Por segunda ocasión, Fidel Reyes Lee exige una rectificación al medio, pese a que eP Investiga ya publicó una primera aclaración acompañada de una nota editorial en la que explicó que la investigación original no le atribuyó haber fundado ANAPEP, haber gestionado su reconocimiento legal ni formar parte de la administración de la asociación. En…
Una carta enviada al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, revela que el diputado Edgar Raúl Reyes Lee usó su cargo para solicitar la continuidad de los descuentos de la ANAPEP a empleados y exempleados públicos, pese a que para entonces ya existían reclamos por retrasos en el pago de auxilios póstumos y una investigación del Ministerio Público sobre la asociación. Registros públicos consultados por eP Investiga en la SAT muestran, además, que Reyes Lee figura como representante legal activo de ANAPEP.
En 1990, Edgar Raúl Reyes Lee participó en el trámite que dio vida legal a ANAPEP. Treinta y seis años después, él y sus hermanos ocupan posiciones en el Congreso, la rectoría de una universidad con participación en procesos de postulación y una magistratura de Apelaciones. Mientras miles de empleados y exempleados públicos continúan aportando cada mes a la asociación, beneficiarios que llevan años esperando el pago del auxilio póstumo se preguntan si la influencia que concentra la familia Reyes Lee tiene alguna relación con los retrasos que enfrenta la investigación del Ministerio Público sobre el manejo de sus recursos.
Durante más de tres décadas, miles de empleados y exempleados públicos han aportado mensualmente a la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y Exempleado Público (ANAPEP) con la expectativa de que sus familias reciban un respaldo económico cuando ellos mueran. Pero detrás de ese propósito existe hoy una organización cuestionada por sus beneficiarios quienes aseguran que llevan años esperando sus pagos, mientras no logran conocer cuánto dinero administra la asociación, cuáles son sus obligaciones financieras y quiénes manejan sus cuentas. Los reclamos derivaron en una investigación penal que, después de tres años, sigue sin llegar a una diligencia clave para conocer el movimiento bancario de la ANAPEP, mientras sucesivas recusaciones contra la jueza han frenado el proceso.
