A finales de julio, mediante dos procesos de licitación pública, el Ministerio de la Defensa Nacional adjudicó a la empresa Distribuidora Garport, S.A. la compra de 356 mil 485 metros cúbicos de balasto por un monto de Q81.7 millones. Según las actas de adjudicación, el contrato para Alta y Baja Verapaz asciende a Q58.3 millones, mientras que el destinado a Quiché costará Q23.3 millones.

El balasto es piedra triturada o grava que se usa para mejorar y reforzar los caminos de terracería. Sirve para emparejar la superficie, evitar que el lodo y los baches se formen con facilidad, y permitir que el agua de lluvia se escurra. Usualmente este material se coloca como base antes de pavimentar, o como capa final en carreteras rurales donde no hay asfalto.

Según las bases de licitación registradas en los NOG de Guatecompras 26591537 y 26588803, el balasto deberá ser entregado en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché, con el fin de “ejecutar trabajos de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red vial a cargo de los convoyes para intervención estratégica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”.

Se solicitó información al Departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa sobre el destino exacto y el uso previsto del balasto pero no hubo respuesta por parte de las autoridades militares.

Los documentos de las licitaciones establecen que 229 mil 485 metros cúbicos de balasto serán utilizados en Alta Verapaz, otros 25 mil metros cúbicos en Baja Verapaz y 102 mil metros cúbicos en Quiché. Para dimensionar la cantidad comprada: el volumen total de balastro equivale a rellenar 142 piscinas olímpicas o a llenar nueve veces el volumen del templo Gran Jaguar de Tikal.

Las especificaciones técnicas para las compras de balasto en las Verapaces y Quiché establecen que el material debe ser de calidad uniforme, libre de residuos de madera, raíces o cualquier otro elemento perjudicial o ajeno. Además, el tamaño máximo del agregado no puede superar las dos terceras partes del espesor de la capa y, en ningún caso, exceder los 100 milímetros.

Además, el límite líquido —que mide la capacidad del material para absorber agua— no debe ser mayor a 35, y el índice de plasticidad —que indica la estabilidad del suelo— debe situarse entre 5 y 11, según los métodos internacionales AASHTO T89 y T90 para construcción vial. El proveedor debe presentar un certificado de laboratorio que confirme estas características.

Respecto a la entrega, el Ejército estableció que 229 mil 485 metros cúbicos para Alta Verapaz se entregarán en el Caserío El Corozal, Cobán (RD-AV-35-02). Los 25 mil metros cúbicos para Baja Verapaz se colocarán en Caserío Ribacó, Purulhá (RD-BV-20). 

Para Quiché, la entrega se dividirá entre Santa María Nebaj (35 mil metros cúbicos), Chajul (37 mil metros cúbicos), San Juan Cotzal (30 mil metros cúbicos) municipios de Quiché y, de manera inusual, también se incluyeron a los municipios de Santa Ana (25 mil metros cúbicos) y San José (10 mil metros cúbicos), ambos en Petén.

Único oferente, con vínculos políticos y sin experiencia

En ambos procesos de licitación, la única empresa que presentó ofertas para proveer balasto al Ejército fue Distribuidora Garport. La sociedad fue constituida el 14 de mayo de 2020 por el notario Kevin Joseph Portillo Cordón, quien ese mismo año trabajó como asesor de la diputada Sofía Hernández (Vamos), entonces primera vicepresidenta del Congreso.

Las socias fundadoras son Shirley Alejandra Miranda y Claudia Marina Jayes Cruz. Miranda es la representante legal de Constructora Alian, S.A., empresa vinculada a Luis Amílcar García González, candidato a diputado por el partido Vamos en 2019. La relación política se extiende a la familia: la hermana de García González, Ana Isabel, se casó en 2019 con Camilo Dedet Alvarado, hijo de Camilo Dedet Casprowitz, exsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en el gobierno de Giammattei y exsecretario de organización de Vamos.

Este año, el Ministerio de Gobernación dirigido por Francisco Jiménez otorgó a Constructora Alian un contrato por Q12.7 millones para ejecutar trabajos de recapeo y mantenimiento de banquetas dentro de las instalaciones de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en la zona 6 de la ciudad capital.

En 2022, elPeriódico documentó que Shirley Alejandra Miranda también tuvo la representación legal de Constructora Amibla, S.A., y que sus cuotas patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueron aportadas por la entidad Distribuidora AMG, S.A., la cual tuvo como representante legal a Luis Amílcar García González.

El pasado 28 de febrero, eP Investiga publicó que el Ministerio de Gobernación adjudicó un contrato de Q19 millones a Distribuidora AMG, S.A. para el suministro de 40 mil pares de botas tácticas con suela antideslizante para agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Con este contrato, el Ministerio de Gobernación ha entregado un total de Q31 millones 745 mil a Luis Amílcar García González por medio de sus empresas Constructora Alian, S.A. y Distribuidora AMG, S.A

Otro nexo entre Garport y Alian es la oficina 910 de la torre 2 del edificio Design Center de la zona 10 capitalina, este espacio fue sede de Constructora Alian y que actualmente figura como domicilio de Distribuidora Garport.

Según los registros de Guatecompras, entre 2020 y 2024, Distribuidora Garport obtuvo adjudicaciones por Q1.8 millones, todas por montos menores a Q90 mil y en rubros sin relación con la construcción: equipo deportivo, artículos de oficina, mobiliario y electrodomésticos. Su venta más alta en ese periodo fue en 2020, cuando proveyó extintores al Congreso por Q89 mil 900.

En los años siguientes, la empresa suministró productos tan diversos como bandas elásticas, pelotas terapéuticas, alfombras para yoga y plaquetas de reconocimiento al Ministerio de Cultura y Deportes; prendas de vestir y gafetes de identificación al Ministerio de Salud; 800 metros cuadrados de piso cerámico al Organismo Judicial; y electrodomésticos y mobiliario al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, en 2025 Distribuidora Garport experimentó un cambio drástico en su perfil de contratación con el gobierno. Por primera vez, obtuvo dos licitaciones importantes para suministrar balasto y facturar Q81.7 millones, monto que representa el 97.8 por ciento del total adjudicado a la empresa desde 2020. Esto representa un salto considerable en volumen y monto, en un sector para el cual no se registran antecedentes documentados de experiencia previa, al menos en el ámbito público.

“La adjudicación podría tener trasfondo político”

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, señaló que resulta llamativo que el Ejército haya adjudicado un contrato a una empresa sin experiencia en la venta de materiales de construcción y cuestionó si cuenta con la capacidad técnica y logística para entregar el balasto de forma satisfactoria.

“A juzgar por sus adjudicaciones, llama la atención que, antes de sus contratos con el Ministerio de la Defensa, todas sus adjudicaciones con el Estado hayan sido de Q90 mil para abajo. No se entiende cómo el Ejército puede confiar en un proveedor sin experiencia para una entrega tan grande de balasto. Esto hace sospechar que la adjudicación podría tener un trasfondo político”, criticó Marroquín.

El experto también advirtió que es preocupante que la institución armada beneficie a una red de contratistas vinculada con figuras del gobierno de Giammattei, y que la actual administración mantenga esos nexos mediante nuevos contratos.

“Esto confirma la necesidad de que se conozca quiénes son los beneficiarios finales de los contratos del Estado porque la inversión pública no es transparente y termina favoreciendo a los mismos de siempre, que en este caso están relacionados con la familia de un operador de Giammattei y un exintegrante del Ejército, como lo es Camilo Dedet”, agregó.

Ejército sin dar explicaciones

Desde el pasado lunes, eP Investiga envió una serie de preguntas al Ministerio de la Defensa Nacional sobre la compra de balasto a Distribuidora Garport, S.A.

Entre las consultas se incluyen: cuál es el destino exacto y el uso previsto del balasto en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché; qué criterios se emplearon para determinar los volúmenes requeridos y el precio de referencia en ambas licitaciones; y cómo se evaluó la experiencia y capacidad técnica de la empresa para manejar un suministro de esta magnitud.

También se preguntó sobre los antecedentes de contratos previos de Distribuidora Garport, dado que antes de 2025 manejaba contratos estatales por montos mucho menores, y qué análisis hizo el Ejército para confiarle adjudicaciones por más de Q80 millones en un solo año. 

Además, se solicitó información sobre si se verificó la disponibilidad de maquinaria, transporte y personal, si se realizaron visitas a las instalaciones de la empresa, y si se evaluó el riesgo de depender de un solo proveedor para un volumen tan alto.

A la fecha, las autoridades militares no han proporcionado ninguna respuesta ni han realizado comentarios sobre estas inquietudes. El silencio del Ejército mantiene sin esclarecer no solo el destino del balasto, sino también la justificación de un salto millonario que favorece a una empresa sin historial en el sector y con múltiples vinculaciones políticas.