_{Foto: Carlos Alonzo}

Según los registros de Guatecompras, la Dirección de Análisis Criminal ha adjudicado contratos que suman al menos Q10 millones 458 mil 777.02 en cinco eventos.

Entre estos destaca la adquisición de herramientas de última generación como Maltego Pro, un programa desarrollado por la empresa sudafricana Paterva, ampliamente reconocido en los campos de minería de datos y análisis de redes. Este es capaz de rastrear relaciones complejas entre individuos, organizaciones, direcciones IP, dominios web y cuentas en redes sociales como X. 

Su sistema permite obtener datos públicos en tiempo real desde diversas fuentes abiertas (OSINT), interconectarlos y representarlos visualmente en mapas de relaciones, facilitando la detección de vínculos ocultos y patrones de actividad criminal. Esta herramienta es utilizada a nivel internacional por agencias de inteligencia, unidades de delitos financieros, cuerpos policiales y periodistas de investigación para destapar redes de fraude, corrupción, lavado de dinero y operaciones clandestinas.

Otra de las adquisiciones relevantes del MP es X1 Social Discovery, un software estadounidense especializado en la recolección, preservación y análisis de evidencia digital proveniente de redes sociales.

Este programa permite capturar publicaciones, imágenes, videos y comentarios de plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, X y TikTok, garantizando que toda la información se recoja con respaldo forense válido para procesos judiciales. 

A diferencia de simples capturas de pantalla, X1 Social Discovery preserva metadatos clave (fechas, ubicaciones, dispositivos de publicación) y genera hashes digitales, asegurando la integridad de la evidencia. Es una herramienta ampliamente utilizada en litigios electrónicos, auditorías corporativas e investigaciones criminales donde las redes sociales son el epicentro del delito. En manos del MP, este programa debería permitir búsquedas avanzadas en enormes volúmenes de datos, organización rigurosa de las pruebas y apoyo robusto a los fiscales encargados de casos digitales que van más allá de simples capturas de pantalla.

Complementando este ecosistema de software, también se encuentra la adquisición de VMware Workstation Pro, una plataforma de virtualización desarrollada por VMware Inc., que permite al MP crear máquinas virtuales independientes dentro de un solo equipo físico.

Según los desarrolladores, esta tecnología funciona para construir entornos seguros donde se pueden ejecutar análisis forenses, pruebas de malware y simulaciones de ciberataques sin comprometer los sistemas oficiales. VMware es ampliamente adoptado por equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos, investigadores académicos en seguridad informática y agencias gubernamentales de alto nivel, gracias a su capacidad para replicar dispositivos incautados y establecer redes virtuales personalizadas.

Con este software, el MP puede analizar dispositivos confiscados, rastrear flujos de datos y realizar pruebas avanzadas de hacking ético, como lo demuestran las contrataciones por Q89 mil 400 y Q79 mil 400 mil en capacitaciones para el personal especializado.

El valor agregado de estas herramientas no solo reside en sus funciones, sino en que, combinadas, dotan al MP de una arquitectura integral para abordar el cibercrimen: desde la recolección y aseguramiento de evidencia digital, pasando por el análisis avanzado de relaciones criminales, hasta la ejecución de pruebas en entornos controlados.

El Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Análisis Criminal, emitido en noviembre de 2022, detalla los procesos que deben seguirse en los distintos departamentos del MP.

El apartado 6.6, dedicado al departamento de Análisis de Delitos Informáticos y Cibercrimen, establece responsabilidades como el análisis en redes sociales y plataformas digitales, la extracción de información de dispositivos electrónicos, la identificación de personas en fuentes abiertas y la elaboración de informes formales de hallazgos y avances. Además, incluye lineamientos para la asesoría técnica a fiscales y el manejo de solicitudes a proveedores de servicios. Estos procedimientos buscan garantizar que el uso de herramientas tecnológicas cumpla con estándares de calidad y rigor institucional.

Sin embargo, a pesar de estas inversiones millonarias y procedimientos, el MP ha sido incapaz de avanzar en uno de los casos digitales más polémicos y visibles de los últimos años como la cuenta llamada Yes Máster.

Esta cuenta anónima de X, considerada como la “madre” de centenas de otras,  ha sido denunciada por publicar amenazas contra jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos, así como por anunciar allanamientos antes de su ejecución y participar en campañas de desinformación reconocidas por la Unión Europea.

En enero de 2024, el magistrado suplente Rony López denunció públicamente a Yes Máster tras recibir amenazas sobre su ubicación, solicitando al MP la designación de un fiscal especial. Sin embargo, la institución rechazó la petición. A pesar de que la jueza Séptima Penal ordenó reabrir la investigación para rastrear posibles nexos con el crimen organizado, hasta la fecha no se han reportado avances significativos.

El estancamiento en este caso revela que mientras el MP ha adquirido herramientas capaces de rastrear actores digitales complejos y recolectar evidencia con validez forense, en la práctica sigue dependiendo de capturas de pantalla como principal recurso probatorio en muchos casos, sin explotar plenamente las capacidades de software como Maltego o X1 Social Discovery.

Esta limitación se repite en investigaciones de filtraciones de imágenes íntimas, ataques digitales o estafas de phishing por WhatsApp, donde los expedientes se estancan por falta de análisis técnico real.

Por otro lado, el MP ha presentado como pruebas de casos como el denominado Toma USAC, Botín Político, capturas de pantalla sin informes especializados que podrían incluso revelar ubicaciones y tiempo de las publicaciones que podrían realizar con este software sofisticado.

Consultado sobre los resultados tangibles derivados de estas inversiones, el Ministerio Público respondió que el Departamento de Análisis de Delitos Informáticos y Cibercrimen, adscrito a la Dirección de Análisis Criminal, ha fortalecido su capacidad técnica desde 2021 gracias al uso de herramientas especializadas y la formación de su personal en análisis forense digital avanzado, bajo la certificación en Certified Ethical Hacking. “Estas herramientas y la especialización del personal han permitido optimizar los procesos de obtención y análisis de información relevante en un número creciente de investigaciones”, sostuvo la institución. Aunque el MP se negó a proporcionar detalles de casos o fiscalías involucradas alegando el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, informó que “sólo en el último año la DAC ha realizado por medio del Departamento de Análisis de Delitos Informáticos y Cibercrimen, aproximadamente 220 informes de análisis relacionados a casos de delitos informáticos y cibernéticos”.

El abogado y exsecretario privado del Ministerio Público, Javier Monterroso, consultado para este reportaje, opina que el problema no está en los recursos ni en la capacitación técnica: “el MP tuvo un fortalecimiento financiero muy grande durante la época de Alejandro Giammattei y, sobre todo, Consuelo Porras ha sido la fiscal que más recursos se le han dado en toda la historia del país”. En su análisis, el presupuesto, los equipos y la formación técnica existen desde hace años, y el hecho de que ciertos casos no se investiguen “no se refiere a un tema de presupuesto, de equipos, sino más a un problema de voluntad política”.

Monterroso sostiene que el Ministerio Público “ha protegido a los famosos netcenters y que tiene no sólo protección sino vínculos con ellos”, especialmente porque “muchas veces estos net centers presentan, antes de que el Organismo Judicial lo sepa, antes de que el Ministerio Público lo anuncie, ya tienen ellos información sobre casos”. Desde su perspectiva, esta dinámica apunta a una estrategia institucional “para procurar impunidad a ciertos sectores”, lo cual explicaría la inacción frente a casos como Yes Máster, a pesar de contar con software de rastreo, monitoreo de redes sociales y herramientas forenses.

Respecto a los riesgos de mal uso de esta tecnología, Monterroso subraya que la actual administración “del Ministerio Público no se puede esperar nada”, y que el verdadero control debería recaer en los jueces de primera instancia, a quienes la doctrina llama “jueces de garantías”. Pero advierte que estos jueces “no están cumpliendo con su labor y se están prestando a autorizar lo que el Ministerio Público les pide”. Esta falta de controles judiciales sólidos, combinada con el poder tecnológico del MP, representa, a su juicio, un riesgo para derechos fundamentales en contextos de persecución política.

Además, Monterroso sostiene que la impunidad en casos como el de Yes Máster y otros netcenters refleja una falta de acción deliberada: “el Ministerio Público sí tiene herramientas para perseguir algunos de estos delitos”. Según el exfuncionario, conductas como coacción, amenazas, violencia contra la mujer, discriminación o filtración de información reservada ya están tipificadas en la legislación guatemalteca, y podrían ser investigadas de oficio. “Podríamos ver también algunas coacciones y amenazas (…) incluso coludidos con ellos, para adelantar órdenes de captura, para adelantar acciones del mismo Ministerio Público”, señaló. También mencionó que delitos recientes como el sexting o el acoso digital a menores, ya incluidos en reformas legales, siguen sin recibir una respuesta estructurada por parte del MP.