Durante años, miles de empleados públicos han entregado parte de su salario a una organización creada para ayudar económicamente a sus familias después de su muerte. Ahora, algunos de esos trabajadores y beneficiarios aseguran que cuando llegó el momento de recibir este auxilio comenzaron a encontrarse con atrasos de meses y, en algunos casos, de años.
La Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y Exempleado Público (ANAPEP) fue creada en 1990 durante el gobierno de Vinicio Cerezo mediante el Acuerdo Gubernativo 432-90. Su objetivo es brindar un auxilio económico a los beneficiarios de sus asociados.
El proceso para formalizar la organización comenzó en mayo de ese año cuando Edgar Reyes Lee, en representación de ANAPEP, se presentó ante el Ministerio de Gobernación para solicitar la aprobación de los estatutos y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la asociación. Los estatutos fueron aprobados mediante el Acuerdo Gubernativo 432-90, emitido el 21 de mayo de 1990 y publicado el 6 de junio de ese mismo año.
Más de tres décadas después, Reyes Lee ocupa una curul en el Congreso de la República en representación del distrito de Petén. Es su tercera legislatura. Las dos anteriores las obtuvo con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, mientras que para el actual período llegó al Congreso con Vamos por una Guatemala Diferente, agrupación con la que obtuvo su curul durante el período de gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Hoy, la organización que en 1990 Reyes Lee representó ante Gobernación enfrenta reclamos de personas que aseguran que no reciben los pagos que esperan, que no han podido conocer con claridad su situación financiera y que los directivos no han explicado qué ocurre con los recursos que aportan sus integrantes.
La página oficial de ANAPEP asegura actualmente que más de 20 mil familias confían en la organización y señala que la cuota mensual es de Q60. Pero detrás de esas cifras existe una historia que comenzó a tomar forma después de la pandemia.
Los pagos que comenzaron a retrasarse
Un grupo de personas afectadas entrevistadas por eP Investiga asegura que la mayoría de los beneficiarios de ANAPEP son maestros y que los problemas comenzaron a hacerse evidentes después del COVID-19.
Con el aumento de fallecimientos entre los asociados, familiares comenzaron a acudir a la organización para reclamar los auxilios que esperaban recibir. Fue entonces cuando, según la entrevistada, empezaron a descubrir que los pagos no se estaban realizando con la rapidez acostumbrada.
Los afectados aseguran que anteriormente se les indicaba que un trámite podía resolverse en alrededor de seis meses. Sin embargo, algunos comenzaron a superar ampliamente ese plazo. Hay personas que, según los testimonios recogidos por este medio, llevan hasta cuatro o nueve años esperando.
Cuando preguntan por sus expedientes, la respuesta es que el proceso se encuentra en trámite. Para quienes reclaman, esa explicación no resuelve la pregunta principal que es la de saber cuándo recibirán el dinero y por qué el proceso lleva tanto tiempo.
La preocupante situación llevó a los afectados a comenzar a organizarse y a buscar respuestas directamente en ANAPEP. La primera asamblea que recuerdan se realizó en la Escuela Normal para Varones. Allí comenzaron a encontrarse personas que tenían problemas similares y que hasta entonces habían realizado sus reclamos de manera individual.
Los familiares de los beneficiarios aseguraban tener varios años de espera y otros reclamaban que no se les entregaba la totalidad del dinero que consideraban que les correspondía. Por lo que la dimensión del problema comenzó a hacerse visible.
Una organización que recibe aportes pero no muestra sus cuentas
Los afectados sostienen que uno de los principales problemas es que no han podido conocer con claridad la situación financiera de ANAPEP. La organización recibe aportes mensuales de sus asociados. Actualmente, su página oficial establece una cuota de Q60 al mes.
Los reclamantes aseguran que el Ministerio de Finanzas realiza el descuento a los empleados públicos y que otros asociados realizan sus pagos voluntariamente. También sostienen que, a raíz de los reclamos que comenzaron a presentar, Finanzas dejó de realizar automáticamente los descuentos a las personas pertenecientes a las clases pasivas del Estado.
El problema para los afectados es que, pese a la existencia de esos aportes, nunca han tenido acceso a un estado de cuenta que les permita saber cuánto dinero ha recibido ANAPEP, cuánto tiene disponible, cuánto debe pagar y cuánto destina a sus gastos administrativos.
El sitio de la organización ofrece información general sobre sus servicios y afiliación, pero no publica estados financieros ni información que permita conocer el tamaño de sus ingresos, sus gastos o sus obligaciones pendientes.
Los afectados aseguran que han presentado requerimientos formales para obtener información y que estos han sido negados. También han pedido reuniones con los responsables de la asociación pero según su relato, los directivos no los reciben y quienes acuden a las oficinas terminan siendo atendidos por una recepcionista.
La solicitud millonaria al Congreso
Las dudas sobre el manejo de las finanzas de la asociación aumentaron cuando los afectados conocieron que representantes de ANAPEP habían acudido a la Comisión de Finanzas del Congreso para solicitar recursos del Estado.
En noviembre de 2022, cuando se discutía la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2023, el entonces presidente de ANAPEP, Carlos Lirios, solicitó a la Comisión de Finanzas y Moneda una asignación presupuestaria de Q10 millones y afirmó que era la primera vez que la asociación pedía fondos al Estado. En esa misma comparecencia, el directivo de ANAPEP aseguró que la asociación contaba con alrededor de 19 mil miembros.
Para los reclamantes, conocer que la asociación buscaba una asignación millonaria mientras había personas esperando sus beneficios generó nuevas preguntas sobre las finanzas de ANAPEP.
¿Por qué una asociación que recibe aportaciones periódicas de sus miembros acudió al Congreso para solicitar una asignación de Q10 millones?, se pregunta uno de los afectados que habló con eP Investiga.
Pese a la solicitud realizada por el directivo de ANAPEP, los congresistas no incluyeron ningún rubro a favor de la asociación en el Presupuesto 2023.
Los afectados comenzaron a organizarse
Las preguntas alrededor de los pagos y las finanzas llevaron a un grupo de asociados y beneficiarios a organizarse. En las reuniones aparecieron más personas con reclamos similares. Algunos aseguraban que tenían hasta cuatro años esperando. Otros afirmaban que habían intentado conocer el estado de sus expedientes sin recibir una explicación concreta.
Los afectados también aseguran que los directivos comenzaron a negociar algunos casos individualmente. Según una de las personas entrevistadas, en determinados casos se habría ofrecido a los beneficiarios un porcentaje de lo que reclamaban, en lugar del total y la gente ante la necesidad aceptan.
En marzo de 2023, los reclamantes presentaron una querella penal que fue remitida al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal que resolvió darle trámite a la acción y ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación.
Inicialmente el MP intentó encontrar una salida conciliada. Sin embargo, los representantes de ANAPEP no acudieron a las reuniones convocadas, según los afectados. Después de realizar gestiones ante las autoridades del ente investigador, la investigación fue trasladada a una unidad especializada en casos de estafa.
Documentos entregados a eP Investiga confirman que el expediente identificado como MP001-2023-17293 continúa activo en el MP. Uno de esos documentos, fechado el 24 de enero de 2025, fue emitido por la Fiscalía de Casos Especiales. En él, el MP solicitó al Registro de Personas Jurídicas (Repeju) información sobre las personas que figuraban como representantes legales de ANAPEP.
Otro documento, fechado el 2 de abril de 2024, muestra que un mandatario de los querellantes presentó ante la Unidad de Reacción Inmediata del Ministerio Público un memorial para dejar constancia del respaldo de los afectados a la solicitud de obtener autorización judicial para requerir información al sistema bancario sobre las cuentas y otros instrumentos financieros manejados por ANAPEP.
El documento enumera a 26 personas representadas y señala expresamente que los querellantes respaldan la solicitud de la fiscalía para conocer las cuentas bancarias y otros instrumentos financieros de la asociación. La diligencia tenía como objetivo concreto el determinar qué cuentas e instrumentos financieros estaban a nombre de ANAPEP y quiénes tenían autorización para manejarlos.
Según los afectados, durante la investigación se documentó el reclamo individual de cada querellante y se recibieron declaraciones testimoniales. Posteriormente, el MP solicitó que los afectados presentaran actas notariales de declaración jurada para precisar cuánto había aportado cada persona y cuál era el monto que reclamaba.
Los querellantes buscaban no solamente recuperar las cantidades que habían entregado, sino también reclamar intereses y daños y perjuicios derivados del tiempo transcurrido. El MP nuevamente buscó una conciliación pero los abogados de ANAPEP manifestaron que la asociación no estaba dispuesta a devolver las contribuciones reclamadas porque, según su interpretación, el reglamento de la organización no establecía la devolución de esos aportes pese a los retrasos en la entrega del auxilio póstumo.
Litigio malicioso
Posteriormente, los investigadores buscaron una autorización judicial para requerir información al sistema bancario guatemalteco sobre las cuentas y otros instrumentos financieros de ANAPEP.
Sin embargo, la audiencia en donde el MP debe explicar ante la jueza contralora porque debe obtener esa autorización no ha podido llevarse a cabo debido a una recusación presentada por los abogados de ANAPEP en contra de la jueza del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal por lo que el expediente fue enviado a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
A comienzos de este año se programó una audiencia relacionada con la recusación y representantes de ANAPEP se presentaron para informar que desistían de ella por lo que el expediente regresó al Juzgado Duodécimo.
La audiencia volvió a ser programada para que el Ministerio Público explicara las razones por las que buscaba obtener información sobre las cuentas bancarias de ANAPEP. Pero antes de que se realizara, los directivos y la defensa de la asociación volvieron a recusar a la jueza.
Ell expediente regresó nuevamente a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y, según los afectados, allí permanece a la espera de una resolución. El resultado es que, más de tres años después de iniciada la querella, la investigación todavía no ha llegado a una de las diligencias que los reclamantes consideran fundamentales para conocer cuánto dinero tiene ANAPEP, en qué instituciones financieras está depositado y quiénes están autorizados para manejarlo.
Una organización opaca
La situación de la ANAPEP contrasta con la poca información financiera disponible. La organización asegura en su portal web que actualmente tiene más de 20 mil familias bajo su cobertura y cobra Q60 mensuales por afiliado.
Pero no existe información pública que permita determinar cuánto dinero ingresa anualmente a la asociación, cuánto se paga en beneficios, cuánto se destina a gastos administrativos, qué inversiones posee o cuál es el monto de las obligaciones pendientes.
Los documentos entregados a eP Investiga muestran que el MP ha buscado avanzar hacia las cuentas bancarias de la asociación para establecer si existen irregularidades. Sin embargo, el litigio malicioso al presentar múltiples recusaciones contra la jueza han impedido que se realice la audiencia en la que debe justificarse esa solicitud.
Mientras tanto, hay familias que, según sus testimonios, llevan años esperando un auxilio creado precisamente para responder ante una muerte. Hay asociados que dicen no conocer el estado financiero de la organización a la que aportan.
