El Ministerio Público (MP) recibió hace cinco años un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por Q462 millones 699 mil equivalentes a US$60 millones, destinados a contribuir a la reducción de la impunidad en Guatemala, el fortalecimiento y la modernización de la institución. 

Según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), hasta el 3 de mayo de este año, el MP solo había recibido el 21.99 por ciento (Q101.7 millones) del dinero a pesar de que los desembolsos se vencen en abril de 2027, o sea 11 meses después de que concluya el período de Porras como Fiscal General. Es decir que han ejecutado menos de la mitad del préstamo desde que fue aprobado.

El dinero debería utilizarse por medio de los componentes presupuestarios de reingeniería de sistemas internos, adopción de un modelo integrado de trabajo, imprevistos, entre otros. 

La nueva torre 

La ampliación de la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona zona 1, conocida como torre III, fue adjudicada el mes pasado a la Constructora R y P Limitada/Apca Rezgua por un monto de Q303 millones 663 mil 124. La construcción es parte de la programación del préstamo del BID. 

De acuerdo al informe financiero de noviembre de 2020, la construcción y equipamiento de la torre III tenía contemplado un presupuesto máximo de Q366 millones. Además debía realizarse a través de licitaciones públicas internacionales. 

El objetivo de este proyecto era reorganizar y mejorar los servicios de atención al ciudadano  y la adopción de un modelo integrado de trabajo para coordinar equipos de investigación y fiscalías. 

En julio de 2021, el MP sacó una licitación para el estudio de preinversión sobre la Torre III, pero nueve meses después el proceso fue rescindido. A pesar de que recibieron 13 manifestaciones de interés de empresas de España, Panamá, Costa Rica, Colombia y Argentina, el proceso no trascendió. 

Fue hasta julio del año pasado que el MP publicó el concurso para licitación y el pasado 16 de abril lo adjudicó a la Constructora R y P Limitada/Apca Rezgua, una empresa constituida en 1980 e inscrita en el Registro Mercantil en 1996. 

Se consultó con la oficina de comunicación social del MP para conocer los motivos del retraso de la obra que inició a licitarse en 2021, la razón por la que se decidió echar a andar el proyecto con premura a partir del presente año y conocer más información sobre la adjudicación de la torre III, pero al cierre de la nota no se tuvo respuesta. 

Mario René Razuleu Guzmán es representante legal de la compañía que durante 11 años facturó a diversas instituciones el monto por más de 727.5 millones, siendo sus años más fructíferos 2023 y 2025. En 2023 ganó el contrato para la construcción del hospital de Sololá por Q274.2 millones en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ese proyecto estaba incluido en un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobado en 2020. En tanto que este año obtuvo la construcción de la torre III del MP.

Prensa Comunitaria reveló en 2023 que para construir el hospital de Sololá se contrató al consorcio EMPO Constructores, S.A. de C.V. México al que pertenecía la Constructora R y P Limitada. La compañía mexicana fue señalada de corrupción por posible “sobrecosto” en la remodelación del Congreso de Puebla y por la “adjudicación de supuestas obras fantasma” otorgadas por la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo. 

El Ministerio Público aún no publica el contrato de la construcción de la torre III por lo que se desconoce la fecha exacta en la que la obra debe estar concluida. 

Pagando intereses y sin ejecución

El préstamo del BID fue adquirido por un plazo de 25 años con una tasa de interés del 6.07 por ciento de los cuales el Estado ya canceló al Banco Q15.7 millones, en concepto de intereses. El monto pendiente de desembolso es de Q360.9 millones los cuales casi coinciden con el costo de la torre III. 

Entre las principales inversiones en las que se ha gastado el dinero del préstamo figuran adquisición de software, aire acondicionado, equipo audiovisual e informático. Así como la compra de teleprompter, sistema de sonido vertical, equipo fotográfico y sistema de conferencia inalámbrico. 

Luego de recibir ese préstamo, el Ministerio Público debiera haber aumentado “la eficiencia en el procesamiento de denuncias y casos, la calidad de las solicitudes de acusación presentadas por los jueces” y poner en marcha “un mecanismo para que los tiempos de respuesta interna y para atención al ciudadano”, según las condiciones que estipulaba el préstamo otorgado.

En cambio, durante los últimos años, el MP ha dedicado la mayoría de sus recursos a perseguir y encarcelar a opositores políticos, activistas, jueces y periodistas críticos a la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. El préstamo fue aprobado por medio del Decreto 14-2020 cuando Allan Rodríguez fungió como presidente y Felipe Alejos el secretario ambos de la junta directiva del Congreso de la República. 

Un recuento realizado por el medio Plaza Pública indicó que hasta agosto del año pasado 117 personas acusadas por casos de corrupción durante la época de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fueron beneficiadas bajo la administración de Consuelo Porras.