El Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL) presentó una denuncia a la Junta Directiva del Congreso en la que sostiene que la designación de Milca Sarai Palacios Reyes como encargada de despacho de la Subdirección de Comunicación Social del Congreso de la República estuvo marcada por una serie de irregularidades que, a su criterio, contravienen la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo y la propia Ley Orgánica del Congreso.

En el documento, el sindicato solicita que se deje sin efecto el nombramiento al considerar que «no se cumplieron los requisitos establecidos por la ley» para ocupar el cargo. Además remitieron copias al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Uno de los principales señalamientos apunta a la preparación académica de la funcionaria, de acuerdo con los sindicalistas, después de revisar el expediente laboral obtenido mediante una solicitud de acceso a la información pública, no encontraron evidencia de que Palacios Reyes posea un título universitario que acredite el perfil profesional exigido para dirigir el área de Comunicación Social.

El Artículo 162 Bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que los jefes de Protocolo y de Comunicación Social «deberán ser profesionales, con experiencia en la materia». Para los denunciantes, esa omisión confirma que la funcionaria «no cumple los requisitos mínimos para el nombramiento».

Ascenso meteórico, aumento salarial y una plaza ocupada

En la denuncia, los sindicalistas también cuestionan el rápido ascenso laboral de la nueva subdirectora de Comunicación Social del Congreso sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo.

El 6 de febrero de 2026, Milca Sarai Palacios Reyes fue contratada como Asistente II mediante el contrato 1729-2026, con un salario mensual de Q12 mil. Sin embargo, apenas cuatro meses después, el 2 de junio, las autoridades administrativas del Congreso suscribieron la modificación contractual 28-2026, por medio de la cual fue ascendida al puesto de Asistente III, con un salario de Q14 mil mensuales.

El STOL también sostiene que la plaza recién otorgada a Palacios Reyes ya había sido adjudicada en 2018 a José Fernando López Castañeda mediante el concurso interno por oposición identificado como 002-2018, tal como consta en el Acta de Junta Directiva número 67-2018, del 15 de octubre de ese año. 

Por esa razón, los denunciantes afirman que tanto esa como otras plazas obtenidas mediante concursos de oposición «a la fecha no se encuentran vacantes», por lo que consideran que carecía de fundamento legal nombrar a Milca Sarai Palacios Reyes como encargada de despacho bajo la figura de una plaza vacante.

A criterio del sindicato, la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo establece que este tipo de nombramientos temporales deben recaer preferentemente en personal de carrera que reúna los requisitos del cargo y forme parte de la nómina de elegibles elaborada por la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, sostienen que ese procedimiento fue omitido y que la designación se realizó sin respetar el mecanismo previsto por la normativa vigente.

Con base en la Ley de Servicio Civil, su reglamento y los manuales de puestos y salarios vigentes, el STOL pidió a la Comisión Permanente tres requerimientos concretos. Que se tenga por presentado el memorial de oposición. Que se admitan los medios de prueba ofrecidos, entre ellos la fotocopia completa del expediente y de los contratos de la trabajadora, con valor probatorio para verificar el incumplimiento. Y que se considere dejar sin efecto el nombramiento, «evitando así poder caer en posibles ilegalidades y posibles hallazgos».

“Todas las contrataciones en el Congreso están apadrinadas”

Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, el caso refleja un problema que trasciende un nombramiento en particular. Afirmó que el desorden en la contratación de personal dentro del Congreso «no es nuevo» y evidencia, una vez más, la ausencia de una política de gestión del recurso humano en el Organismo Legislativo.

«En el Congreso no existe una verdadera gestión del recurso humano. Todas las contrataciones están apadrinadas por los diputados, quienes tienen acceso a bolsones de plazas como parte de las negociaciones por el voto que otorgan a la Junta Directiva de turno», señaló.

Marroquín agregó que este modelo ha permitido que cada nueva Junta Directiva utilice la estructura administrativa como un mecanismo de negociación política, debilitando los procesos de profesionalización del personal y favoreciendo la discrecionalidad en la ocupación de plazas dentro del Organismo Legislativo.

Extraoficialmente se conoce que la contratación de Milca Sarai Palacios habría sido promovida por el diputado Julio César López, quien actualmente ocupa la Quinta Secretaría de la Junta Directiva del Congreso. De acuerdo con diversas fuentes consultadas, el congresista, representante del distrito de Huehuetenango, impulsó la incorporación de Palacios, quien también es originaria de ese departamento.