La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, que inicie de inmediato una investigación contra el dirigente político Carlos Estuardo Carranza Castillo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido Cabal, así como contra su abogado Vitalino Lorenzo Mendoza López y otros funcionarios públicos que han obstaculizado reiteradamente el cumplimiento de una orden judicial de desalojo.

En resoluciones emitidas los días 19, 20 y 21 de octubre de 2025, dentro del expediente 3059-2025 —relacionado con la ocupación ilegal de una vivienda en el condominio Bristol, en Mixco, propiedad de un adulto mayor de 74 años—, la CC determinó que Carranza Castillo incurrió en los delitos de desobediencia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal, los cuales ya habían sido señalados por el Ministerio Público (MP) y conocidos por un juzgado competente.

“Se ordena a la Señora fiscal general María Consuelo Porras que se giren de inmediato denuncias penales e investigaciones en contra de toda persona y funcionario público que obstaculice lo ordenado en el presente caso”, indica la resolución, aprobada por unanimidad por el pleno de magistrados de la CC.

Además, el tribunal constitucional ordenó que se investigue al abogado Vitalino Lorenzo Mendoza López por posibles delitos de desobediencia a órdenes judiciales, obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel. La Corte también instruyó al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) a iniciar un procedimiento disciplinario en su contra.

El alto tribunal enfatizó que la fiscal general y el MP deberán mantener vigilancia constante sobre el proceso y denunciar cualquier acción destinada a retrasar o impedir la ejecución de la sentencia.

Conductas a investigar

Las resoluciones de la CC revelan un patrón de obstrucción sistemática de la justicia por parte de Carlos Estuardo Carranza Castillo, sus defensores y funcionarios públicos involucrados.

En primer lugar, se ordena investigar el delito de obstrucción a la justicia relacionado con intentos deliberados de impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales mediante maniobras legales improcedentes, la negativa a acatar órdenes o la influencia indebida sobre autoridades.

El segundo delito identificado es la desobediencia a órdenes judiciales, descrita por la CC como una práctica persistente por parte del dirigente de Cabal y sus abogados. Esta conducta implica la negativa consciente de cumplir con resoluciones judiciales firmes, lo que representa un desafío directo a la autoridad del sistema de justicia.

La Corte también instruyó para que se investigue posibles actos de tráfico de influencias, cometidos por funcionarios públicos que habrían intervenido para favorecer a Carranza Castillo o para impedir la ejecución de las resoluciones. Este delito consiste en utilizar relaciones de poder o influencia personal para obtener beneficios ilegales o alterar decisiones judiciales o administrativas.

Finalmente, se ordena investigar el delito de patrocinio infiel, imputado directamente al abogado Mendoza López, por haber presuntamente actuado de forma contraria a la ética profesional y al interés de la justicia, utilizando su posición para entorpecer el proceso y promover la impunidad.

En conjunto, la CC advierte que estos comportamientos configuran una resistencia coordinada al cumplimiento de la ley, en la que actores públicos y privados han actuado de manera concertada para impedir la ejecución de una sentencia judicial firme.

El caso del condominio Bristol

Carlos Estuardo Carranza Castillo es excandidato a diputado e integrante del CEN del partido Cabal, organización fundada por Edmond Mulet y actualmente dirigida por el diputado Luis Aguirre.

El expediente judicial está vinculado a la usurpación de un inmueble en el condominio Bristol, Ciudad San Cristóbal, Mixco, propiedad de un adulto mayor de 74 años.

De acuerdo con los registros judiciales, Carranza no paga la renta mensual de Q5 mil desde 2021, ni el mantenimiento del condominio, acumulando una deuda cercana a los Q400 mil. A pesar de las múltiples órdenes de desalojo emitidas por los tribunales, el político se ha negado a entregar el inmueble.

El 8 de octubre, eP Investiga reveló que la orden de desalojo ha sido aplazada más de 50 veces, debido a las conexiones políticas de Carranza con los diputados Luis Aguirre y Nery Rodas, quienes, según fuentes judiciales, le han brindado protección político-judicial a través su operador de cortes Luis Rubio.

Aunque Carranza no figura como asesor del Congreso, su hija Daniela Melisa Carranza Robles ocupa una plaza 0-29 como asesora en la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, con un salario mensual de Q18 mil, lo que refuerza los vínculos familiares y políticos en torno al caso.

Los documentos del expediente confirman que los tribunales ordinarios ya habían resuelto el desalojo de la vivienda, pero las órdenes no se han ejecutado por la resistencia de Carranza y la inacción de funcionarios judiciales y policiales encargados de cumplir la sentencia.

Nota de Redacción:

Posterior a la publicación de esta investigación, la familia afectada presentó una denuncia penal contra la persona que se presentó como su abogado, señalándolo de haberles entregado durante tres años resoluciones judiciales y administrativas falsas. Esta información da un nuevo giro al caso y fue desarrollada en una investigación posterior: https://epinvestiga.com/investigacion/propietario-de-vivienda-ocupada-ilegalmente-por-dirigente-de-cabal-denuncia-a-supuesto-abogado-por-falsificar-resoluciones-judiciales/