Mientras en Estados Unidos la casa matriz de Tigo aceptó que sus socios y empleados pagaron millones en sobornos a diputados y funcionarios para beneficiar a la empresa, en Guatemala el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y el juez Víctor Cruz evitaron que la investigación iniciada por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval lograran sentar ante la justicia a quienes pagaron los sobornos y a quienes los recibieron.

El pasado 12 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un acuerdo con la empresa Millicom International Cellular S.A., matriz de TIGO Guatemala, en el que la compañía reconoció haber participado en un esquema de sobornos a funcionarios guatemaltecos entre 2012 y 2018. 

Los pagos, según el expediente judicial, se realizaron para influir en decisiones legislativas que favorecieron a la empresa de telecomunicaciones y le reportaron beneficios por al menos US$58 millones.

La justicia estadounidense logró un acuerdo judicial con la empresa que aceptó cada uno de los señalamientos hechos por la fiscalía. Mucha de la documentación que sirvió a la fiscalía para demostrar los hechos y fue la base fundamental de la investigación, fueron los indicios recabados por parte de la CICIG y la FECI en Guatemala y que no fueron utilizados por el Ministerio Público de Consuelo Porras para continuar un proceso en el país.

El estadounidense que permitió que la justicia estadounidense se involucrara

Millicom es una empresa registrada en Luxemburgo con operaciones en América Latina y sede operativa en Florida, la cual era propietaria del 55% de TIGO Guatemala. 

El 45 por ciento restante pertenecía a una compañía panameña controlada por un empresario guatemalteco identificado en el documento como Shareholder 1 pero que era en realidad Mario López Estrada, fallecido el 20 de marzo de 2023, quien según los documentos era quién ejercía control efectivo sobre la filial guatemalteca hasta que Millicom compró su parte en 2021 por US$2 mil 200 millones.

Entre los actores que se señalan en los documentos judiciales aparece Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía de Jimmy Morales y jefe de Asuntos Corporativos de TIGO Guatemala, junto con un alto ejecutivo no identificado públicamente, identificado en los documentos como “TIGO Guatemala Executive 1”. 

En el documento también se menciona a Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director del banco de Crédito y quien participó en el lavado de dinero que sirvió en parte para que la empresa pagara sobornos a los políticos guatemaltecos.

Además, aparece un integrante de la junta directiva de TIGO Guatemala, representante de Millicom, quien según los documentos es ciudadano estadounidense y participó en la mesa directiva al menos desde 2013 hasta 2015, esto permitió a la justicia estadounidense involucrarse en la corrupción que ocurría en Guatemala.

Al ser ciudadano estadounidense uno de los integrantes del consejo directivo, convirtió a la empresa en una “domestic concern” lo cual bajo la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act o FCPA por sus siglas en inglés), permite a las autoridades de ese país investigar y sancionar actos de soborno cometidos en el extranjero por ciudadanos, compañías o entidades bajo jurisdicción estadounidense. 

En este caso, la presencia de un directivo estadounidense abrió la puerta para que el DOJ y la SEC intervinieran, al considerar que las transacciones vinculadas a Guatemala podrían constituir violaciones a la normativa anticorrupción de Estados Unidos.

https://drive.google.com/file/d/1CoWsZRM62mrVQxNBGKj-n6sNX7aG6ClW/view?usp=sharing

Sobornos a legisladores para leyes favorables

El documento liberado por la justicia estadounidense describe un esquema sistemático de pagos a diputados del Congreso de Guatemala con el propósito de influir en su voto a favor de leyes que beneficiaran directamente a TIGO. Los sobornos según se describe en el texto aceptado por la empresa matriz de Tigo, eran entregados en efectivo y coordinados por el “Shareholder 1”, Valladares y otros ejecutivos, quienes gestionaban las entregas desde las oficinas de la empresa.

Según el documento, gracias a estos pagos, TIGO obtuvo dos ventajas legislativas clave. La primera fue una reforma aprobada en 2012 que permitió que los usufructos pudieran ampliarse por 20 años más, asegurando el uso del espectro por dos décadas, sin pagar un solo centavo al Estado. 

La segunda fue la Ley de Regulación de las Telecomunicaciones en Centros de Detención, la cual fue aprobada el 8 de abril de 2014 y era conocida popularmente como la “Ley TIGO”.

Esta normativa permitió que las empresas de telecomunicaciones tramitaran permisos de construcción de torres e infraestructura directamente con el Gobierno central, sin necesidad de aprobación municipal. Aunque fue presentada como una medida de seguridad para bloquear señales en cárceles, el cambio redujo los controles locales y otorgó una ventaja a TIGO, que en ese momento era la única empresa técnicamente habilitada para operar bajo las nuevas reglas. La ley fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en marzo de 2016 por vicios en su aprobación, sin embargo en el tiempo que duró, le permitió a la empresa ingresar cientos de solicitudes para la instalación de antenas en todo el país.

Además, el documento aceptado por la empresa Millicom señala que pocos días después de la promulgación de esa ley, TIGO firmó cuatro contratos con la Policía Nacional Civil para instalar cámaras de videovigilancia y sistemas de fibra óptica, esto a pesar de que en ese momento no contaba con la infraestructura necesaria para cumplir con los contratos.

Dinero en helicóptero

Los documentos señalan que para financiar el pago de sobornos, los ejecutivos desarrollaron varios métodos. Uno de ellos fue la entrega de efectivo en helicóptero. 

Según el expediente, desde 2012, un empleado del “Consorcio Guatemalteco” un grupo de empresas controladas por el “Shareholder 1”, transportaba bolsas con dinero en vuelos privados hasta el helipuerto de TIGO Guatemala, donde Valladares recogía los fondos.

En 2013, un vuelo que transportaba efectivo debió aterrizar de emergencia en una base militar, lo que alertó a las autoridades guatemaltecas y provocó una investigación. Desde entonces, la entrega aérea fue suspendida y los involucrados buscaron nuevas formas de generar dinero “limpio” para las coimas.

“Al menos desde mediados de 2012, un empleado del Consorcio Guatemalteco entregaba dinero en efectivo directamente a Valladares para realizar pagos de sobornos a funcionarios del gobierno de Guatemala. El dinero generalmente se transportaba hasta las oficinas de TIGO Guatemala en bolsas de lona (duffle bags) por medio de helicóptero. Valladares recogía el dinero en el helipuerto de TIGO Guatemala y lo almacenaba en su oficina dentro de la empresa. En algunas ocasiones, Valladares entregaba las bolsas en las oficinas de funcionarios públicos o de partidos políticos. En otras, eran los propios funcionarios o sus equipos de seguridad quienes llegaban a las oficinas de TIGO Guatemala para recoger el efectivo.”, señala el documento.

Dentro de la narración de los pagos de sobornos a diputados y a empleados, el documento narra cómo en 2013, un helicóptero que transportaba dinero en efectivo destinado a Valladares tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una base militar.

“…Cuando las personas que transportaban el dinero descendieron de la aeronave cargando las bolsas de dinero, el comandante de la base observó la escena y reportó el incidente a las autoridades guatemaltecas, que posteriormente iniciaron una investigación. Poco tiempo después, el Accionista 1 decidió detener las entregas de dinero en efectivo por medio de helicóptero, y tanto el Accionista 1 como el Ejecutivo 1 de TIGO Guatemala y Valladares concluyeron que era necesario encontrar una nueva forma de obtener dinero para los pagos de sobornos”, señala el documento.

Q142 millones en sobornos

Dentro de las pruebas que menciona el departamento de justicia también se reveló la existencia de un correo electrónico en el cual “un alto ejecutivo del Consorcio Guatemalteco” envió a Valladares el registro de 27 entregas de dinero en efectivo realizadas por el propio ejecutivo a Valladares, lo cual serviría para efectuar pagos de sobornos a funcionarios del gobierno guatemalteco entre junio de 2012 y mayo de 2014. 

El monto total ascendía según el documento a Q142 millones 25 mil quetzales (aproximadamente US$18.3 millones según el documento).

Contratos ficticios y pagos disfrazados

Otro de los mecanismos señala el documento consistió en crear contratos inflados con empresas vinculadas al “Shareholder 1”. Por ejemplo, según se narra, en 2014, TIGO Guatemala firmó un contrato por US$12 millones con una de esas sociedades, cuyo propósito era generar un fondo para pagar sobornos. Parte del dinero fue transferido a cuentas personales de Valladares, incluso en bancos de Estados Unidos.

Los ejecutivos también cambiaron las fechas a los contratos entre empresas de papel y una firma panameña de servicios legales asociada a Valladares, simulando asesorías que nunca se realizaron. Con esos documentos falsos, se justificaron pagos por más de US$11 millones destinados a sobornos a legisladores y funcionarios.

Otro mecanismo fue un acuerdo financiero entre Millicom y la empresa panameña del “Shareholder 1”. En 2014, Millicom pagó US$15 millones como “execution fee” por un contrato de opciones de compra de acciones. Sin embargo, el expediente judicial señala que el verdadero objetivo del pago fue reembolsar los sobornos previos y financiar nuevos pagos ilegales.

Del soborno al lavado de dinero

Hacia 2014, Valladares recurrió a banqueros guatemaltecos para conseguir efectivo sin dejar rastro. En una ocasión, el presidente de un banco amigo de Mario López envió un camión blindado con bolsas de dinero directamente a la sede de TIGO.

Poco después, narra el documento, Valladares estableció contacto con Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, un banquero que lavaba dinero para el narcotráfico y cayó con la colaboración de Manuel Baldizón, quién también lo utilizaba para transacciones de lavado. 

Según el expediente, a través de Cobar se canalizaron fondos de origen ilícito para pagar sobornos a funcionarios y reembolsar gastos realizados por ejecutivos de TIGO.

En 2017, Valladares transfirió US$350 mil desde una cuenta en Estados Unidos a otra en Florida controlada por Cobar. Esa transacción, según el Departamento de Justicia, formó parte de una operación doble, por un lado, generar efectivo en Guatemala al mismo tiempo que ayudaba a un narcotraficante a mover dinero entre Guatemala, Colombia y Ecuador.

Un esquema que se mantuvo al menos seis años

Según los documentos judiciales, el plan de sobornos operó al menos entre 2012 y 2018, implicando a ejecutivos, empresarios y banqueros guatemaltecos en coordinación con representantes de Millicom. 

El documento judicial indica que las autoridades estadounidenses identificaron correos, registros financieros y contratos falsificados que prueban la relación entre los pagos y las decisiones legislativas.

Millicom alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lo que implica el reconocimiento de su responsabilidad en los hechos y la cooperación con la investigación. A cambio, evitó un proceso penal más complejo en Estados Unidos.

Más de US$118 millones para Estados Unidos

El acuerdo judicial ratificado por los representantes de Tigo y Millicom con el Departamento de Justicia de Estados Unidos establece que deberán pagar una multa de US$60 millones al Departamento del Tesoro estadounidense. 

El monto, según el documento, representa una reducción del 50 por ciento respecto al rango inferior de las guías de sentencia, esto debido a la cooperación durante la investigación y a la implementación de medidas internas de control y cumplimiento posteriores a los hechos. La sanción económica es definitiva y no podrá ser objeto de reembolso ni utilizada como deducción fiscal, señala el expediente.

Además, la empresa deberá pagar US$58.2 millones, lo cual es considerado como dinero proveniente del esquema de sobornos ejecutado en Guatemala. 

El dinero deberá ser transferido al gobierno de Estados Unidos mediante un proceso de decomiso (forfeiture) mientras que la empresa renunció expresamente a cualquier derecho de apelación o reclamo sobre esos recursos.

En total los pagos comprometidos en el acuerdo suman más de US$118 millones que se entregarán en Estados Unidos, mientras tanto en Guatemala, no hay un proceso abierto en contra de la empresa y la compañía no ha colaborado para detallar el pago de sobornos o aceptar la culpa que ha reconocido en Estados Unidos.