Erick Alexander Granados García, conocido como Gordo, o Pantaloneta, se declaró culpable de narcotráfico en una corte del distrito sur de California, en donde aceptó que fue parte de una conspiración a gran escala que, a través de lanchas rápidas, introdujo a Guatemala más de 3 mil kilogramos de cocaína.
El acuerdo de culpabilidad fue presentado ante la corte el pasado 14 de abril. En este, Granados García declaró que solo entre 2016 y 2017 (durante el Gobierno de Jimmy Morales), “participó en una empresa de tráfico de drogas en la que él y otros, coordinaron el suministro y transporte de más de 450 kilogramos de cocaína, desde Sudamérica hasta Guatemala, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos”.
Granados García fue extraditado a Estados Unidos en noviembre del año pasado, ocho años después de haber sido capturado en la aldea Puerto Viejo, Iztapa, Escuintla.
Lo que aceptó
Según señaló en el acuerdo, la droga era trasladada en lanchas rápidas, conocidas como go fast vessels, desde Sudamérica hasta Guatemala para luego enviar la droga por distintas vías hasta México y después a Estados Unidos.
Granados García admitió, además, que la cantidad total de cocaína que coordinó es superior a los 3 mil kilogramos.
“El acusado acordó poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y que el tipo y cantidad de drogas estaba dentro del alcance del acuerdo del acusado y le era razonablemente previsible”, indica el documento firmado por el propio Granados García y su defensa.
El delito del que se declaró culpable fue conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de un barco sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos, en violación al Título 46 del Código de Estados Unidos, este conlleva una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de hasta US$10 millones y al menos cinco años de libertad supervisada.
La magistrada Allison H. Goddard entregó el 14 de abril pasado sus hallazgos y recomendaciones, certificando además, que la declaración de culpabilidad fue hecha “de forma consciente y voluntaria” y que existen pruebas suficientes en contra del acusado.
Una red transnacional con 26 coacusados
El expediente 17-CR-1465, abierto en junio de 2017 y con más de 1 mil 53 entradas, no se limita al caso de Granados García.
El archivo del caso, al que tuvo acceso eP Investiga, revela que el Departamento de Justicia acusó a un total de 26 personas (incluyendo a Granados García) vinculadas a la misma estructura de trasiego, la mayoría de ellas son ciudadanos colombianos y ecuatorianos que operaban coordinando los cargamentos hacia Centroamérica.
Entre los coacusados colombianos figuran nombres como Jhon Ferney Rodríguez Sánchez, William Fernando Perea Ríos, Alan Enrique Landazuri Becerra, Juan Carlos Prado Romero, Víctor Alfonso Minotta Estupinán, Óscar Orobio Guerrero, Jhon Kener Orobio Guerrero, Víctor Antonio Estupinán Micolta, Manuel Kiderlen Cifuentes Guerrero, Marcen Garcés Valencia, Agustín Perlaza Moreno, Luis Guillermo Estupinán Quiñones, Alexander Guaqueta Londoño, Andrés Felipe Pineda Guerrero, Ligio Giraldo Belalcázar Portilla, Carlos Arango González y Fernando Torres Perlaza.
Del lado ecuatoriano, además de Barreiro Quiñónez, el expediente incluye a Darwin Manuel Loor Castro, Javier Leonardo Solórzano Cortez, Demóstenes Vente Mosquera, y Julián Rovis Valderrama. Varios de ellos ya tienen sus casos terminados en el expediente, lo que indica que resolvieron su situación legal con anterioridad.
La mayoría de los acusados se declararon culpables y negociaron acuerdos con la fiscalía federal, un patrón recurrente en casos de narcotráfico marítimo que el Departamento de Justicia procesa en el Distrito Sur de California, puerta de entrada judicial para los cargamentos interceptados en aguas del Pacífico bajo jurisdicción estadounidense.
https://drive.google.com/file/d/1FhB9yr-T-jF8j1Bas19tx8LuG27VdY2t/view?usp=drive_link
El exconcejal de Zacapa y la alcaldesa
El caso de Granados García está vinculado a Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, exconcejal de Zacapa y quien figura como el tercer acusado en el mismo expediente.
Según el expediente, Granados García lideraba la organización, mientras Beatriz Cristina Barreiro Quiñónez, una ciudadana ecuatoriana, ocupaba el segundo lugar en jerarquía mientras Cifuentes Sagastume era el tercero al mando.
Los tres fueron detenidos en 2017 en Guatemala, sin embargo, Cifuentes Sagastume se dio a la fuga cuando se conoció la captura de los co-conspiradores, sin embargo, fue detenido semanas después en el kilómetro 139 de la ruta al Atlántico, en Río Dulce, Izabal.
Cifuentes Sagastume pasó seis años en distintas cárceles guatemaltecas antes de ser extraditado en marzo de 2023.
En octubre de ese mismo año, el juez Larry Burns lo sentenció a 90 meses de prisión, unos 7 años y medio de prisión, sin embargo, fue dejado en libertad a mediados de 2024 tras sumar los años que pasó detenido en Guatemala y el tiempo que cumplió en Estados Unidos. Cifuentes Sagastume regresó a Guatemala de inmediato y se reincorporó a la vida pública.
Al contrario de los expedientes de otros de los coacusados, el de Cifuentes Sagastume permanece cerrado, por lo que se presume que podría haber aportado información relevante para las autoridades, lo que se tradujo en una condena menor y su pronta liberación.
Cifuentes es pareja de Karen Xiomara Ovalle Madrid, la actual alcaldesa de Zacapa, quien ganó la alcaldía en las elecciones de 2023.
En tanto, Barreiro Quiñónez, cuyo caso figura como terminado el 8 de marzo de 2024, recibió una condena de 10 años de prisión.
A la espera de la sentencia
La audiencia de sentencia fue programada para el próximo 10 de julio ante el juez de distrito James E. Simmons
Con el acuerdo firmado, Granados García renunció a su derecho a juicio y a apelar la condena que le imponga el juez Simmons. El documento también establece que el gobierno puede destruir la evidencia de sustancias controladas 30 días después de haber entregado el informe del laboratorio a la defensa, salvo que ésta solicite análisis adicionales dentro de ese plazo.
El acuerdo incluye el cálculo preliminar de sentencia bajo las directrices federales: un nivel base de 38 puntos por la cantidad de droga involucrada, con un posible ajuste de entre dos y cuatro puntos adicionales por su rol como líder u organizador de la operación, un punto que las partes acordaron dejar abierto para debatir ante el juez, y descuentos por aceptar responsabilidad y por ser considerado un delincuente sin antecedentes previos.
En el allanamiento que siguió a su captura en 2017 en Guatemala, las autoridades decomisaron 13 lanchas de pesca artesanal, una moto acuática, radiotransmisores, equipos GPS, brújulas y una ecosonda en una propiedad suya en ese departamento. Ocho años después, la justicia estadounidense decidirá si le impone una condena igual o mayor que la de sus conspiradores.
