El viejo negocio del fertilizante utilizado durante décadas como herramienta de clientelismo político resurgió inesperadamente el año pasado en el Congreso de la República. Lo hizo incluso después de que en el Presupuesto General de 2024 fuera eliminada la partida que financiaba el programa en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Sin embargo, una enmienda de curul promovida por diputados en agosto de 2024 durante la aprobación de una ampliación presupuestaria por Q14 mil 151 millones revivió la entrega del fertilizante que hoy no solo genera sospechas, sino que ya es objeto de investigación penal por presunta corrupción.
La propuesta original de ampliación que fue enviada desde el Ejecutivo no contemplaba la adquisición de fertilizantes, sin embargo, los congresistas decidieron hacer modificaciones e incluir Q1 mil millones en apoyo a los agricultores. De esa cifra se destinaron Q500 millones de los cuales Q400 millones podrían utilizarse para la compra de fertilizantes. Mientras que los otros Q500 millones fueron empleados para la creación de un fondo de crédito de apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas, el cual es administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
Todo quedó plasmado en el Decreto 17-2024 que tuvo el respaldo de 114 congresistas provenientes de los bloques Semilla, UNE, Cabal, VIVA, VALOR, BIEN, Todos, Victoria, Creo, Winaq y Azul.
Los autores intelectuales
Un video de TikTok que difundió el propio diputado Luis Aguirre del bloque Cabal reveló que la iniciativa no nació en el Ministerio de Agricultura ni en el despacho presidencial, sino en el propio Congreso.
En el vídeo, Aguirre toma la palabra con un tono inquisitivo. Se dirige hacia el ministro y le recuerda una conversación previa. “En esa reunión yo le pregunté cuál era el plan de fertilizantes y usted me dijo que no pretendía dar fertilizantes. ¿Es correcto?”, cuestiona. Estrada, sin rodeos y ante las cámaras, responde con un escueto: “Es correcto, señor diputado”.
En la grabación se observa una reunión entre legisladores y autoridades del MAGA, encabezadas por el entonces ministro Maynor Estrada, en la que, sin proponérselo, Aguirre termina revelando el verdadero origen del resurgimiento del programa de fertilizantes.
Aguirre continúa y explica que la entrega de fertilizante no fue una política impulsada por el Ejecutivo, sino una maniobra diseñada desde la bancada Cabal. “Esto del fertilizante fue una propuesta de la bancada Cabal”, afirma. “Fue una iniciativa que metimos en la ampliación presupuestaria; no fue solicitud del presidente de la República. Fue solicitud de la bancada para obligarlos a ustedes para que pudieran entregar fertilizante, porque usted en ningún momento tenía pensado entregar fertilizante”.
Con esas palabras, el jefe de bloque de Cabal no solo reconoce que el programa fue reactivado desde el Legislativo, sino que evidencia la presión política ejercida sobre el Ministerio de Agricultura para ejecutar una medida que el entonces ministro había descartado meses antes. El intercambio, que parecía rutinario, terminó por confirmar que la actual génesis del millonario programa estaba en el Congreso —y específicamente en el cálculo político de Cabal— más que en una estrategia institucional del gobierno central.
Más pistas desde el oriente
El 1 de diciembre, la sección del pelea de eP Investiga publicó que el resurgimiento del programa de fertilizantes no respondía a razones técnicas, sino a la articulación de nuevos intereses económicos y políticos en el oriente del país. Aquel adelanto advertía que en el entorno comunitario de Chiquimula circulaban rumores persistentes sobre operadores locales, vínculos con estructuras de poder y disputas por el control de contratos. La publicación fue una alerta anticipada del clima que hoy rodea al programa.
Los chiquimultecos aseguraron en esa oportunidad que Henry Augusto Gálvez Martínez, presidente del Sacachispas y dueño de las ferreterías contratadas por Q241 millones para distribuir fertilizante, podría ser un operador cercano a José Manuel, alias el Che, un personaje con historial en el tráfico de sustancias ilegales que purgó condena en Estados Unidos. También señalan conexiones con los diputados Boris España de Vamos, Esduin Javier, electo por Cambio y ahora integrante de Cabal, y Luis Aguirre, jefe de bloque de Cabal.
Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada, pero su persistencia evidencia la percepción de que la reactivación del programa de fertilizantes podría estar entrelazada con redes políticas que se vinculan con el crimen organizado del oriente guatemalteco.
Adquisición cuestionable y MP al acecho
Ingeniosamente —y de forma poco usual para una compra de tal magnitud—, el Decreto 17-2024 aprobado por el Congreso autorizó al Ministerio de Agricultura a eludir la Ley de Contrataciones del Estado. En lugar de realizar una licitación pública, los diputados facultaron al MAGA para ejecutar una compra directa, una excepción que abrió la puerta a un proceso opaco.
La adquisición quedó en firme el 8 de noviembre de 2024, cuando las autoridades del MAGA firmaron la resolución ministerial AG-545-2024, con la que aprobaron la adjudicación dell evento especial a dos empresas: Distribuidora Gálvez López, S.A., por Q241 millones 074 mil 700, y Comercializadora Morales, S.A., por Q32 millones 448 mil 364.
Al momento de la adjudicación, Distribuidora Gálvez López acumulaba Q247.4 millones en contratos públicos desde 2018, cifra que incluía una adjudicación previa del propio MAGA por Q246 millones para la distribución de fertilizantes. Aun así, este fue el primer contrato de gran escala que la empresa recibió específicamente para la entrega de fertilizante en todo el país, pese a que su historial como proveedora del Estado era limitado y poco relacionado con insumos agrícolas.
Sus antecedentes relevantes consistían, principalmente, en la venta de 40 mil sacos de cemento a la Municipalidad de Quezaltepeque y la prestación del servicio de limpieza y recolección de desechos sólidos en calles, avenidas, mercados, parques, servicios sanitarios y entradas de Chiquimula cabecera, por un monto total de Q1.4 millones. No existe registro de que la empresa haya manejado previamente programas de insumos agrícolas, logística masiva o distribución nacional comparable.
La empresa tiene su domicilio fiscal en la avenida Central 5-24, zona 4 de Chiquimula cabecera, y su representante legal es Henry Agusto Gálvez Martínez, quien también es presidente del equipo de fútbol Deportivo Sacachispas de Chiquimula.
Pero como suele suceder, cuando un proceso nace con irregularidades, pronto comenzaron a aparecer las consecuencias. Las primeras denuncias relacionadas con la distribución del fertilizante empezaron a llegar al Ministerio Público.
La primera denuncia fue presentada por el diputado César Dávila, de la bancada BIEN, por anomalías en la entrega de fertilizantes en municipios del departamento de Guatemala.
La segunda denuncia llegó desde la Contraloría General de Cuentas (CGC), tras una auditoría financiera y de cumplimiento realizada en el MAGA correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
La tercera denuncia fue presentada por la actual ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, luego de que la CGC le requiriera pronunciarse sobre los hallazgos detectados durante las auditorías. En su denuncia, la ministra solicitó que se investigue a las personas que resulten responsables de las posibles irregularidades.
La semana pasada, el presidente Arévalo indicó en conferencia de prensa que desconocía sobre los allanamientos realizados por el MP y señaló que “en ocasiones anteriores la FECI hace allanamiento sobre la base de casos espurios, que no tiene ninguna relevancia, pero estamos esperando a ver el resultado de sus investigaciones esta vez”, puntualizó en conferencia de prensa.
Otro negocio que se fraguó desde el Congreso
Pero el fertilizante no es el único caso reciente en el que una maniobra legislativa permitió reactivar un negocio millonario. Una investigación de eP Investiga reveló que la compra de maquinaria pesada para el Ejército, adjudicada por Q147.9 millones, también fue fraguada desde el Congreso.
En noviembre de 2024, durante la aprobación del Presupuesto 2025, diputados de la Comisión de Finanzas —presidida por el legislador Julio Héctor Estrada de Cabal— introdujeron el artículo 129 del Decreto 36-2024, que autorizó transferencias de Q400 millones para el Ministerio de la Defensa. De ese monto, Q200 millones quedaron habilitados específicamente para la adquisición de convoyes, equipo y maquinaria pesada para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
La maniobra presupuestaria fue tan ingeniosa como silenciosa porque el traslado de fondos se financió con recortes a los presupuestos del Ministerio de Comunicaciones y al programa de Aporte Económico al Adulto Mayor.
En marzo de este año, es decir cuatro meses después de la aprobación del Presupuesto 2025, el ministro de la Defensa, Henry David Saenz Ramos, aprobó la adjudicación del concurso a la empresa Class Equipos de Guatemala, S.A., que ganó todos los lotes tras la descalificación de nueve de los diez oferentes. Organizaciones anticorrupción advirtieron sobre la existencia de sobreprecios, falta de competencia real y opacidad en el proceso.
La empresa favorecida está dirigida por Marco Antonio Recinos Méndez y Gerson Steven Recinos Méndez, primos de Jorge David Reyes Recinos, asesor de la presidencia del Congreso bajo la dirección de Nery Ramos. La familia Recinos arrastra antecedentes de señalamientos públicos debido a que el padre de los empresarios fue acusado por la CICIG en un caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
La cercanía entre el asesor del presidente del Congreso y los dueños de la empresa beneficiada refuerza la percepción de que el negocio se cocinó, al igual que el del fertilizante, desde las estructuras internas del Legislativo.
