El diputado Edgar Raúl Reyes Lee intervino en septiembre del año pasado ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar que continuaran los descuentos realizados mediante nómina a empleados y exempleados públicos afiliados a la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y Exempleado Públicos (ANAPEP) una entidad con la que mantiene un vínculo que se remonta a la constitución de la asociación.

La gestión consta en el oficio ERRL/igvp-24-09-2025-136, fechado el 24 de septiembre de 2025 y dirigido al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig. El documento fue recibido por la entidad del Tesoro el 25 de septiembre del año pasado.

En la carta, Reyes Lee explicó que había recibido una solicitud de ANAPEP para intervenir ante Finanzas. “He tenido a bien dirigirme al despacho a su digno cargo, en ocasión de hacer de su apreciado conocimiento, que a mi despacho ha llegado la nota de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinticinco (22-09-2025) Of.Desc.039-2025, de la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y Exempleado Público -ANAPEP-”, señaló.

Según el diputado, en esa comunicación la asociación le solicitó su “intermediación” para que continuaran los descuentos a sus afiliados. “Donde solicitan mi intermediación para que se sigan autorizando los descuentos a los miembros Asociados de Clases Pasivas del Estado que están Asociados a -ANAPEP-”, escribió Reyes Lee.

El congresista agregó que ANAPEP le manifestó que esos descuentos se habían realizado durante décadas mediante la Contabilidad del Estado. “Continúan manifestando que desde hace más de treinta años esos descuentos se han realizado a través de Contabilidad del Estado, sin interrupción alguna”, se lee en el documento.

Reyes Lee es actualmente diputado por el distrito de Petén y forma parte del bloque Vamos por una Guatemala Diferente, plataforma política que impulsó a Alejandro Giammattei a la Presidencia en las elecciones generales de 2019.

Una petición para evitar que los afiliados caigan en mora

El argumento central de Reyes Lee para pedir al ministro de Finanzas que tomara en consideración la solicitud de ANAPEP fue el posible efecto que tendría la suspensión de los descuentos sobre los afiliados.

“Apelo respetuosamente al Sr. Ministro de Finanzas, tomar en consideración el daño que se les ocasionará a más de ocho mil personas Afiliadas al régimen de Auxilio Póstumo que brinda -ANAPEP-”, escribió el diputado.

Seguidamente explicó cuál sería, según su planteamiento, la consecuencia de suspender las deducciones. “Toda vez que al no realizarse los descuentos correspondientes caerán en mora y perderán la ayuda social a la que actualmente tienen derecho”, señaló en la carta.

El documento no plantea una solicitud para investigar la situación financiera de ANAPEP ni hace referencia a los reclamos de beneficiarios que para entonces denunciaban retrasos en el pago de los auxilios póstumos. La gestión está dirigida específicamente a procurar la continuidad de los descuentos.

La carta termina con una nueva apelación al ministro. “Conociendo el alto sentido de conciencia social que distingue a este Gobierno, hago propicia la ocasión para reiterarle al Distinguido Sr. Ministro, las muestras de mi alta consideración y estima”, escribió Reyes Lee.

Dos solicitudes ante Finanzas

eP Investiga consultó y envió un cuestionario de 10 preguntas al Ministerio de Finanzas sobre la carta del legislador. A partir de las respuestas otorgadas por las autoridades se puede reconstruir qué sucedió tras la petición del diputado Reyes Lee.

Según la versión de Finanzas, ANAPEP había enviado primero, el 17 de septiembre de 2025, el oficio OF. 038-2025, mediante el cual solicitó una extensión para continuar con el mecanismo de descuento de las cuotas a sus asociados jubilados. Una semana después, es decir, el 24 de septiembre, Reyes Lee presentó su propia comunicación ante Finanzas y adjuntó la solicitud formulada por ANAPEP.

El Ministerio informó que respondió a la asociación mediante el oficio 2768, fechado el 14 de octubre de 2025. En esa respuesta concedió una prórroga de seis meses para que ANAPEP pudiera desarrollar mecanismos que permitieran a sus asociados realizar directamente sus aportes.

Durante ese período, Finanzas mantuvo el mecanismo de descuento en las planillas correspondientes a las Clases Pasivas del Estado. Las autoridades del Tesoro aclararon que esa prórroga terminó en abril de este año. Por ello, a partir de mayo dejó de aplicarse el descuento a los asociados de ANAPEP incluidos en las Clases Pasivas.

Una relación que comenzó hace más de tres décadas

La relación de Edgar Raúl Reyes Lee con ANAPEP se remonta a mayo de 1990, cuando participó como representante de la asociación en el trámite mediante el cual se solicitó al Ministerio de Gobernación la aprobación de sus estatutos y el reconocimiento de su personalidad jurídica.

El procedimiento culminó con la publicación del Acuerdo Gubernativo 432-90, firmado el 21 de mayo de 1990 por el entonces presidente Vinicio Cerezo. Más de tres décadas después, Reyes Lee volvió a intervenir en un asunto directamente relacionado con la asociación, esta vez desde su posición como diputado y mediante una comunicación dirigida a un ministro de Estado.

Pero la relación entre Reyes Lee y Anapep no se remonta solamente a documentos históricos. El pasado 24 de septiembre, eP Investiga consultó el Registro Tributario Unificado (RTU) de la asociación y constató que la entidad no gubernamental registra tres representantes legales activos, uno de ellos es Edgar Raúl Reyes Lee.

Los otros dos representantes legales registrados ante la SAT y que también aparecen activos son Carlos Roberto Larios Huertas y Carlos Humberto Cristales Escobar.

Ante ello, la pregunta que surge es hasta dónde puede intervenir un diputado ante un ministro para solicitar la continuidad de un descuento que beneficia directamente a una entidad con la que tiene un vínculo.

La abogada y exfiscal anticorrupción Samari Gómez considera que ese punto merece un análisis jurídico, pues los diputados son dignatarios de la nación y representantes del pueblo, pero ello no los coloca fuera del marco legal. La Constitución establece que los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad y responsables legalmente por su conducta oficial.

Su análisis parte de una diferencia fundamental entre un ciudadano particular y un funcionario público. Mientras un ciudadano puede realizar todo aquello que la ley no prohíbe, sostiene Gómez, un funcionario únicamente puede hacer aquello que la legislación le permite expresamente.

La jurista hizo referencia directa al RTU en el que aparece Reyes Lee como uno de los representantes legales de ANAPEP. “En el presente caso, el hecho de que en un registro público figure el señor Edgar Raúl Reyes Lee como representante de la entidad, genera un vínculo directo”, señaló Gómez.

Para la abogada, esa circunstancia adquiere relevancia porque existe además un documento oficial, con membrete del Organismo Legislativo, emitido por Reyes Lee en su calidad de diputado en el que solicita a un funcionario público mantener una actuación que beneficia directamente a la entidad con la que está vinculado.

“La situación se agrava desde el momento en el que se evidencia la existencia de un documento oficial, emitido en la calidad de funcionario público, en el cual se solicita expresamente a otro funcionario la continuidad de un acto que beneficia directamente a la entidad vinculada a él”, afirmó.

Gómez plantea que debe analizarse si la actuación de Reyes Lee puede relacionarse con las prohibiciones contempladas en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, particularmente su literal e), así como si las funciones que la Constitución y la ley confieren a un diputado alcanzan para realizar una gestión de esta naturaleza.

La abogada no afirmó que la carta constituya por sí misma un delito. Su planteamiento es que corresponde determinar jurídicamente si existió una intervención indebida, un eventual conflicto de intereses o alguna otra consecuencia legal.

“Con su actuar pareciera estar ejerciendo una intervención indebida en un acto que beneficia directamente a una entidad vinculada a él, independientemente del trasfondo por el cual se realizó la petición formulada”, sostuvo.

Finanzas reporta más de Q61 millones trasladados a ANAPEP

En su respuesta a eP Investiga, el Ministerio de Finanzas también entregó información sobre los recursos trasladados a ANAPEP durante los últimos años. Los datos fueron obtenidos del reporte R00801345.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y están actualizados al 22 de septiembre de 2026.

Según ese registro, en 2020 fueron trasladados Q10 millones 561 mil 020; en 2021, Q10 millones 231 mil 560; en 2022, Q10 millones 036 mil 080; y en 2023, Q9 millones 645 mil 300. La cifra disminuyó a Q9 millones 281 mil 654.73 en 2024 y a Q7 millones 842 mil 099.84 en 2025. Para 2026, el reporte registra Q3 millones 485 mil 700 trasladados hasta la fecha de corte. En conjunto, los montos reportados por Finanzas ascienden a Q61 millones 083 millones 414.57.

La entidad aclaró que esta cifra corresponde específicamente a los “recursos trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas a ANAPEP”, de acuerdo con el reporte de Sicoin. Por ello, no debe interpretarse como el total de descuentos efectuados a todos los trabajadores y jubilados del Estado, ya que el propio Ministerio señala que no administra las planillas de las demás entidades públicas.

En el caso de los empleados públicos activos, cada institución es responsable de administrar su propia nómina y las deducciones correspondientes. Finanzas también indicó que no aplica descuentos a empleados o exempleados que no formen parte de su propia nómina. 

La situación es distinta para los jubilados incorporados a las Clases Pasivas del Estado, cuyos descuentos sí se efectuaban mediante las planillas administradas por Finanzas. Ese mecanismo fue mantenido durante la prórroga concedida en octubre del año pasado y dejó de aplicarse a partir de mayo, una vez venció el plazo de seis meses otorgado a ANAPEP para desarrollar mecanismos que permitieran a sus asociados realizar directamente sus aportes. 

La gestión ocurrió mientras crecían las dudas sobre ANAPEP

La carta del diputado Edgar Raúl Reyes Lee fue enviada en septiembre del año pasado, cuando ya existía un expediente de investigación relacionado con ANAPEP.

Desde 2023, el Ministerio Público (MP) mantiene abierta una investigación por orden judicial. Entre las diligencias solicitadas por los fiscales está el acceso a información bancaria de la asociación para identificar cuentas, instrumentos financieros y las personas autorizadas para manejarlos.

Sin embargo, esa diligencia no se ha concretado debido a que la audiencia en la que el MP debe explicar ante un juez las razones para solicitar esa información ha sido retrasada por recusaciones maliciosas promovidas por la defensa legal de ANAPEP dentro del proceso.

Al mismo tiempo, beneficiarios han denunciado que durante años han estado esperando el pago del auxilio póstumo que debería recibir la familia tras el fallecimiento de un asociado. En su portal web ANAPEP afirma actualmente tener más de 20 mil familias bajo su cobertura y cobra una cuota mensual de Q60.

El Ministerio de Finanzas informó que el pasado 20 de mayo fueron citados al Congreso por los diputados Edgar Raúl Reyes Lee y Dámaris Carolina Cerna Acevedo, en su calidad de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. En esa reunión, las autoridades de Finanzas explicaron sobre el vencimiento de la extensión otorgada a ANAPEP y las razones por las cuales el mecanismo de descuentos para Clases Pasivas había llegado a su fin.

Finanzas también dio a conocer que recientemente ANAPEP presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra esa entidad, identificado con el número de expediente 4369-2026, mediante el cual busca la reactivación del mecanismo de descuentos en las planillas de Clases Pasivas, sin que a la fecha exista aún una resolución.