En 1990, Edgar Raúl Reyes Lee participó en el trámite que dio vida legal a ANAPEP. Treinta y seis años después, él y sus hermanos ocupan posiciones en el Congreso, la rectoría de una universidad con participación en procesos de postulación y una magistratura de Apelaciones. Mientras miles de empleados y exempleados públicos continúan aportando cada mes a la asociación, beneficiarios que llevan años esperando el pago del auxilio póstumo se preguntan si la influencia que concentra la familia Reyes Lee tiene alguna relación con los retrasos que enfrenta la investigación del Ministerio Público sobre el manejo de sus recursos.
Durante más de tres décadas, miles de empleados y exempleados públicos han aportado mensualmente a la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y Exempleado Público (ANAPEP) con la expectativa de que sus familias reciban un respaldo económico cuando ellos mueran. Pero detrás de ese propósito existe hoy una organización cuestionada por sus beneficiarios quienes aseguran que llevan años esperando sus pagos, mientras no logran conocer cuánto dinero administra la asociación, cuáles son sus obligaciones financieras y quiénes manejan sus cuentas. Los reclamos derivaron en una investigación penal que, después de tres años, sigue sin llegar a una diligencia clave para conocer el movimiento bancario de la ANAPEP, mientras sucesivas recusaciones contra la jueza han frenado el proceso.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, declaró procedente un recurso presentado por eP Investiga contra la negativa de información sobre investigaciones y procedimientos disciplinarios relacionados con las compras de alimentos para los comedores de la Policía. La resolución ministerial también reconoce que la respuesta original incluyó información ajena al caso y ordena que, si existen documentos que mezclan información pública con datos legalmente protegidos, estos últimos sean separados para permitir la entrega de la información.
La mayoría de esas constructoras tienen vínculos con empresarios señalados en investigaciones de corrupción, financiamiento electoral ilícito o estructuras de contratistas que habían obtenido obra pública en gobiernos anteriores. Entre los nombres relacionados aparecen Gustavo Alejos, Elfrid Josué Méndez Peláez, los hermanos Otto Vinicio y José Guillermo Samayoa Soria y Julio Alejandro Quinto Tobar.
El exjefe del centro de Gobierno insiste en salir de la lista SDN luego de que una jueza falló a favor de la OFAC y confirmara que hay indicios suficientes para mantenerlo bajo las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
La universidad pública ya no aparece entre las entidades que pueden seleccionarse directamente para consultar sus adquisiciones, aunque sus compras continúan apareciendo mediante búsquedas por texto. El cambio ocurre mientras sectores críticos de Walter Mazariegos cuestionan la actuación del Gobierno de Bernardo Arévalo frente a su segundo período como rector. Al mismo tiempo, Guatecompras ahora limita a un máximo de un año el período que puede abarcar una búsqueda, lo que obliga a fragmentar las consultas de varios años.
¿Qué debería recibir un vecino a cambio de pagarle hasta Q110 mil mensuales a su alcalde? La pregunta es obligatoria en municipios de 60 mil, 65 mil o 200 mil habitantes, donde algunos jefes ediles tienen ingresos anuales superiores a los de autoridades que gobiernan ciudades habitadas por millones de personas, mientras sus vecinos siguen demandando mejores servicios municipales.
Trabajadores sindicalizados del Organismo Legislativo llevaron ante la Junta Directiva del Congreso, MP y Contraloría General de Cuentas una denuncia que cuestiona el nombramiento de la encargada de despacho de la Subdirección de Comunicación Social del Congreso. El documento asegura que la funcionaria fue designada sin cumplir los requisitos legales, ascendió de puesto con un incremento salarial en cuatro meses y ocupó una plaza que, de acuerdo con la documentación oficial, ya había sido adjudicada mediante concurso de oposición.
Cuando Juan Rafael Del Val Guerrero quedó inhabilitado para contratar con el Estado por sus aportes al financiamiento político, la empresa de su hermana comenzó a vivir su mejor momento en las compras públicas. Multiservicios de Construcción y Proyectos Viales del Val obtuvo Q45.6 millones en contratos entre 2024 y los primeros meses de 2026, de los cuales Q17.5 millones provinieron de la Municipalidad de Amatitlán, administrada por el alcalde Minor Orellana quien en las últimas elecciones generales se reeligió bajo la bandera del partido Valor, organización política que recibió los aportes reportados por su hermano.
El exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, conocido como Kaka Rala y electo por el partido Vamos de Alejandro Giammattei, fue sentenciado el pasado 17 de julio a 72 meses de prisión por el juez Richard A. Schell, de la Corte del Distrito Este de Texas, División Sherman.
