A mediados de 2024, Guatemala se sacudió con el descubrimiento del Caso B410, el mayor escándalo de defraudación fiscal de la historia del país. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló la existencia de una telaraña conformada por 410 empresas de cartón que simularon ventas al Estado por más de Q5 mil 730 millones pero que solamente pagaron al fisco Q26.9 millones.
El país creyó que este monstruo fraudulento había sido decapitado tras salir a la luz el escándalo. Sin embargo, los datos oficiales de contrataciones públicas cuentan una historia distinta y mucho más oscura, pues lejos de desaparecer, una rama de esta estructura mutó, cambió de rostro y siguió extrayendo fondos públicos al captar más de Q249 millones destinados a la comida de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La investigación de la SAT apuntó al abogado y notario David Francisco Barrera Maldonado y lo posicionó como uno de los cerebros del esquema del B410. Utilizando una empresa fachada llamada Grupo Basado, S.A., la estructura logró facturar más de Q80.1 millones a la PNC entre 2023 y principios de 2024. Su estrategia fue focalizar los cobros en dependencias policiales que usualmente están fuera del ojo público como la Subdirección de Salud Policial y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (Fiaat). Los registros en Guatecompras muestran que la empresa representada por Barrera llegó a cobrar al Estado hasta Q19 mil 800 diarios exclusivamente en tortillas para la unidad antinarcótica.
Para cobrar estos millones sin pasar por licitaciones públicas, utilizaron la modalidad de «Compra de Baja Cuantía», un mecanismo diseñado para adquisiciones menores a Q25 mil. Su nivel de impunidad fue tal que en las mismas facturas quedó consignado que dichas adquisiciones eran “para consumo durante seis semanas”. El abuso en la utilización de esta modalidad de compra para abastecer un comedor de policías durante mes y medio podría catalogarse como un fraude de ley por falta de planificación deliberada, una táctica que le permitió a las autoridades adjudicar contratos a dedo sin competencia.
El relevo corporativo
Cuando la justicia acorraló a Barrera Maldonado a mediados de 2024, la red ejecutó un «relevo corporativo» inmediato. Exactamente el mismo volumen de dinero pasó a ganarlo la empresa Grupo Empresarial Global, S.A., representada en ese momento por Jorge Estuardo Maldonado Ericastilla, quien curiosamente compartió con Barrera representación legal en la entidad Corporación Per Cápita, S.A. Esta nueva compañía, que antes vendía al Estado fletes y botas, se convirtió de la noche a la mañana en el proveedor favorito que abastecía de alimentos a las Comisarías 11, 12, 13, 15 y 16 del Distrito Central, entre otras unidades ejecutoras de la PNC.
Para extraer el dinero, perfeccionaron el «fraccionamiento» sistemático, dividiendo compras grandes en facturas pequeñas para evadir los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones. Por ejemplo, en diciembre de 2024, la Comisaría 16 emitió dos requisiciones el mismo día (la 1062 y la 1063) para comprar «carne blanca», evitando así superar el límite legal de Q25 mil.
Además, calculaban los montos con precisión quirúrgica. Por ejemplo, en febrero de 2025, cobraron a la Comisaría 12 una factura por Q24 mil 995.60, apenas Q4.40 por debajo del límite que les habría exigido publicar un concurso de compra directa.
Este comportamiento no es casual, pues los datos de Guatecompras muestran que Grupo Empresarial Global, S.A. no ha ganado ningún concurso público, ya sea por compra directa, cotización o licitación. Todas sus ventas al Estado se han realizado mediante compras de baja cuantía, es decir, adquisiciones menores a Q25 mil.
A través de este mecanismo, la empresa ha facturado casi la totalidad de los Q168 millones que ha recibido de la PNC desde 2020 hasta hoy. Esto indica que no participa en procesos abiertos con competencia, sino que basa su operación en un sistema diseñado para compras pequeñas, en el que la responsabilidad recae en los jefes de cada unidad ejecutora que en el caso de la PNC, son los comisarios.
Una máquina que no se detiene
El sistema sigue funcionando a la perfección pese a los escándalos. Solo en los primeros cuatro meses de 2026, esta red ya ha facturado más de Q23.4 millones a la PNC a través de Grupo Empresarial Global utilizando siempre la misma trampa de las compras de baja cuantía.
Los registros de 2026 contenidos en Guatecompras evidencian que el patrón no solo persiste, sino que se replica de forma sistemática en distintas dependencias policiales. En enero, varias comisarías realizaron compras simultáneas con montos cercanos al límite legal de los Q25 mil.
La Comisaría 11, por ejemplo, concentró múltiples adquisiciones el 2 de enero, incluyendo pollo por Q23 mil 765, alimentos varios por Q24 mil 740 y otra compra por Q24 mil 103.80. Ese mismo día, la Comisaría 16 registró compras de carne de res por Q16 mil 830.40 y de carne de cerdo con fajitas por Q23 mil 756.50. La Comisaría 12 adquirió carne de res por Q21 mil 560 y alimentos por Q22 mil 280, mientras que la Comisaría 14 reportó dos compras de carne de res por Q24 mil 120 y Q17 mil 290 en la misma fecha. Incluso la Comisaría 13 aparece en los registros con adquisiciones de carne de res por Q13 mil 668.
El patrón se repite en febrero. La Comisaría 11 volvió a concentrar pedidos los días 5 y 8, incluyendo chuleta de cerdo por Q17 mil 310.50, carne de res por Q23 mil 744.80 y filete de tilapia por Q21 mil 394.15. La Comisaría 15 realizó compras de carne de res por Q20 mil 260.80, mientras que la Comisaría 72 registró adquisiciones de alimentos por Q20 mil 296.25 y Q11 mil 266.10 en fechas cercanas. Por su parte, la Comisaría 14 continuó con compras de carne de res por Q17 mil 420 a mediados de mes.
En marzo, la dinámica se mantiene sin variaciones. La Comisaría 11 realizó nuevas adquisiciones el 5 de marzo con montos al límite, incluyendo carne de res por Q24 mil 924, costilla de cerdo por Q18 mil 553.50 y pollo por Q24 mil 250. Ese mismo día, la Dirección General, bajo el código SEGE-DG correspondiente al comedor policial, registró compras de carne de cerdo y medallones por Q23 mil 533.10.
En conjunto, los datos muestran que comisarías como la 11 y la 16 concentran una alta recurrencia en el uso de la modalidad de baja cuantía para compras de alimentos que sistemáticamente rozan el techo legal y se ejecutan en fechas simultáneas. Más que eventos aislados, se trata de un patrón estructurado que confirma la continuidad del esquema.
