El partido Cabal celebró el pasado fin de semana  asamblea nacional, en la que eligieron como su nuevo secretario general al diputado Luis Aguirre e integraron a sus filas al precandidato presidencial Roberto Arzú y otras personalidades políticas como los diputados Carolina Orellana, Herman Echeverría y Esduín Jerson Javier.

Durante la actividad que se desarrolló en un hotel de la zona 4 capitalina, los afiliados de Cabal también confirmaron la reelección de Carlos Estuardo Carranza Castillo como integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quien volverá a desempeñarse como secretario de Acción Política.

La continuidad de Carlos Carranza dentro del Comité Ejecutivo de Cabal no está exenta de controversia, pues una investigación realizada de eP Investiga reveló que el dirigente político se encuentra involucrado en un caso de usurpación de una vivienda que pertenece a un adulto mayor. Carranza ha sido protegido por una red político-judicial coordinada por diputados de su agrupación política que le ha permitido mantener la posesión del inmueble pese a los reclamos legales del legítimo propietario.

De acuerdo con documentos judiciales, Carranza ocupa la casa 18 del condominio Bristol en Mixco como inquilino, pero se niega a desocupar y no ha pagado la renta mensual de Q5 mil ni la cuota de mantenimiento del condominio desde octubre de 2021. La deuda acumulada se aproxima a los Q400 mil.

La investigación también detalla que Carranza, quien es cercano y opera políticamente para el diputado Luis Aguirre, ha logrado postergar la ejecución de la orden de desalojo en casi 60 oportunidades. Pese a los reiterados señalamientos y a la documentación judicial que respalda el reclamo del verdadero propietario, el caso se mantiene en la impunidad.

Un partido plagado de figuras altamente cuestionables

La reelección de Carranza ocurre mientras Cabal incorpora a sus filas a figuras políticas con historiales polémicos y señalamientos judiciales que refuerzan la imagen de una agrupación similar al Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Efraín Ríos Montt o al partido Unión del Cambio Nacional (UCN) de Mario Estrada.

Por ejemplo, el año pasado, Luis Aguirre entregó un reconocimiento en las instalaciones del Congreso a José Manuel López Morales, conocido como “Che Manuel”, un personaje que en 2018 fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Según los expedientes judiciales de ese país, López Morales fungió como conexión en Chiquimula entre el cartel hondureño Valle Valle y el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A la asamblea también asistió el diputado Esduin Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres”, quien consolidó su carrera política como alcalde de Ipala, Chiquimula. Desde hace más de una década, ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Javier fue señalado de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, conocida como “Los Ipala”, motivo por el cual en 2021 se presentó una solicitud de antejuicio en su contra. Sin embargo, el proceso nunca avanzó a una resolución que permitiera investigarlo.

El hoy exalcalde recuperó inmunidad en 2023, cuando fue electo diputado por Chiquimula con el partido Cambio, y recientemente se integró a las filas de Cabal, donde su presencia refuerza el perfil de un grupo político rodeado de figuras con antecedentes controvertidos.

También participó en la actividad partidaria la diputada Carolina Orellana, representante de Zacapa, a quien se le vincula extraoficialmente con narcotraficantes de esa región. La congresista, quien actualmente integra la bancada Vamos, resultó ilesa de un supuesto atentado contra su comitiva ocurrido el pasado 4 de abril, en la ruta de La Unión a Gualán, Zacapa. A la fecha se desconocen los detalles del hecho.

En la misma asamblea, Cabal anunció que su nuevo secretario de Organización Política es el exdiputado Selvin García, acusado por la CICIG de haber participado en la creación de plazas fantasma en el Congreso de la República durante su paso por la Junta Directiva presidida por Luis Rabbé en 2015. Por ese caso, García fue detenido en marzo de 2015, señalado de beneficiarse de contrataciones irregulares en la planilla legislativa.

Asimismo, fue electo como secretario de Asuntos Profesionales Luis Enrique Monterroso de León, quien se desempeñó como ministro de Salud Pública y Asistencia Social durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Monterroso fue investigado por la CICIG por supuestamente recibir regalos y dádivas de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y colaborador eficaz en los casos de corrupción del binomio presidencial.

También fue designado como suplente VI del Comité Ejecutivo Nacional el diputado Julio César López Escobar, hijo del excongresista Julio César López Villatoro, quien fue procesado por la CICIG por la creación de plazas fantasma en el Congreso. López Escobar, además, es sobrino de Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”, exesposo de Zury Ríos y acusado por la CICIG de manipular la elección de cortes de justicia mediante influencias y pactos con magistrados y políticos. Aunque fue procesado judicialmente, su caso fue cerrado y quedó en la impunidad.

Entre los asistentes también destacó la presencia de Salvador Gándara, exalcalde de Villa Nueva y exministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom. Gándara fue procesado por el Ministerio Público (MP) y la CICIG por los delitos de fraude, concusión, conspiración para el fraude y conspiración para la concusión, por su presunta participación en hechos delictivos vinculados a negociaciones ilícitas con ONG’s en el caso de la remodelación de la cárcel Fraijanes II. Su aparición en la asamblea refuerza el perfil de una organización que agrupa a políticos con expedientes judiciales abiertos o con antecedentes de corrupción e impunidad.

Entre los asistentes también destacó la presencia de Salvador Gándara, exalcalde de Villa Nueva y exministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom. Gándara fue procesado por el Ministerio Público (MP) y la CICIG por los delitos de fraude, concusión, conspiración para el fraude y conspiración para la concusión, debido a su presunta participación en hechos delictivos vinculados a negociaciones ilícitas con ONG’s en el caso de la remodelación de la cárcel Fraijanes II. Su aparición en la asamblea refuerza el perfil de una organización que agrupa a políticos con expedientes judiciales abiertos o con antecedentes de corrupción.

En diversas redes sociales también se documentó que a la actividad política asistió Luis Emilio Bernard Estrada, hijo del actual gobernador del departamento de Guatemala, Mauricio Bernard Alvarado. El hijo del funcionario fue procesado en Costa Rica durante la pandemia del COVID-19 por el delito de legitimación de capitales, que en Guatemala equivale al delito de lavado de dinero.

Finalmente, en la misma actividad de Cabal también participó Brian Mauricio Corado Cerón, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Mauricio Corado Campos. Su asistencia refuerza las supuestas vinculaciones entre el partido y actores del sistema judicial, y evidencia la influencia de Luis Aguirre y Carlos Estuardo Carranza dentro de esa red político-judicial que les ha permitido operar con impunidad en el caso de la vivienda del condominio Bristol, y mantener a salvo a los dirigentes de Cabal de cualquier consecuencia legal.

Nota de Redacción:

Posterior a la publicación de esta investigación, la familia afectada presentó una denuncia penal contra la persona que se presentó como su abogado, señalándolo de haberles entregado durante tres años resoluciones judiciales y administrativas falsas. Esta información da un nuevo giro al caso y fue desarrollada en una investigación posterior: https://epinvestiga.com/investigacion/propietario-de-vivienda-ocupada-ilegalmente-por-dirigente-de-cabal-denuncia-a-supuesto-abogado-por-falsificar-resoluciones-judiciales/