La Unidad de Conservación Vial (Covial), otorgó dos contratos de mantenimiento vial por un monto total de Q285.4 millones, a dos constructoras que han sido objeto de señalamientos en investigaciones periodísticas así como por investigaciones de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que refuerza las dudas sobre los criterios de selección y los controles institucionales que ejerce el gobierno en el Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda (CIV).

El contrato más alto, por Q156.6 millones, fue adjudicado a Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa) para el mantenimiento de 20.5 kilómetros de la ruta CA-02 Occidente-01, en el tramo entre Escuintla y el desvío hacia Siquinalá.

En este proceso también participó la empresa Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico), que fue invitada por la entidad y ofertó Q172.5 millones, una cifra mayor a la adjudicada.

Ciansa tiene como accionista mayoritario a Elfrid Josué Méndez Pelaez, quién aparece como socio en al menos nueve sociedades junto a Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia del gobierno de Álvaro Colom.

Alejos fue sancionado en 2021 por el gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky, señalado por su presunta participación en actos de corrupción vinculados a la manipulación del sistema de justicia. La sanción incluyó el congelamiento de activos en ese país y restricciones para realizar transacciones financieras.

El exsecretario fue acusado además, en varios casos investigados por la extinta CICIG, entre ellos red de poder, corrupción y lavado de dinero.

La empresa fue constituida en febrero de 2008, investigaciones periodísticas revelaron que dos empresas offshore constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, a través de la firma Mossack Fonseca, figuraban como propietarias de Ciansa; una de ellas, llamada Lashmar, S.A., pertenecía al propio Alejos.

La constructora obtuvo sus primeros contratos públicos bajo Estado de Emergencia, mecanismo que en aquella época no requería concurso público, acumulando un total de Q257 millones en esas adjudicaciones. 

Solo durante el gobierno de Giammattei, Ciansa recibió más de Q831 millones en contratos estatales; bajo la administración de Morales, la cifra superó los Q538 millones.

Méndez es también accionista mayoritario de 4 Carriles, S. A. la empresa que construyó una carretera que pasa frente a la finca del expresidente Giammattei, en Sacatepéquez, como lo reveló en su momento el medio Vox Populi. La empresa recibió durante el Gobierno de Giammattei contratos por más de Q558 millones.

En una carta de aclaración al medio Plaza Pública, Méndez afirmó ser el accionista mayoritario de las dos constructoras y aseguró que Alejos no tenía participación como socio en Ciansa, mientras que sobre cuatro carriles dijo que “no ha tenido, no tiene, ni tendrá vínculo alguno”.

La secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, en una citación con la bancada Vos para hablar sobre la destitución de la entonces ministra Jazmín de la Vega, habló sobre los “pagos no autorizados” realizados por la entonces ministra, en los que se incluía  la empresa Ciansa. 

Financista del PP

El segundo contrato, por Q128.8 millones, fue adjudicado a Grupo Internacional de Proyectos, S.A. (Gipsa) para el mantenimiento de 29.05 kilómetros de la ruta CA-09 Norte-15, en el tramo entre Río Hondo y el desvío hacia Gualán, Zacapa.

En este evento también participaron otras empresas que fueron invitadas, entre ellas Maya Pav, S.A. que ofertó Q131.2 millones, y Constructora Bremar, propiedad de Brenda Margarita Archila del Cid, que ofertó Q127.4 millones.

Publicaciones del desaparecido diario elPeriódico señalaron los vínculos de la empresa Gipsa con el constructor Julio Alejandro Quinto Tobar, quien aparece en el caso Cooptación del Estado, revelado en 2016 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval. Este caso documentó una red de financiamiento ilícito vinculada a la campaña electoral de 2011.

La empresa que tiene como nombre comercial Macor, comparte dirección en Zacapa con la compañía  individual del mismo nombre, propiedad de Quinto Tobar. La FECI, entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, y la CICIG señalaron a Quinto Tobar por financiamiento electoral ilícito por haber aportado recursos a la campaña del Partido Patriota en 2011 sin reportarlos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Documentos incautados durante las investigaciones de 2015 y 2016 revelaron que Quinto Tobar habría entregado dinero a empresas de fachada controladas por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, simulando actividades comerciales para justificar pagos que en realidad eran aportes de campaña. 

Según Monzón, Quinto Tobar habría aportado al menos Q4 millones para financiar actividades políticas a través de empresas vinculadas, lo cual no fue reportado al TSE.

En uno de los dispositivos confiscados se encontró un documento en el que Monzón daba instrucciones para facturar a Quinto por Q4 millones, distribuidos en distintas facturas.

La investigación vinculada a la FECI quedó suspendida tras la destitución del exfiscal Sandoval. 

Además, según el diario La Hora, hay al menos cinco denuncias en el Ministerio Público, interpuestas en 2023 y 2024, cuyo estado se desconoce. Entre ellas, denuncias interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que señalan que la compañía habría trasladado fondos al extranjero, principalmente a China y Hong Kong.

A nivel de ejecución de obras, la empresa también registra antecedentes negativos: Según documentó Prensa Comunitaria, la empresa abandonó la construcción de una carretera rural en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, dejando a las comunidades de la aldea Chamil sin una vía terminada y obligando a los propios vecinos a realizar reparaciones de manera periódica.

Un patrón que se repite bajo modalidad de emergencia

Las adjudicaciones más recientes no son un hecho aislado. En una publicación anterior, eP Investiga reveló que, a finales de febrero, Covial también favoreció a las constructoras Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco) y Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico) con contratos por Q100.5 millones y Q105.7 millones, respectivamente.

En esos casos, al igual que en los contratos adjudicados el 19 de marzo, se utilizó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024), específicamente la Modalidad Especial de Licitación por Emergencias, lo que evidencia un patrón en el uso de este mecanismo excepcional para beneficiar a constructoras con historial cuestionado.

La Modalidad Especial de Licitación por Emergencias está diseñada para acelerar la contratación de obras cuando se identifican riesgos para los usuarios de la red vial. Sin embargo, a diferencia de una licitación pública abierta, este nuevo procedimiento limita la participación a empresas previamente invitadas por el gobierno, reduciendo la competencia.

Aunque los eventos deben publicarse en Guatecompras, en la práctica solo participan los oferentes seleccionados. La normativa exige que estos procesos cuenten con respaldo técnico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el aval de la Dirección General de Caminos (DGC), que deben certificar la existencia de un riesgo inminente.

Otro elemento que refuerza las preocupaciones es la rapidez con la que se desarrollan estos procesos. La adjudicación debe realizarse un día después de la recomendación técnica, el contrato se firma al día siguiente y ese mismo día debe ser aprobado mediante acuerdo ministerial.