Según los registros del portal Guatecompras, solo en 2026 La Botica acumula 1,199 adjudicaciones otorgadas por el IGSS y el MSPAS, por un monto total de Q204 millones 397 mil 334.78. En 2025, la farmacéutica recibió 974 adjudicaciones, las cuales sumaron Q75 millones 643 mil 540.59, a pesar de su cierre temporal.
El IGSS le otorgó a la farmacéutica un contrato por un monto que supera los Q130 millones para el suministro de 1 millón 320 mil 560 tabletas de raltegravir de 400 miligramos, un medicamento utilizado para el tratamiento de infecciones por VIH.
Además, entre los contratos adjudicados por el IGSS durante este año figuran varias compras fraccionadas para la adquisición de medicamentos utilizados en tratamientos especializados.
En Guatecompras está el registro de que el IGSS le adjudicó a La Botica 117 eventos en forma fraccionada para la adquisición de trastuzumab en polvo, que se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer, cada uno por Q71 mil 035.04, lo que suma Q8.3 millones.
El IGSS también adjudicó a La Botica 13 contratos para la adquisición de raltegravir en tabletas de 400 miligramos, medicamento destinado al Hospital del Seguro Social en Quetzaltenango. Estas adquisiciones fueron por Q89 mil 100 cada una, es decir, un total de Q1 millón 158 mil 300.
Los registros de Guatecompras también muestran varias adjudicaciones otorgadas por el MSPAS a La Botica durante 2026. Estas contrataciones se producen después de que en 2025 la cartera de Salud ordenara un cierre temporal de la empresa tras señalar irregularidades relacionadas con transacciones sospechosas y cuestionamientos por los precios de medicamentos durante la pandemia.
El cierre temporal
La farmacéutica La Botica permaneció bajo cierre temporal durante aproximadamente dos meses y medio, luego de que el MSPAS ordenara la suspensión de sus operaciones el 9 de mayo de 2025.
La medida incluyó la suspensión de la licencia sanitaria del establecimiento, el retiro del mercado del medicamento Remdac (remdesivir) y la prohibición de su comercialización mientras permanecieran vigentes las disposiciones administrativas.
Según información oficial del MSPAS, las medidas preventivas fueron levantadas el 25 de julio de 2025, tras lo cual la empresa quedó nuevamente habilitada para operar. Posteriormente, el 28 de julio, el IGSS notificó a sus unidades que podían reanudar la recepción de medicamentos suministrados por La Botica, con base en la resolución emitida por la cartera de Salud.
El vínculo con Miguel Martínez
La Botica es propiedad de Sara María Batres Gil, Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias “El Cuto”, y Francisco José Valdés Alvarado.
Ponce Fernández y Valdés Alvarado han sido identificados como personas cercanas a Miguel Martínez, exfuncionario durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ambos también figuran entre los financistas de la campaña presidencial de Giammattei.
La empresa fue fundada en 2013 y dos años después comenzó a vender medicamentos al Estado. Sin embargo, fue durante el gobierno de Giammattei, a partir de 2020, cuando comenzó a recibir contratos millonarios, principalmente del IGSS y, en menor medida, del MSPAS.
En febrero de 2021, el medio elPeriódico publicó una fotografía en la que aparecen Giammattei, Miguel Martínez y Ponce Fernández durante la celebración de la boda de este último.
Investigaciones
La Botica también es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público (MP). Según publicaciones de La Hora, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) presentó denuncias contra la empresa por transacciones sospechosas que son investigadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Los reportes fueron presentados debido a movimientos financieros millonarios que, según la IVE, no corresponderían con el perfil de la empresa. La investigación se remonta a junio de 2024.
Además, el MP informó a eP Investiga que la Fiscalía Contra la Corrupción también desarrolla diligencias relacionadas con La Botica. La institución indicó que ampliará información conforme avancen las pesquisas.
Medicina amarga para el Estado
Una investigación de Ciclos CAP publicada por eP Investiga en noviembre de 2024 demostró que al menos nueve grandes farmacéuticas siguieron vendiéndole medicamentos al Estado pese a haber sido señaladas por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP en casos de corrupción.
Desde que sus propietarios o representantes legales fueron señalados por corrupción al cierre de la investigación, las empresas habían recibido unos Q1,039 millones (US$120 millones) del Estado, previo a los procesos penales, sus ventas ascendían a Q926.60 millones (US$110 millones).
Solo la Droguería Colón señalada en el caso denominado “Negociantes de la Salud”, había facturado más de Q104.19 millones (alrededor de US$13 millones) desde que se reveló el caso en su contra hasta el cierre de la investigación.
