Durante más de tres décadas, miles de empleados y exempleados públicos han aportado mensualmente a la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y Exempleado Público (ANAPEP) con la expectativa de que sus familias reciban un respaldo económico cuando ellos mueran. Pero detrás de ese propósito existe hoy una organización cuestionada por sus beneficiarios quienes aseguran que llevan años esperando sus pagos, mientras no logran conocer cuánto dinero administra la asociación, cuáles son sus obligaciones financieras y quiénes manejan sus cuentas. Los reclamos derivaron en una investigación penal que, después de tres años, sigue sin llegar a una diligencia clave para conocer el movimiento bancario de la ANAPEP, mientras sucesivas recusaciones contra la jueza han frenado el proceso.
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