Dos contratos por más de Q129 millones fueron adjudicados el pasado 20 de abril por la Dirección General de Caminos (DGC) a la constructora Seele, S.A., la cual está vinculada a la familia Córdova originaria de Alta Verapaz, según datos obtenidos en Guatecompras y documentos revisados en el Registro Mercantil.

Los proyectos se concentran en el altiplano del país. El primero corresponde al mejoramiento del camino rural CR-TOT-34, que conecta la aldea Calel en San Carlos Sija, Quetzaltenango, con la bifurcación de la CA-1 Occidente en la aldea Pologuá en Momostenango, Totonicapán, por un monto de Q89 millones.

Dicha obra fue inaugurada el pasado 3 de junio por el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea. La Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) informó en dicha fecha que el proyecto contempla la pavimentación de 11.1 kilómetros mediante la construcción de una estructura de pavimento asfáltico permanente sobre una vía que actualmente presenta condiciones deficientes de transitabilidad. 

El segundo contrato, asciende a Q40.5 millones y contempla el mejoramiento de la carretera RD-TOT-07 entre La Universal y la aldea Santa Ana, en Momostenango, Totonicapán.

En ambos casos, los documentos disponibles en el portal de Guatecompras demuestran que las licitaciones se abrieron con varios oferentes, pero terminaron con un único adjudicatario en cada evento, la constructora Seele, S.A.

Muchas ofertas, pero todas invalidadas

En el proyecto CR-TOT-34 participaron cuatro empresas. Sin embargo, en el acta de adjudicación quedó consignado por la Junta de Licitación que la Constructora Kade fue descartada por una inconsistencia entre el monto consignado en cifras y el escrito en letras dentro de su oferta económica, considerado un error insubsanable según las bases. Gsed-Alfa fue excluida por errores en su declaración jurada relacionada con requisitos legales obligatorios. Mientras que la empresa Construced no acreditó la experiencia mínima exigida.

Con estas exclusiones, la constructora Seele quedó como la única empresa habilitada para la evaluación técnica, en la cual obtuvo 90 puntos sobre 100 posibles.

En el segundo proyecto, correspondiente a la ruta RD-TOT-07, se recibieron cinco ofertas, sin embargo, tres quedaron fuera del rango económico definido por Caminos. Mientras que la empresa Construvision 2000 fue rechazada por errores en precios unitarios y omisiones en su declaración jurada ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).

Nuevamente, la constructora Seele fue la única empresa que superó la fase de requisitos y accedió a la evaluación técnica, donde alcanzó 92.85 puntos sobre 100.

Cabe destacar que ambos procesos fueron adjudicados por unanimidad de las juntas de licitación y no registran inconformidades ni impugnaciones posteriores, según la información disponible.

Historial de adjudicaciones de Seele

Los registros públicos de Guatecompras muestran que la trayectoria de Seele en la obra pública ha sido variable y con distintos momentos de expansión.

Entre 2010 y 2011, durante el gobierno de la UNE, la empresa registró adjudicaciones por más de Q6.4 millones a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que manejan fondos públicos.

Entre 2012 y 2015, en el gobierno del Partido Patriota (PP) su actividad cayó a poco más de Q1.1 millones. Posteriormente, entre 2016 y 2019, durante la administración de Jimmy Morales reapareció con contratos municipales en Alta Verapaz por montos reducidos.

Entre 2020 y 2023, durante la presidencia de Alejandro Giammattei, la empresa incrementa su participación en el Ministerio de Comunicaciones hasta alcanzar aproximadamente Q77.1 millones. En el gobierno del Movimiento Semilla el volumen total de las adjudicaciones supera los Q138.1 millones, incluyendo los contratos adjudicados en abril pasado.

Empresa vinculada a Los Córdova

La constructora Seele, S.A. tiene como representante legal a Alma Violeta Lemus Guerra, a quien eP Investiga identificó en octubre del año pasado como socia de Ecomuros S.A., empresa fundada en 2012 por Sergio Gerardo Prahl García y Exon Francisco Córdova Catalán, este último hermano de Shellder Alexander Córdova Catalán e hijo de Francisco Alejandro Córdova Molina, identificado como el patriarca del clan Córdova.

Documentos consultados en el Registro Mercantil muestran que el nombre de Alma Violeta Lemus Guerra aparece por primera vez en Ecomuros el 24 de junio de 2016, cuando fue inscrita como accionista junto a Exon Córdova, según acta notarial autorizada por la notaria Lidia Imelda Quim Meza.

Un año después, el 25 de mayo de 2017, una asamblea general extraordinaria de accionistas detalló la estructura accionaria de la sociedad. Exon Francisco Córdova Catalán poseía 473 acciones, mientras que Lemus Guerra contaba con cinco de un total de 478, lo que reflejaba un control mayoritario del núcleo familiar sobre la sociedad.

Lemus Guerra es hija de Alma Violeta Guerra Villeda y sobrina del constructor Óscar Augusto Guerra Villeda, recientemente fallecido, quien fue socio fundador y ex representante legal de Constructora Codico, empresa señalada en investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

De acuerdo con pesquisas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), Óscar Guerra habría sido señalado como financista del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi mediante un aporte no registrado de Q143 mil 200 a favor de Impresos Urbanos, S.A., empresa vinculada al exfuncionario del Partido Patriota.

En noviembre de 2018, el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Ericka Aifán, lo ligó a proceso por financiamiento electoral ilícito dentro del caso relacionado con Constructora Codico. El proceso quedó debilitado posteriormente tras reformas legales que modificaron el tipo penal, lo que permitió la liberación de varios implicados, en un contexto en el que la propia jueza abandonó el país tras presiones judiciales atribuidas al Ministerio Público dirigido por María Consuelo Porras.

Expansión territorial del clan

eP Investiga también ha documentado que el grupo empresarial vinculado al clan Córdova, originario de Alta Verapaz, ha ampliado su presencia hacia distintas regiones del país mediante múltiples sociedades.

En Quiché, la empresa Ecomuros obtuvo contratos por aproximadamente Q21.9 millones en proyectos de obra pública. A ello se suman adjudicaciones de Covial en Alta Verapaz por más de Q30 millones durante el año pasado, lo que refuerza un patrón de expansión sostenida desde su zona de origen hacia nuevas regiones del país.

Este recorrido empresarial se ha extendido desde Alta Verapaz hacia Quiché y ahora hacia el occidente, donde aparecen nuevos contratos en Totonicapán vinculados al mismo entorno corporativo.

Estudios de organizaciones como Acción Ciudadana y la Fundación Paz y Reconciliación han documentado que el clan Córdova ha acumulado más de Q3 mil millones en contratos estatales desde 2004 mediante distintas constructoras. Estos análisis también señalan su capacidad de incidencia política, evidenciada en el financiamiento de candidaturas a diputaciones, alcaldías y presidencias entre 2015 y 2023. En ese período, la red empresarial ha mantenido vínculos con los gobiernos de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y el actual presidente Bernardo Arévalo.

Los Córdova y Semilla

En abril de 2024 ocurrió una visita considerada inusual del presidente Bernardo Arévalo a la ruta CA 14, tramo Santa Cruz Verapaz–Cobán, Alta Verapaz, donde se supervisaban trabajos de ampliación a cuatro carriles a cargo de la Constructora y Transportes San Francisco, propiedad de la familia Córdova.

En el campamento de obra, el mandatario y la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, fueron recibidos por Francisco Alejandro Córdova Molina, su hijo Shellder Córdova Catalán y el exdiputado Edgar Tomás Córdova Molina, hermano de Francisco Alejandro y tío de Shellder.

Analistas políticos calificaron ese encuentro como un error estratégico, al señalar que se trataba de un grupo empresarial ampliamente conocido en el sector de infraestructura y con antecedentes de cuestionamientos por su relación con procesos de contratación pública en distintos gobiernos.

También se ha señalado que en la administración actual, la familia Córdova mantiene presencia en espacios de influencia política a través del diputado oficialista Román Castellanos, originario de Alta Verapaz, quien en el pasado trabajó para constructoras vinculadas a este mismo entorno empresarial.