Durante más de 36 meses, una familia guatemalteca creyó que estaba a punto de recuperar una vivienda ocupada por un operador político que dejó de pagar renta desde 2021. La familia contrató los servicios de Axel Alberto Orellana González, quien se presentó como abogado y simuló un litigio para, supuestamente, recuperar el inmueble. Orellana González les aseguró que el caso avanzaba en juzgados y cortes, con resoluciones a su favor, pero nada de eso era real. Con el tiempo, la familia, al notar que no se resolvía el problema, constató que los procesos judiciales nunca existieron y los documentos que, en apariencia, los respaldaban eran falsos.

A la fecha, la casa 18 del condominio Bristol de Ciudad San Cristóbal en Mixco, sigue ocupada por Carlos Estuardo Carranza Castillo, quien es operador del diputado Luis Fernando Aguirre Estrada e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido Cabal. El político se ha negado a desalojar la vivienda pese a la mora acumulada, una situación que fue documentada en reportajes anteriores de eP Investiga.

En julio de 2022, como consecuencia de la falta de pago y la negativa de Carranza Castillo a desalojar el inmueble, el propietario, un adulto mayor de 74 años, contactó a una persona que se presentó como abogado bajo los nombres de Axel Alberto Orellana González, Alberto Orellana González o Alberto González.

El dueño de la propiedad y el supuesto abogado acordaron el pago de honorarios para un juicio sumario de desalojo y, posteriormente, un monto mayor si se lograba recuperar parte de la deuda. Desde el inicio, el supuesto abogado aseguró que el proceso ya estaba en marcha en un juzgado civil de Mixco y que todo avanzaba “bien”.

La falsa batalla legal

Durante 2022 y 2023, el adulto mayor y su familia comenzaron a recibir copias de supuestas resoluciones judiciales, notificaciones y escritos. Los documentos llevaban supuestos sellos, firmas y logos de instituciones como el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN). Según narraba el supuesto abogado, el inquilino incluso había sido declarado en rebeldía y habrían dictado órdenes de aprehensión en su contra, además de resoluciones favorables para el propietario.

Las comunicaciones se realizaban principalmente por WhatsApp. Las reuniones presenciales nunca se hicieron en una oficina jurídica, sino en cafeterías. Aun así, la familia confió en la información que recibía y continuó realizando pagos por los supuestos servicios legales.

En 2023, el supuesto abogado afirmó haber iniciado un proceso penal para el cobro de las rentas atrasadas. En 2024 le aseguró a la familia que había promovido un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que este había sido resuelto a favor del propietario, con reconocimiento de daños. Mientras en los papeles el caso parecía avanzar, en la práctica el político de Cabal seguía ocupando el inmueble sin pagar un centavo de renta y sin que la familia lograra entender o explicarse cómo, pese a supuestas resoluciones de las más altas cortes del país, el desalojo nunca se materializaba.

En noviembre de este año, el supuesto abogado informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) había ordenado una “reparación digna” y la devolución del inmueble. Posteriormente, aseguró que el OJ había aprobado el pago de Q500 mil como compensación económica.

Para sustentar esos supuestos fallos, entregó un documento que, según él, provenía de una unidad financiera del OJ. Ese documento fue posteriormente verificado y confirmado como falso. Poco después, el supuesto abogado dejó de responder llamadas y mensajes, no se presentó a una reunión programada y su teléfono quedó desconectado.

La verificación con las instituciones del Estado

Ante la desaparición del supuesto abogado, la familia acudió directamente a distintas instituciones del Estado el 24 de noviembre. Consultaron en juzgados, en la PGN y en la CC y las respuestas fueron que los procesos no existían y las resoluciones nunca habían sido emitidas.

En el caso de la CC, se confirmó que el número de expediente que el supuesto abogado les entregó correspondía a un caso distinto, ya cerrado, sin relación con el conflicto por la vivienda. 

La familia también verificó la identidad del supuesto abogado en el CANG y determinó que en el directorio oficial no aparece registrado como colegiado activo ninguno de los nombres utilizados por esta persona, lo que confirmó que no tenía habilitación legal para ejercer la profesión.

Con la información verificada, la familia presentó una denuncia penal contra Axel Alberto Orellana González, Alberto Orellana González y/o Alberto González por los posibles delitos de usurpación de calidad, falsedad material y estafa. En la denuncia se indica que también deben deducirse responsabilidades contra quienes puedan resultar responsables.

Engaño explica la aparente impunidad

La denuncia relata cómo durante casi 36 meses se entregaron resoluciones y documentos falsos atribuidos a juzgados, a la CSJ, a la CC, al MP y a la PGN. Los pagos realizados por los supuestos servicios legales rondan los Q10 mil, pero la familia señala que el daño principal fue el tiempo perdido y el desgaste emocional.

El caso ahora está en manos del MP, que deberá establecer la identidad real de la persona denunciada, determinar si actuó sola o con apoyo de terceros y definir el alcance de la falsificación de documentos públicos.

Lo ocurrido explica por qué, pese a aparentes resoluciones judiciales y órdenes de desalojo, la vivienda nunca fue recuperada por su propietario, pues los procesos sólo existían en documentos falsos y, en la práctica, el sistema de justicia nunca fue activado.

En este entramado de falsedades, la principal víctima es el propietario del inmueble, quien pagó por servicios profesionales que no le fueron prestados y continúa sin recuperar su propiedad, que permanece ocupada por una persona que se niega a desalojar pese al vencimiento del contrato y al incumplimiento en el pago de las rentas y cuotas de mantenimiento del condominio.