Aunque con diferentes grados de exposición, según países y regiones, el crimen organizado representa una de las principales amenazas a la democracia en Latinoamérica y el Caribe, y es fuente de tensiones e inseguridad internacional. El propósito de las organizaciones criminales no es sustituir el Estado nacional sino medrar de sus debilidades y para el propósito de asegurar sus capitales (económicos, políticos y sociales), uno de sus objetivos estratégicos es reducir la eficiencia del Estado de Derecho y neutralizar los nuevos instrumentos de lucha contra la corrupción y el crimen, basados en la cooperación internacional. En países con instituciones democráticas frágiles las redes criminales infectan las relaciones políticas, la integridad económica, la convivencia social y las relaciones internacionales.