Un adulto mayor de 74 años lucha desde hace cuatro años para recuperar su propiedad ubicada en el condominio Bristol de Ciudad San Cristóbal, Mixco. Desde octubre de 2021, el inquilino se niega a dejar el inmueble, no paga la renta de Q5 mil mensuales ni la cuota de mantenimiento y la deuda total se aproxima a los Q400 mil.

Lo llamativo no es únicamente la mora, sino la identidad del ocupante: Carlos Estuardo Carranza Castillo, secretario de Acción Política del partido Cabal y candidato a diputado en las elecciones generales de 2023 por la casilla seis del Listado Nacional.

Carranza Castillo permanece en el inmueble pese a múltiples órdenes judiciales de desalojo, revelando un patrón de protección política. Su cercanía con el bloque Cabal y la protección que recibe de diputados de esa bancada configuran lo que se describe como una red de impunidad político-jurídica, capaz de frenar o dilatar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que en otros casos se ejecutarían de inmediato.

En 2022, el propietario del inmueble inició un juicio sumario de desalojo en el Juzgado de Instancia Civil y Económico Coactivo de Mixco. La causa parecía sencilla: un contrato de arrendamiento incumplido, rentas atrasadas y un inquilino declarado en rebeldía por ignorar notificaciones. En 2024, un Juzgado de Paz Penal ordenó el lanzamiento y recuperación del inmueble. Sin embargo, luego de varios intentos frustrados, la impunidad prevaleció, según consta en el expediente judicial 0105560-2023-0065.

La representación legal del propietario acudió entonces a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que actuando como Tribunal Constitucional de Amparo ratificó el desalojo. Aun así, la resolución volvió a quedar en papel: nunca se ejecutó, según consta en el expediente 1268-2024. 

Los abogados del caso sostienen que la protección que recibe Carranza se traduce en omisiones deliberadas de la Policía Nacional Civil (PNC), maniobras procesales para dilatar y cierta complacencia de jueces y magistrados que deben favores políticos a los integrantes del partido Cabal. Así, un proceso que en teoría debería resolverse en meses se ha extendido por años, dejando al propietario atrapado en un laberinto judicial.

La influencia de Cabal sobre la justicia

Pero detrás de la resistencia de Carranza a abandonar el inmueble no solo hay terquedad personal. Lo que emerge es la silueta de una red político-judicial que le permite desafiar las órdenes judiciales sin consecuencias.

Durante la campaña electoral de 2023, Carranza Castillo figuró como tesorero del partido Cabal, según documentos oficiales presentados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que registran los ingresos y gastos de esa organización política. También fue candidato a diputado por la misma agrupación. Aunque no logró una curul, su influencia dentro de la agrupación es conocida. Su hija, Daniela Melisa Carranza Robles, sí goza de un puesto formal en el Congreso: una plaza 0-29 con salario de Q18 mil mensuales como asesora en la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa.

El nombre de Carranza aparece una y otra vez vinculado principalmente a los diputados de Cabal, Luis Aguirre y Nery Rodas, operadores clave en la elección de magistrados de la CSJ y magistrados de Salas de Apelaciones en 2024. En esas votaciones, Cabal se convirtió en un actor bisagra que entregó apoyos decisivos a varios magistrados, entre ellos Flor de María García Villatoro, cercana al exdiputado Julio López Villatoro y hermano del operador de Cortes, Roberto López Villatoro, también conocido como el Rey del Tenis.

La lista de magistrados electos con respaldo de Cabal es extensa: Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Carlos Rodimiro Lucero Paz, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Clemen Vanessa Juárez Midance, Estuardo Adolfo Cárdenas, Flor de María Gálvez Barrios, Flor de María García Villatoro, Gustavo Adolfo Morales Duarte, Igmaín Galicia Pimentel, Jenny Noemy Alvarado Tení, Luis Mauricio Corado Campos, René Guillermo Girón Palacios y Teódulo Idelfonso Cifuentes Maldonado. El patrón se repite: un bloque pequeño, pero con votos determinantes en momentos clave.

El secretario general de la CSJ, Emanuel Molina Castañeda, amplía el círculo. El diario La Hora reportó recientemente que Molina fue candidato a diputado por Cabal en Huehuetenango y mantiene cercanía con congresistas de esa agrupación. 

Hoy ocupa un cargo estratégico dentro del Poder Judicial, desde donde se articulan nombramientos y se manejan los resortes administrativos de la Corte. En septiembre de 2025, Molina fue visto acompañando a la magistrada García Villatoro en el Congreso, durante la sesión solemne por el aniversario de Independencia, reforzando la conexión entre la agrupación política y el alto tribunal.

Desobediente a resoluciones judiciales

Desde finales de 2024 hasta octubre de 2025, el proceso para recuperar un inmueble ocupado ilegalmente por el político de Cabal se convirtió en un ejemplo de desobediencia institucional y manipulación procesal. Tras la sentencia de lanzamiento emitida por el Juzgado de Paz de Mixco a finales de 2024, distintas instancias judiciales han fijado más de 50 fechas para llevar a cabo el desalojo. 

La primera fecha, el 19 de noviembre de 2024, fue suspendida debido a un recurso de apelación presentado por el ocupante ilegal del inmueble. Durante los meses siguientes, el juzgado ordenó nuevamente ejecutar la sentencia: el 9 y 19 de enero de 2025, y posteriormente el 23 de enero, cuando se corrigió un error de calendario. Cada intento encontró obstáculos, desde amparos provisionales presentados por el demandado hasta prórrogas solicitadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), como ocurrió el 20 de febrero de 2025, que se concedió en el contexto de un duelo nacional.

Luego de que no se logró la ejecución, la CSJ intervino fijando nuevas fechas entre marzo y mayo de 2025, incluyendo el 14 de marzo, 7 y 10 de abril, y 2, 8, 16 y 19 de mayo. Se buscaba que se garantizara que se cumpliera el amparo definitivo otorgado al propietario del inmueble. A pesar de las reiteradas órdenes y de las instrucciones para su cumplimiento inmediato, los intentos se frustraron sistemáticamente, reflejando una resistencia institucional que involucró al Ministerio de Gobernación y a la PNC.

Ante esta continua dilación, la CC asumió autoridad directa sobre el proceso en mayo de 2025 (Expediente 3059-2025), fijando una serie de 39 fechas de desalojo entre el 22 de mayo y el 6 de octubre de 2025. Cada una de estas incluía instrucciones precisas para la participación de la fuerza pública y advertencias sobre responsabilidades penales y sanciones administrativas.

Algunas de estas fechas fueron modificadas para corregir errores, otras reemplazadas por recursos improcedentes presentados por el demandado o las autoridades, y varias acompañadas de medidas adicionales, como la obligación de comparecencia de altos funcionarios del Ministerio de Gobernación y la imposición de multas al ministro responsable. 

A lo largo de más de un año, las órdenes se han acumulado sin que se ejecuten de manera efectiva. La CC emitió advertencias explícitas sobre el delito de desobediencia, solicitó la denuncia penal de los funcionarios incumplidores y fijó audiencias públicas para supervisar el cumplimiento. Incluso se instruyó la participación de la PGN, el MP y la PNC, con el objetivo de garantizar la protección del propietario, un adulto mayor cuya integridad física estaba en riesgo por la prolongada impunidad del caso.

La postura del ministro Jiménez

En lugar de ordenar a la PNC que ejecute lo dispuesto por los tribunales, el ministro de Gobernación, Francisco José Jiménez Irungaray interpuso acciones legales que terminaron retrasando la diligencia de lanzamiento. A finales de septiembre de 2025, junto a los abogados María Gabriela Campos y Gabriel Wer Arrivillaga, promovió una acción de amparo a favor del propio Ministerio de Gobernación, solicitando que se suspendiera provisionalmente la recuperación del inmueble ordenada judicialmente.

El ministro no solo omitió cumplir la orden de brindar apoyo policial al operativo —como expresamente le fue instruido—, sino que buscó protección jurídica para justificar su falta de acción. La CC rechazó de forma categórica ese amparo, señalando que ninguna autoridad, ni siquiera aquellas que gozan de antejuicio, puede resistirse a cumplir una resolución judicial.

El informe circunstanciado sobre el caso detalla que Jiménez, junto con el viceministro José Ronaldo Portillo Salazar y el director de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, incurrieron en incumplimiento reiterado de órdenes judiciales y constitucionales, presentando excusas y recursos improcedentes que fueron calificados por la CC como formas de obstrucción a la justicia y retardo malicioso del debido proceso.

Desde el jueves de la semana pasada, se envió un cuestionario al ministro Jiménez por medio de su comunicador, Mario Campos, para solicitar su versión sobre este caso. Al cierre de esta nota, el ministro no había respondido.

Entre las preguntas planteadas se incluyeron los motivos por los cuales la PNC no ha ejecutado el desalojo ordenado por los tribunales y ratificado por la CC, las instrucciones que él ha girado a la PNC respecto a este proceso y la justificación jurídica para haber promovido un amparo con el fin de frenar una orden judicial firme.

También se consultó si reconoce que esa acción lo colocó como parte interesada en favor de un ocupante ilegal, y si existe algún vínculo personal, político o institucional con el partido Cabal, cuyo dirigente –Carlos Estuardo Carranza Castillo– mantiene ocupado el inmueble en el condominio Bristol.

CC pide a Arévalo que ministros cumplan fallos

En sus resoluciones más recientes, el tribunal constitucional no solo ordenó ejecutar el lanzamiento, sino que solicitó al presidente Bernardo Arévalo tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento definitivo de las sentencias emitidas en el proceso.

La CC enfatizó que el presidente debe asegurar el respeto al orden constitucional y ejercer su autoridad para ordenar a sus ministros que acaten sin dilación las resoluciones judiciales. El pleno instruyó enviar la resolución directamente a Arévalo de León, recordándole que, como jefe del Ejecutivo y presidente del Consejo de Ministros, le corresponde dictar órdenes claras a sus funcionarios para que cumplan a cabalidad con lo resuelto.

La advertencia del tribunal fue aún más severa: en caso de persistir el incumplimiento, el presidente está obligado a solicitar la destitución inmediata del ministro responsable.

La Corte recordó que la desobediencia reiterada a una sentencia constitucional no solo vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la justicia, sino que también constituye un delito de desobediencia a la autoridad.

Nota de Redacción:

Posterior a la publicación de esta investigación, la familia afectada presentó una denuncia penal contra la persona que se presentó como su abogado, señalándolo de haberles entregado durante tres años resoluciones judiciales y administrativas falsas. Esta información da un nuevo giro al caso y fue desarrollada en una investigación posterior: https://epinvestiga.com/investigacion/propietario-de-vivienda-ocupada-ilegalmente-por-dirigente-de-cabal-denuncia-a-supuesto-abogado-por-falsificar-resoluciones-judiciales/