Los trabajos de rehabilitación del Puente Motagua, ubicado en el tramo Río Hondo–Zacapa de la ruta CA-10-01, es un proyecto de inversión que fue adjudicado en 2022 durante la administración de Alejandro Giammattei, financiado con recursos de la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica.
Dicho puente conecta a Zacapa con Chiquimula y otras regiones del oriente del país. No obstante, una auditoría social realizada por eP Investiga junto a Acción Ciudadana y pobladores zacapanecos documentó una paradoja pues el puente está en funcionamiento y los reportes hablan de un avance físico del 97.6 por ciento, pero la obra permanece oficialmente inconclusa y suspendida desde agosto de 2024.
El proyecto fue formalizado mediante el contrato administrativo 087-2022-DGC-REHABILITACIÓN, suscrito el 14 de septiembre de 2022 entre la Dirección General de Caminos (DGC) y la empresa Ingeniería y Avalúos, propiedad de Sergio Augusto Melgar Murcia. La obra fue adjudicada inicialmente por Q47.7 millones y autorizada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mediante el Acuerdo Ministerial 1483-2022.
De acuerdo con las bases de licitación del evento, la obra incluyó intervenciones complejas como un refuerzo estructural, instalación de aisladores sísmicos, pilotes de anclaje, cables postensados, aplicación de fibra de carbono para reforzamiento, reparación de grietas y colocación de juntas de expansión térmica. En términos funcionales, el puente permite el paso vehicular sin restricciones visibles. Sin embargo, la escena alrededor de la estructura principal revela otra realidad.
Hallazgos de campo
Durante una verificación en campo se constató la permanencia de andamiajes metálicos instalados bajo la superestructura del puente, plataformas provisionales sujetas a las pilas, estructuras de soporte que no han sido desmontadas y restos de materiales de obra dispersos en los alrededores.
Algunos accesos laterales conservan estructuras auxiliares que, por su naturaleza temporal, debieron retirarse tras la finalización de los trabajos. La presencia prolongada de estos elementos no solo evidencia que el proyecto no ha sido formalmente cerrado, sino que transmite una imagen de abandono y genera interrogantes sobre la supervisión y el seguimiento institucional de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones.
De acuerdo con el acta de suspensión 3-2024, la obra se encuentra formalmente suspendida desde el 1 de agosto de 2024 a petición del ingeniero Mario Roberto Morales López, en su calidad de Superintendente de la empresa Ingeniería y Avalúos.
Mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Ministerio de Comunicaciones se pudo determinar que la suspensión del proyecto no obedece a fallas estructurales visibles, sino a la falta de una Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) para cubrir un saldo aproximado de Q3.5 millones. Es decir, tras ejecutar y pagar la mayor parte del contrato, el Estado no aseguró la previsión financiera necesaria para completar el tramo final y formalizar la entrega.
Esta desconexión entre el avance físico reportado y la situación administrativa mantiene la obra en un limbo legal. Mientras el puente opera y cumple su función estratégica, las estructuras metálicas abandonadas actúan como prueba material de un cierre inconcluso.
CIV no brindó respuestas
Desde el 17 de febrero, eP Investiga trasladó una serie de preguntas al Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para conocer la postura oficial sobre la situación del proyecto. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
Entre las interrogantes planteadas a las autoridades del CIV se encuentran las razones específicas por las que se encuentran detenidos los trabajos de rehabilitación; el avance físico y financiero actualizado del proyecto; y si existe un plazo definido para reactivar formalmente la obra y proceder a su recepción oficial.
Asimismo, se consultó cuáles son los trabajos pendientes de ejecución; si existe riesgo de que el contratista solicite ampliaciones de plazo, ajustes de precios o compensaciones económicas derivadas de la paralización; y qué evaluaciones técnicas ha realizado el Ministerio para garantizar que el puente opera en condiciones seguras mientras no se formaliza su recepción.
También se preguntó quién asumiría la responsabilidad en caso de incidentes estructurales o fallas mientras la obra no ha sido oficialmente entregada, y si la institución ha estimado el posible deterioro o costo adicional que podría generarse si el proyecto continúa sin finalizar.
