Córdova son un clan familiar que desde hace varios años utiliza la arena política para impulsar y hacer crecer sus empresas y negocios. “Esta familia creció exponencialmente cuando uno de sus integrantes fue diputado y aunque ahora no están directamente involucrados, operan desde las sombras a través de otros actores políticos para continuar ganando contratos de obra pública”.

“Es sumamente peligroso que este gobierno esté dando oxígeno nuevamente a constructoras vinculadas con políticos pero también esto responde a la necesidad que tienen las autoridades de demostrar capacidad de ejecución de obras en los territorios y tratar de obtener gobernabilidad”, concluyó Rosal.