Una auditoría social de Acción Ciudadana documentó que Fabricación y Distribuciones My Office, S.A., cuya representante legal es Bany Paula Patricia Mejía Siliezar –hija del diputado por Chimaltenango, Maynor Gabriel Mejía Popol–, acumula más de Q675 mil en compras públicas de baja cuantía en 23 municipalidades del país.
El hallazgo de Acción Ciudadana no es solo por el parentesco con el diputado, sino por el cargo público que ejerció la propia representante legal.
Mejía Siliezar fue nombrada representante legal de My Office S.A. según el portal electrónico de Guatecompras el 4 de febrero de 2021.
Poco más de un año después, en marzo de 2022, asumió la gerencia general del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), la entidad que administra las pensiones y prestaciones de los trabajadores de 339 de las 340 municipalidades del país.
En este cargo se mantuvo hasta enero de 2024, percibiendo Q1.26 millones en salarios, bonos y dietas, según reportó en su momento Prensa Comunitaria.

Ese mismo año, Mejía Siliezar fue contratada bajo el renglón 029 del 2 de mayo al 31 de diciembre por Q140 mil (Q17 mil 500 mensuales).
A partir de 2022 la empresa despegó como proveedora activa de las municipalidades. Durante su gestión, My Office S.A. cerró 31 ventas con entidades del Estado por alrededor de Q260 mil.
Lo que dice la ley
La auditoría subraya que esta simultaneidad no es solo éticamente cuestionable, sino que colisiona con prohibiciones expresas del ordenamiento vigente.
El artículo 19 de la Ley de Probidad prohíbe a los funcionarios públicos representar a personas jurídicas que sean proveedoras de la administración pública, y recibir beneficios de contratos que celebren las municipalidades.
Mientras que el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe a los funcionarios contratar con el Estado durante el ejercicio del cargo, prohibición que se extiende a las sociedades en las que el funcionario tenga más del 5 por ciento del capital.
Compras fraccionadas, municipio por municipio
El segundo hallazgo de la auditoría es un patrón de fraccionamiento: en lugar de una compra anual consolidada de mobiliario, la cual superaría el umbral de cotización y obligaría a un concurso, las comunas hacen pequeñas compras de mobiliario para evitar los procesos establecidos en la ley.
Las municipalidades adquieren piezas sueltas, factura por factura, mes tras mes, al mismo proveedor. El patrón es más marcado en dos municipios: Olintepeque, Quetzaltenango (al menos 18 compras entre 2022 y 2026) y San Martín Jilotepeque, Chimaltenango (al menos 9 compras entre 2023 y 2026).
La auditoría precisa que la determinación formal del fraccionamiento, tipificado en el artículo 81 de la misma ley y sancionable con una multa del 5 por ciento sobre el funcionario que autoriza las compras, requiere que la Contraloría General de Cuentas audite el gasto total en mobiliario de cada municipalidad por cuatrimestre. Lo que el análisis documenta es el indicio que amerita esa revisión.
Una familia proveedora del Estado
La actividad de My Office S.A. no comenzó en 2022. La auditoría reconstruyó una sucesión de identidades legales que opera en el mismo giro comercial desde al menos 2015.

Antes de la sociedad anónima, William Eduardo López Gómez, hermano de la madre de dos de los hijos de Mejía Popol, facturó Q1.32 millones al Estado como comerciante individual, bajo los nombres comerciales «Industria de Muebles Mejía y López» y «My Office», entre 2015 y 2021.
Su actividad cayó drásticamente justo cuando la sociedad anónima se constituyó y arrancó operaciones.
A la red se suma la otra representante legal de My Office S.A., Ruth Aracely López Gómez, madre de dos de los hijos de Mejía Popol, quien opera además como comerciante individual bajo el nombre «Distribuidora Guatemalteca», con adjudicaciones que suman casi Q69 millones entre 2009 y 2023.
La auditoría documenta, además, que al menos un hermano del diputado Mejía ha sido proveedor de distintas instituciones del Estado, Emerson Estuardo Mejía Popol registra Q2.2 millones en compras de municipalidades entre 2010 y 2023.
La auditoría formula recomendaciones a varias instituciones. A la Contraloría General de Cuentas le pide auditar el gasto en mobiliario de Olintepeque y San Martín Jilotepeque para determinar si hubo fraccionamiento, y obtener del Registro Mercantil la escritura de constitución de My Office S.A. para establecer la participación accionaria de Mejía Siliezar. Y plantea que el Ministerio Público dé seguimiento al posible conflicto de interés documentado.
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