Los rumores alrededor de las razones por las cuales el Ministerio Público inició el proceso de extinción de dominio de ocho propiedades vinculadas a Luis Miguel Martínez Morales, exjefe del centro de Gobierno durante el gobierno de Alejandro Giammattei, varían de acuerdo a las fuentes que se consulten.

Sin embargo, hay dos versiones que se escuchan con más frecuencia alrededor del cambio de actuar del Ministerio Público de Consuelo Porras. Una de estas tiene relación con el exdiputado José Armando Ubico Aguilar, condenado en Estados Unidos a 18 años de prisión por narcotráfico.

Ubico, según las fuentes consultadas, estaría colaborando activamente con el gobierno estadounidense para llevar ante la justicia a otros funcionarios corruptos, entre ellos podría estar Luis Miguel Martínez Morales, a quién ahora el Ministerio Público de Consuelo Porras busca investigar por la adquisición de al menos ocho propiedades que habrían sido adquiridas con dinero sobre el cual no se podría demostrar su origen lícito.

Asiduo visitante de Casa Presidencial

ePInvestiga consultó con varias fuentes quienes señalan que Ubico pasaba días enteros en la Casa Presidencial en compañía de Luis Miguel Martínez y Alejandro Giammattei. Esto fue confirmado por miembros del personal de la Casa Presidencial, quienes veían como Ubico se movilizaba por el lugar como un inquilino más.

En su declaración de culpabilidad, Ubico aceptó su papel en la conspiración para enviar drogas a Estados Unidos, incluida la transmisión de información relacionada con las drogas y el pago en dólares a otro funcionario guatemalteco en nombre de un narcotraficante internacional.

Las fuentes consultadas que pidieron no ser citadas para evitar posibles represalias, manifestaron que ante una posible solicitud de extradición, el Ministerio Público de Consuelo Porras habría tomado la decisión de “lavarse la cara” ante la justicia estadounidense y por eso decidieron actuar en este momento, solicitando las medidas cautelares en el caso de ocho propiedades que tendrían un valor de Q10 millones y de esta forma justificar que estaban actuando ante una persona a la que Estados Unidos sancionó hace más de un año por sus vínculos con la corrupción. 

Iniciar un proceso en el país, implica que Martínez deba ser juzgado antes en el país, tal es el caso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien afronta diversos procesos en Guatemala, razón por la que no ha sido extraditada a Estados Unidos.

Martínez ha intentado desde septiembre del año pasado sin éxito ser eliminado de la lista de corruptos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sin embargo, en dos ocasiones, el Departamento del Tesoro le ha reiterado que no será excluido debido a que no ha cumplido con responder a las preguntas que le han planteado, por su parte Martínez se ha defendido argumentando que el Ministerio Público de Guatemala no tiene ninguna investigación abierta en su contra por casos de corrupción.

Constructores y agentes de las fuerzas de seguridad

Durante la administración de Giammattei, Ubico también forjó alianzas con algunos constructores, según explicó a ePinvestiga una fuente vinculada al ex legislador. El diputado de Todos habría ayudado a varios constructores a obtener contratos gracias a  su cercanía con Martínez y Giammattei, lo cual le permitía obtener adjudicaciones a dedo para sus amigos.

Entre ellos, según denunciaron en su momento los diputados del partido VOS, se encuentran las empresas CEBCO y Grupo Comovisa, ambas vinculadas a Mario Alejandro Ceballos Sosa, quien ha negado su cercanía con Ubico, pero cuyas empresas obtuvieron millones en contratos con la administración de Giammattei, quien calificaba a Ubico como un “amigo y aliado”. Ceballos recibió más de Q400 millones en proyectos durante el Gobierno de Giammattei. Se registran además contratos en la municipalidad de Antigua Guatemala, controlada por Ubico y su familia.

En los documentos relacionados con el caso de Ubico, también se menciona a un “primo” quién habría trabajado en las fuerzas de seguridad y habría ayudado a Ubico a alejar los patrullajes que se hacían de los lugares en donde aterrizaban las aeronaves cargadas de droga, además de brindar en algunos momentos seguridad a los cargamentos.

Sobre esto, además del primo que se menciona, también podrían estar involucrados altos mandos de las fuerzas de seguridad de ese entonces, sin embargo, será hasta que las autoridades estadounidenses pidan extradiciones, cuando se conocerá cuál fue el grado de colaboración de Ubico y a cuántos colaboradores delató.

En Guatemala, el Ministerio Público de Consuelo Porras no realizó investigaciones ni contra Ubico, ni contra personas cercanas a éste, de hecho, según publicó Prensa Libre, pese a que un testigo de una estructura de narcotráfico conocida como Los Espartanos, declaró sobre el papel que desempeñaba dentro de la estructura un “diputado de Sacatepéquez” de apellido “Ubico”, así como la colaboración de personal del Ejército y de la Policía en la estructura, el MP no investigó nada alrededor de estas declaraciones.

Cercano a militares y a Jimmy Morales

El exdiputado del partido Todos sostuvo también una estrecha relación con varios exministros, tanto del Gobierno de Alejandro Giammattei como el de Jimmy Morales.

El exministro de la Defensa, Henry Reyes Chigua, quien lo condecoró con la Orden Monja Blanca, es uno de estos. Diversas fotos públicas en redes sociales, los muestran compartiendo en actividades del Ejército. Ubico fue presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República desde 2017 hasta 2023.

Según la declaración de narcotraficantes que delataron a Ubico, este apoyaba en el aterrizaje de aeronaves cargadas de droga y ayudaba a que no hubiera autoridad cerca de las pistas. Se desconoce si el Ejército que tiene control sobre los radares, colaboraba también con Ubico, pero sus declaraciones a los fiscales podrían dilucidar si se involucraron también elementos castrenses en el trasiego de drogas.

La actividad de Ubico abarcó, según los fiscales estadounidenses, al menos desde 2018, es decir durante el Gobierno de Jimmy Morales. Aunque hasta el momento ni el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart ni Morales han sido mencionados dentro del caso de narcotráfico de Ubico, dos fuentes ajenas entre sí, aseguraron a ePinvestiga que el exlegislador era un asiduo visitante de Casa Presidencial durante la administración de Morales. Aseguran que se realizaban fiestas hasta altas horas de la noche, en las cuales participaba Ana María Cerritos, con quién Morales tiene un hijo fuera del matrimonio y quien era cantante al igual que Ubico en su juventud, cuando ambos se conocieron.

Los hermanos de Ubico fueron contratados en distintas instituciones del Organismo Ejecutivo durante la administración de Morales, entre ellos, Diego Alejandro, quien fungió como asesor de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y posteriormente la ex canciller Sandra Jovel lo nombró como cónsul en la embajada de Japón. 

También Álvaro Davíd fue contratado primero como asesor y después como director técnico del Fondo de Desarrollo de la Telefonía del Ministerio de Comunicaciones.

La abogada que ayudó a reducir la condena a Chacón 

Ubico, quien según las investigaciones recibía pagos de los narcotraficantes de entre US$40 mil y US$50 mil por cargamento, contrató como su abogada a la exfiscal estrella Bonnie Klapper, quien con anterioridad representó legalmente a Marllory Chacón Rossell, la célebre Reina del Sur. Klapper contribuyó a encarcelar a grandes narcotraficantes de la región. Chacón trasegó decenas de toneladas de cocaína además de ayudar a lavar millones de dólares de dinero proveniente del narcotráfico.

Klapper ayudó a Chacón a reducir su condena, luego de negociar con la justicia estadounidense su colaboración para que varios grandes narcotraficantes sobre los que ésta tenía información, fueran detenidos y condenados. 

Fuentes consultadas, señalaron que el mismo papel que tuvo Klapper con Chacón podría estar teniendo ahora con Ubico, ya que al contar con información sustancial y compartirla con el gobierno estadounidense, podría ayudarlo a reducir su condena.

Aún fuera de una prisión federal

Ubico, según la información del Buró Federal de Prisiones (BOP) por sus siglas en inglés, no se encuentra en custodia de estos y hasta el momento no hay tampoco información disponible sobre cuándo será liberado, como sucede con otros reos condenados, como el caso de Mario Estrada, que muestra la prisión en la que está recluido y la fecha en la que será puesto en libertad.

Según la instrucción de la Corte Federal, Ubico quedó bajo la custodia de un alguacil de los Estados Unidos. Esto, según un abogado defensor de extraditables consultado, sucede regularmente cuando los acusados brindan colaboración a la justicia estadounidense y se encuentran bajo un programa de protección a testigos mientras cumplen con el papel de explicar, detallar, y aclarar toda la información con que cuentan a los fiscales.

En esta misma situación permanece Walter Arelio Montejo Mérida alias El Zope, perteneciente al cártel de Los Huistas, extraditado en junio de 2012 y sobre quien continúan sin aparecer sus datos en el sistema de prisiones.

Montejo, quien ha testificado en varios casos tanto de narcotraficantes guatemaltecos como hondureños y mexicanos, y lo continúan llamando a declarar.