En un plazo de seis días, la empresa Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S.A., fue beneficiada por el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con cuatro adjudicaciones que suman Q178.8 millones. Sus representantes legales son hijos de un empresario procesado por financiamiento electoral ilícito y primos de un exasesor del expresidente del Congreso Nery Ramos. El año pasado la compañía obtuvo otros Q162.3 millones del Ministerio de la Defensa para equipar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Las nuevas compras se producen mientras el encargado de Negocios de Estados Unidos advierte sobre la influencia económica y política de China en Guatemala.
Los expedientes judiciales de Estados Unidos, testimonios de narcotraficantes, cables diplomáticos e investigaciones periodísticas reconstruyen la red que Horst Overdick habría tejido con Los Zetas, militares y otros actores guatemaltecos. Su recaptura en Cobán revive una historia de narcotráfico y conexiones de poder cuyo rastro también aparece en el caso del contratista Cristhian Vaides.
Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S.A., obtuvo dos contratos para suministrar camiones, cisternas, cabezales y remolques destinados al apoyo de las zonas viales. Las adquisiciones se realizan bajo una disposición presupuestaria aprobada por diputados a principios de año que también contempla la reposición de convoyes operados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La empresa recibió el año pasado otros dos contratos millonarios para equipar a esa unidad militar.
El gerente de Baires Fly, la empresa que trasladó al excandidato brasileño desde Puerto Iguazú hasta Miami, fue socio de Federico Machado y recibió más de US$800 mil de una de sus compañías. Machado, quien visitó Guatemala 80 veces durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, será sentenciado el 10 de noviembre en Texas.
Devorarte, S. A., aparece junto a Grupo Empresarial Global en publicaciones de Facebook en las que ambas se identificaban como “empresas hermanas” dedicadas a fabricar alimentos para la PNC y la Academia de la Policía. Los registros de Guatecompras muestran que Devorarte recibió adjudicaciones por Q41.6 millones, todas mediante compras de baja cuantía. Unas 594 se ubicaron entre Q24 mil y Q25 mil, y la facturación se multiplicó casi cinco veces en 2025.
La empresa de Ana Gabriel Del Val Guerrero obtuvo otros Q27.8 millones en contratos otorgados por la UCEE y Covial. Las nuevas adjudicaciones se suman a los negocios públicos documentados previamente por eP Investiga para Multiservicios de Construcción y Proyectos Viales del Val, cuya propietaria es hermana de Juan Rafael Del Val Guerrero, identificado por el TSE como financista del partido Valor.
Cuatro meses después de que eP Investiga documentara compras de alimentos con sobreprecios de hasta 181 por ciento en la Policía Nacional Civil (PNC), la institución admite que realizó investigaciones, informó de una de ellas al Ministerio Público (MP) y abrió dos procedimientos disciplinarios, pero no aclara si esas acciones están relacionadas con Grupo Empresarial Global, la empresa señalada en las publicaciones de este medio. Ante las respuestas incompletas, se presentó una nueva solicitud de información pública para establecer qué hicieron las autoridades frente a las compras irregulares.
La hija del legislador por el departamento de Chimaltenango empezó a hacer negocios al mismo tiempo que era gerente general del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, una institución que tiene relación directa con las municipalidades.
En lo que va del 2026, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), ha destinado un total de Q6 millones 878 mil 969 en combustible para los vehículos y aeronaves que pertenecen o que brindan servicio a la institución, según consta en el portal Guatecompras.
Una carta enviada al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, revela que el diputado Edgar Raúl Reyes Lee usó su cargo para solicitar la continuidad de los descuentos de la ANAPEP a empleados y exempleados públicos, pese a que para entonces ya existían reclamos por retrasos en el pago de auxilios póstumos y una investigación del Ministerio Público sobre la asociación. Registros públicos consultados por eP Investiga en la SAT muestran, además, que Reyes Lee figura como representante legal activo de ANAPEP.
