La negativa de la Policía Nacional Civil (PNC) de entregar las actuaciones relacionadas con las compras de alimentos para sus comedores tendrá que ser revisada debido a que el Ministerio de Gobernación declaró procedente el recurso presentado por este medio que modifica una resolución que había rechazado parcialmente la solicitud y ordenó a su Unidad de Información Pública pedir nuevamente a la PNC la información que tenga carácter público.
La decisión está contenida en la resolución 655-2026, emitida el 4 de septiembre, luego del recurso de revisión presentado contra la resolución 001678-2026, del 26 de agosto. En esta última, la Unidad de Información Pública había negado parcialmente la información solicitada y ordenado archivar el requerimiento.
La solicitud de información pública realizada por eP Investiga buscaba originalmente conocer qué actuaciones habían realizado Gobernación y la PNC después de las publicaciones de este medio sobre las compras sobrevaloradas de alimentos destinadas a los comedores policiales.
Entre la información requerida estaban copias de informes de auditoría interna, dictámenes u opiniones jurídicas y actuaciones de investigaciones administrativas relacionadas con contratos otorgados a empresas vinculadas con la denominada Red B-410. También se solicitó información sobre posibles denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas por las compras cuestionadas, así como sobre eventuales procesos disciplinarios o destituciones de funcionarios y trabajadores de la PNC que hubieran participado en las adjudicaciones.
PNC reconoció investigaciones, pero negó las copias
Antes de resolver la solicitud, la Unidad de Información Pública pidió a la Dirección General de la PNC que verificara la existencia de la información. El 24 de agosto, la Policía respondió que en relación con los hechos vinculados con la denominada Red B-410 existían actuaciones de investigación y procedimientos disciplinarios en trámite. Sin embargo, sostuvo que no era procedente entregar copias de esas actuaciones porque las consideraba información confidencial, con fundamento en el artículo 22, numeral 3, de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Con esa respuesta como antecedente, la Unidad de Información Pública emitió el 26 de agosto la resolución 001678-2026, mediante la cual negó parcialmente lo solicitado. Ante ello, este medio presentó un recurso de revisión ante la máxima autoridad del Ministerio de Gobernación.
El reclamo cuestionó, entre otros aspectos, que se utilizara la figura de confidencialidad para impedir de manera general el acceso a documentación relacionada con actuaciones administrativas y procedimientos disciplinarios.
Gobernación cuestiona su propia resolución
Al conocer el recurso, la Dirección de Asuntos Jurídicos de Gobernación advirtió un problema en la resolución original. Según su análisis, una decisión sobre acceso a la información debe guardar correspondencia entre lo que fue solicitado, las actuaciones realizadas para localizar la información, la respuesta de la institución y la decisión final.
Los abogados de la institución concluyeron que ese requisito no se cumplió completamente y reconocieron que entre los considerandos de la resolución 001678-2026 se cometió un error al incluir información relacionada con una llamada realizada al sistema de emergencias 110 de la PNC el 14 de agosto. El registro correspondía a un accidente de tránsito ocurrido en Chiquimula e incluía datos de la persona que realizó la llamada.
La nueva resolución reconoce que la inclusión de esa información ajena al requerimiento afectó la congruencia y la debida motivación de la decisión original. Por esa razón, la máxima autoridad de Gobernación declaró procedente el recurso y ordenó modificar la resolución 001678-2026 en lo relacionado con su fundamentación y motivación.
PNC tendrá que revisar qué información puede entregar
La resolución 655-2026 ordena a la Unidad de Información Pública emitir una nueva resolución y solicitar a la Dirección General de la PNC la entrega de la información requerida, siempre que esta tenga carácter público y se encuentre en los archivos, registros o sistemas de la institución.
Gobernación también dejó establecido cómo debe procederse cuando un documento contenga información pública junto con datos legalmente protegidos. En esos casos, la institución deberá determinar si ambos contenidos pueden separarse y entregar la parte pública, suprimiendo únicamente la información que esté protegida, siempre que hacerlo no permita revelar el contenido restringido ni ponga en riesgo una investigación.
Además ordenaron que la información debe ser remitida a eP Investiga en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de su notificación. El documento fue notificado el viernes pasado a las 20.05 horas. Esto significa que la petición debe volver a tramitarse y las autoridades deben determinar qué información puede ser entregada, en lugar de mantener una negativa general sobre las actuaciones.
Villeda no respondió las preguntas de eP Investiga
Antes de que se desarrollara este proceso bajo el marco regulatorio de la Ley de Acceso a la Información Pública, este medio buscó directamente la posición del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
El 27 de julio, se le enviaron preguntas sobre las actuaciones relacionadas con las compras de alimentos, las investigaciones abiertas y las medidas que el Ministerio contemplaba frente a las irregularidades detectadas. Sin embargo, contrario a otras ocasiones, Villeda no respondió.
eP Investiga publicó desde mayo pasado una serie de investigaciones sobre anomalías en las compras de alimentos para comedores de la PNC que incluía a un proveedor vinculado a la red de empresas pertenecientes al caso de defraudación tributaria conocido como B-410. Posteriormente dio a conocer que los alimentos proveídos por la empresa Grupo Empresarial Global, S.A. alcanzaban hasta el 181 por ciento de sobrevaloración. Tras las publicaciones, el ministro Villeda anunció que debido a los malos manejos daba por cerrado el programa de comedores para la Policía y en su lugar sería entregado un bono mensual a cada agente.
