La Unidad de Conservación Vial (Covial), entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), adjudicó el pasado 20 de mayo un contrato por Q7.7 millones a la empresa constructora Coamco, propiedad de Juan Pablo Mansilla Morales, para el mantenimiento de tramos carreteros en el departamento de Guatemala.

El empresario y su constructora han sido señalados por participar en un esquema de defraudación tributaria conocido como el Caso B410 y por supuestamente haber financiado a la campaña electoral de Alejandro Giammattei en 2019.

Según el evento de licitación NOG 25599518 publicado en Guatecompras, la empresa deberá ejecutar tareas de mantenimiento rutinario en 97.3 kilómetros de la red vial pavimentada del departamento de Guatemala. Estas incluyen remoción de derrumbes, sellado de fisuras, bacheo con concreto asfáltico y reparación de losas de concreto hidráulico, entre otras.

Durante el evento de licitación de Covial también participaron otras dos empresas: Constructora Alian, S.A., con una oferta de Q8.9 millones, y Pavimentos del Norte, S.A., que ofreció Q7 millones, es decir, Q700 mil menos que la propuesta de Coamco.

Sin embargo, la Junta de Licitación descartó ambas ofertas. En el caso de Constructora Alian, los integrantes de la Junta argumentaron que los estados financieros no estaban certificados por el contador, incumpliendo así un requisito fundamental. Mientras que la propuesta de Pavimentos del Norte fue descalificada por supuestos errores en la consignación de datos del superintendente, según el acta de recepción de ofertas. Esto dejó a Coamco como la única opción elegible, pese a su historial.

El contrato otorgado por Covial se suma a otros que han entregado las municipalidades de Guatemala y Santa Catarina Pinula, que tienen en común estar bajo control del Partido Unionista.

Un reportaje recientemente publicado por eP Investiga reveló que el pasado 2 de abril, la comuna capitalina adjudicó un contrato por casi Q43 millones para el recapeo de la Calle Martí y Calzada José Milla y Vidaurre, ignorando sus antecedentes judiciales.

Vínculos con Giammattei y el Caso B410

En febrero de 2022, el medio salvadoreño El Faro publicó un reportaje en el que dio a conocer la existencia de la declaración de un testigo que reveló un esquema de financiamiento ilegal para la campaña electoral de Alejandro Giammattei que provenía de sobornos que otorgaban constructoras.

Entre el grupo de empresas que conformaban el esquema se encontraba la constructora Coamco de Juan Pablo Mansilla Morales quien habría ayudado a financiar la entrega de aproximadamente Q20 millones a Giammattei a cambio de que el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, continuara en el cargo por un año y les fueran asignadas más contratos de obra pública.

Aunque Giammattei no mantuvo a Benito en el cargo, Coamco sí recibió adjudicaciones millonarias en el Ministerio de Comunicaciones y ganó Q411.3 millones entre 2020 y 2023. Tras la publicación de la nota del medio salvadoreño, la empresa de Mansilla Morales ya no obtuvo más contratos con el gobierno central.

Durante el gobierno de Jimmy Morales, Coamco cobró relevancia al empezar a ganar grandes contratos con el Ministerio de Comunicaciones. Entre 2016 y 2019 facturó Q368 millones 437 mil 097.17 a entidades públicas.

De 2013 a la fecha la empresa de Mansilla Morales ha obtenido Q948.8 millones en adjudicaciones con el Estado, según datos consignados en Guatecompras.

Coamco y su dueño también fueron vinculados al caso de defraudación tributaria conocido como B410, en el cual la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) identificó a 410 empresas que entre 2021 y 2024 facturaron Q6 mil 400 millones al Estado pero sólo pagaron Q26 millones en impuestos y se estima que pudieron evadir el pago de más de Q800 millones.

La empresa de Juan Pablo Mansilla Morales fue una de las que se beneficiaron del esquema y por ello, la SAT inhabilitó a la entidad por insolvencia tributaria del 21 de agosto al 10 de octubre de 2024.

Covial: “Mientras no haya una sentencia firme que inhabilite al contratista, éste puede participar en los procesos de contratación”

eP Investiga consultó a autoridades de Covial por la reciente adjudicación a favor de la empresa Coamco pese a estar señalada de participar en esquemas de corrupción y defraudación tributaria. Las autoridades de dicha dependencia indicaron que “actuaron en estricto apego de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.

“Los eventos de licitación al ser publicados en el sistema de Guatecompras, son públicos y cualquier propietario de empresa mercantil habilitada, a través de su representante legal, si llenan los requisitos establecidos en las bases de contratación, pueden presentar sus ofertas, las cuales son recepcionadas, evaluadas, calificadas y adjudicadas por la Junta de Licitación nombrada para el evento; al ser dicha junta autónoma en sus decisiones se garantiza que los eventos sean transparentes, sin favoritismo alguno y adjudicados de conformidad con la Ley”, señalaron.

Respecto a los antecedentes de la constructora, las autoridades de Covial dijeron que “la Ley de Contrataciones y su Reglamento, no contempla un procedimiento o criterios para descartar ofertas presentadas por empresas contratistas con señalamientos”.

“Una vez la empresa esté habilitada en los sistemas gubernamentales, o inclusive, estén siendo objeto de investigación o proceso legal, mientras no haya una sentencia firme que inhabilite al contratista, éste puede participar en los procesos de contratación. La ley de la materia actual, obliga al CIV y a sus unidades ejecutoras a recepcionar, evaluar y calificar todas las ofertas, adjudicando el proyecto a la más conveniente para los intereses del Estado de Guatemala”, argumentaron.

“No quieren aplicar el artículo 80 de la Ley de Contrataciones”

Ricardo Barrientos, economista y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó que a su criterio es ilegal la asignación de contratos a empresas que han otorgado financiamiento a campañas electorales y han cometido defraudación tributaria.

“Me parece que simple y sencillamente las autoridades de Covial y el Ministerio de Comunicaciones no quieren aplicar el artículo 80 de la Ley de Contrataciones que entre sus enunciados establece que los financistas de organizaciones políticas o campañas electorales no pueden ser contratistas del Estado”, indicó Barrientos.

Barrientos agregó que ante los señalamientos de corrupción y evasión fiscal, las autoridades deberían adoptar una postura firme y rechazar este tipo de contrataciones.

“Hablan de apego a la ley, pero omiten el artículo sobre prohibiciones. Eso genera una duda legítima: ¿están actuando bajo presión política, quizás por parte de diputados, para adjudicar obras a constructoras cuestionadas?”, se cuestionó.