La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria marcó un cambio importante en la forma en que el gobierno de Guatemala puede contratar proyectos carreteros. El Decreto 29-2024 incorporó el artículo 95, una disposición que creó la denominada “Modalidad Especial de Licitación por Emergencia”, un mecanismo que permite a las autoridades adjudicar obras de infraestructura vial mediante procedimientos acelerados y con participación limitada de empresas previamente invitadas por las autoridades.
La normativa fue impulsada bajo el argumento de atender con rapidez el deterioro de la red vial nacional y responder a situaciones consideradas de emergencia. Sin embargo, desde sus primeras aplicaciones comenzaron a surgir cuestionamientos debido a que varias de las constructoras beneficiadas mantienen antecedentes de señalamientos por corrupción, financiamiento electoral ilícito o vínculos con redes empresariales históricamente favorecidas por contratos de obra pública.
El mecanismo establecido en el artículo 95 permite reducir considerablemente los tiempos administrativos. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) puede adjudicar proyectos millonarios en pocos días, siempre que exista un informe técnico que justifique la emergencia vial, sin embargo este sistema reduce los controles y limita la competencia abierta, ya que únicamente participan empresas seleccionadas previamente por las autoridades del CIV.
Los primeros contratos: Progeyco y Mavico
El 4 de marzo fueron adjudicados los dos primeros contratos bajo la Modalidad Especial de Licitación por Emergencia. Las adjudicaciones beneficiaron a las constructoras Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco) y Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico), dos empresas vinculadas con estructuras empresariales señaladas en investigaciones de corrupción y financiamiento político ilícito.
Progeyco recibió Q100.5 millones para intervenir 22.7 kilómetros de la ruta CA-01 Oriente, entre el desvío hacia Fraijanes, Santa Elena Barillas y Pueblo Nuevo Viñas. El proyecto contempla trabajos de recuperación de la carretera, estabilización de la base y colocación de mezcla asfáltica.
La adjudicación generó controversia debido a los vínculos de Juan Pablo Monzón Woc, representante legal de Progeyco con Juan Pablo Mansilla Morales, empresario relacionado con investigaciones por financiamiento electoral ilícito y defraudación tributaria en el caso B410.
Ese mismo día, Covial adjudicó otro contrato por Q105.7 millones a Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico) para realizar trabajos de mantenimiento en 27 kilómetros de la CA-01 Occidente, entre Totonicapán y Quetzaltenango. El proyecto incluye recuperación de pavimento, remoción de derrumbes, señalización y colocación de mezcla asfáltica.
Mavico ha sido vinculada con los hermanos Otto Vinicio y José Guillermo Samayoa Soria, empresarios señalados en el caso “Construcción y Corrupción”, una investigación desarrollada por la FECI y la extinta CICIG sobre supuestos sobornos entregados al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi durante el gobierno del Partido Patriota. Según las investigaciones, constructoras relacionadas con los Samayoa habrían pagado comisiones ilícitas a cambio de contratos de obra pública.
Multiservicios Gran Jaguar y S.I.C.A.
Dos días después, el 6 de marzo, fue adjudicado un tercer contrato bajo esta modalidad a la empresa Multiservicios Gran Jaguar, S.A. por un monto de Q84.5 millones. El proyecto consiste en el mantenimiento vial de 19.88 kilómetros en Santa Rosa, específicamente en la ruta CA-02-Oriente-03, tramo Puente El Jobo km 94+400-RD-SRO-05, Taxisco, y en la ruta CA-02-Oriente-04, tramo bifurcación RD-SRO-05, Taxisco-bifurcación RN-16, desvío Chiquimulilla.
Posteriormente, el 16 de marzo, Covial volvió a utilizar la Modalidad Especial de Licitación por Emergencia para adjudicar un contrato de Q105.2 millones a la empresa S.I.C.A., propiedad de Jorge Félix Alejandro Valladares. El proyecto contempla trabajos de mantenimiento vial en 26.6 kilómetros de Baja Verapaz, específicamente en la Ruta CA-14-02, tramo bifurcación RN-17, La Cumbre-desvío Chaguité, y Ruta CA-14-03-A, tramo Niño Perdido-bifurcación RN-17, La Cumbre.
Los contratos adjudicados a Gipsa y Ciansa
El 19 de marzo se otorgaron otros dos contratos bajo el mismo mecanismo a las constructoras Grupo Internacional de Proyectos, S.A. (Gipsa) y Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa), compañías que también arrastran antecedentes de señalamientos y cuestionamientos relacionados con la contratación pública.
El contrato más alto de esa jornada fue otorgado a Ciansa, que recibió Q156.6 millones para intervenir 20.5 kilómetros de la CA-02 Occidente, entre Escuintla y el desvío hacia Siquinalá. El proyecto contempla recuperación de la estructura vial, bacheo profundo, drenajes y colocación de asfalto.
Elfrid Josué Méndez Peláez es el accionista mayoritario de Ciansa. La empresa fue constituida en febrero de 2008 y una nota periodística publicada en Con Criterio reveló que dos empresas offshore constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, a través de la firma Mossack Fonseca, figuran como propietarias de Ciansa; una de ellas, llamada Lashmar, S.A., pertenece a Gustavo Alejos. En una carta de aclaración a Plaza Pública, Méndez confirmó ser el accionista mayoritario de la constructora y aseguró que Alejos no tenía participación como socio en Ciansa.
Por su parte, Gipsa recibió un contrato por Q128.8 millones para ejecutar trabajos de mantenimiento vial en 29.05 kilómetros de la ruta CA-09 Norte-15, específicamente en el tramo Río Hondo-bifurcación RD-ZAC-05, desvío Gualán, entre las estaciones 136+000 y 165+050, en el departamento de Zacapa.
Diversas investigaciones periodísticas vinculan a Gipsa con el empresario Julio Alejandro Quinto Tobar, señalado en estructuras de financiamiento político ilícito y redes de contratistas favorecidas durante el gobierno del Partido Patriota. Registros públicos muestran que la empresa recibió más de Q1,000 millones en contratos estatales desde 2016.
El contrato para rehabilitar el Puente Río Dulce
El 21 de marzo, la Dirección General de Caminos también utilizó el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para entregar un contrato de Q83 millones a la empresa mercantil Diseño Planificación Construcción y Asesoría, propiedad de Alejandro José Lucero Marroquín.
El proyecto consiste en trabajos de rehabilitación del Puente Vehicular Río Dulce, en Livingston, Izabal, específicamente en el tramo comprendido entre la estación 273+979 y la estación 274+839 de la ruta CA-13.
Nuevas adjudicaciones a GSED-Alfa, Tracser y Aleisa
El 26 de marzo, la Modalidad Especial de Licitación por Emergencia volvió a ser utilizada para adjudicar otros tres contratos millonarios a las constructoras GSED-Alfa, S.A., Tracser, S.A. e Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A.
El contrato adjudicado a GSED-Alfa asciende a Q104.1 millones y consiste en ejecutar trabajos de mantenimiento vial en 23.5 kilómetros ubicados entre Quetzaltenango y Huehuetenango. Las obras abarcan distintos tramos de la ruta CA-01 Occidente, incluyendo sectores entre Estancia de la Virgen, el límite departamental entre Totonicapán y Huehuetenango, Ojechejel y la bifurcación RN-09 Norte-06.
La adjudicación vuelve a colocar en el foco a GSED-Alfa debido a investigaciones periodísticas previas sobre sus vínculos con estructuras empresariales relacionadas con el caso “Construcción y Corrupción”. En diciembre de 2019, una investigación de elPeriódico reveló que la constructora fue creada el 20 de junio de 2002 por Guillermo Enrique Anzueto Barrios y Marta Isabel Cano Chan.
La investigación señaló que Guillermo Anzueto había sido anteriormente administrador único y representante legal de Ingeniería Civil e Inversiones, S.A., una sociedad donde figuraban como socios fundadores Otto Vinicio Samayoa Soria y Juan Carlos Santizo Clavería. Ingeniería Civil e Inversiones fue disuelta en abril de 2013, según registros mercantiles.
El reportaje también estableció conexiones entre GSED-Alfa y Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico), empresa que igualmente fue beneficiada con contratos bajo el artículo 95. Según registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el representante legal de GSED-Alfa, Mario Aurelio Meléndez Moreira, tuvo cuotas patronales pagadas por Mavico entre noviembre de 2018 y junio de 2019.
Mario Meléndez también fungió como administrador único y representante legal de Ingeniería Civil e Inversiones, la empresa vinculada a Otto Samayoa. Posteriormente, las cuotas patronales de Meléndez fueron canceladas por Emulsiones y Micropavimentos, S.A. (Emulsa), otra empresa relacionada con contratistas de obra pública.
En el caso de Tracser, la empresa recibió un contrato por Q176.3 millones para ejecutar trabajos de mantenimiento vial en 39.2 kilómetros de la ruta CA-02 Occidente, en el departamento de Quetzaltenango. El proyecto comprende el tramo ubicado entre el kilómetro 198 y el 237+200, incluyendo sectores estratégicos como San Miguelito, Flores Costa Cuca y Coatepeque.
Una investigación publicada recientemente por eP Investiga reveló además que Tracser mantiene conexiones con constructoras relacionadas con el empresario Elfrid Josué Méndez Peláez, identificado como socio del operador político Gustavo Alejos.
Tracser está vinculada al mismo círculo empresarial relacionado con las constructoras Ciansa y 4 Carriles, sociedades anónimas que también han recibido millonarios contratos estatales durante distintos gobiernos. Según la investigación periodística, Elfrid Josué Méndez Peláez figura como accionista mayoritario de Ciansa y también de 4 Carriles, empresa señalada por haber construido una carretera que pasa frente a una finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei en Sacatepéquez.
Las investigaciones también han documentado vínculos históricos entre Gustavo Alejos y estructuras empresariales beneficiadas con contratos públicos. Alejos fue sancionado en 2021 por el gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky por presuntos actos de corrupción y manipulación del sistema de justicia. Además, fue investigado en casos de lavado de dinero, tráfico de influencias y financiamiento político ilícito revelados por la extinta CICIG y el Ministerio Público.
Por su parte, Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A. también recibió una adjudicación millonaria bajo el artículo 95. El contrato asciende a Q132.9 millones y consiste en brindar mantenimiento vial a 34.29 kilómetros de carreteras en Chiquimula. Los trabajos abarcan la ruta CA-10-02, tramo Aldea El Ingeniero-bifurcación Chiquimula; la ruta CA-10-03, tramo bifurcación Chiquimula-Vado Hondo; y la ruta CA-10-04, tramo Vado Hondo-Quezaltepeque.
La constructora Aleisa también ha sido objeto de investigaciones periodísticas por sus vínculos políticos y empresariales. De acuerdo con una publicación de eP Investiga de agosto de 2024, Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A. fue fundada en 2010 por Virginia Isabel González García y Willy Alexander Bran Cortez para prestar servicios de construcción y mantenimiento.
El reportaje también documentó que la empresa mantuvo vínculos con Julio Lainfiesta, exdiputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y actual subsecretario del Consejo Nacional para la Atención del Migrante de Guatemala (Conamigua). Sin embargo, según la investigación, esos vínculos comenzaron a desaparecer en 2020 para dar paso a nuevas conexiones con personas cercanas al operador político Gustavo Alejos.
Uno de los hallazgos señalados por eP Investiga es que en octubre de 2020 la empresa trasladó sus oficinas a un inmueble ubicado en la zona 15 capitalina, lugar que, según la publicación, era visitado frecuentemente por Gustavo Alejos.
Además, la investigación reveló que Jorge Martín González Geronazzo fungió como representante legal de Aleisa entre el 4 de marzo de 2022 y el 17 de enero de 2023. González Geronazzo es sobrino en segundo grado de Gustavo Alejos, ya que es hijo de José Antonio González Cámbara, propietario del inmueble donde operaba la empresa, según registros del Registro Nacional de las Personas (Renap).
El último contrato adjudicado bajo el artículo 95
El 17 de abril fue asignado el último contrato utilizando el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. La adjudicación benefició a Grupo DHC, propiedad de Deysi Emilsa Hichos Posadas, cuñada del ex aspirante a Fiscal General César Augusto Ávila Aparicio.
Grupo DHC recibió un contrato de Q108.6 millones para trabajos de mantenimiento vial en rutas de Santa Rosa y Jutiapa, incluyendo tramos de la RN-16 y la CA-02 Oriente. La coincidencia entre el proceso de elección de Fiscal General y la adjudicación del contrato generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.
