El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla emitió dos resoluciones consecutivas que cambian el rumbo de las millonarias adjudicaciones que realizó la Unidad de Conservación Vial (Covial) a las empresas vinculadas al Consorcio H, el conglomerado empresarial históricamente asociado al exdiputado Carlos Herrera Quezada. Ambas resoluciones fueron firmadas el 12 de noviembre. Mientras un contrato avanzó sin obstáculos, el otro quedó anulado.
Mediante la resolución SADS-958-2025, Díaz Bobadilla aprobó el contrato por Q40.9 millones adjudicado a CDM Vial, que contempla la colocación de defensas metálicas en carreteras de diez departamentos. Con su firma, la adjudicación quedó firme para que continúe el trámite administrativo hacia la suscripción del contrato administrativo.
CDM Vial es una de las empresas centrales del Consorcio H, estructura que ha acumulado obra pública durante varios gobiernos y que en investigaciones anteriores ha sido señalada como parte de la red empresarial que respondía a los intereses de Herrera.
En el expediente paralelo, el ministro actuó en dirección opuesta. Por medio de la resolución SADS-957-2025, improbó el contrato por Q27.1 millones adjudicado a Construyala, otra de las sociedades del mismo consorcio.
Según el análisis del Ministerio, la empresa incumplió un requisito esencial de las bases de licitación pues en la carta de compromiso presentada por su administrador único y representante legal, Juan Guillermo Chinchilla Oliva, no se consignó el plazo de vigencia del contrato respecto al compromiso de no sustituir al superintendente asignado, lo que contraviene el subnumeral 2.5 de los requisitos fundamentales, numeral 8 de las bases de competencia. Ese solo error documental bastó para dejar sin efecto todo el proceso.
Con esa resolución, el contrato de Construyala queda anulado y Covial deberá revisar el expediente, resolver internamente o incluso reiniciar el procedimiento, dependiendo de la ruta legal que se adopte.
El Consorcio H y un pasado que persiste
El 9 de noviembre, eP Investiga reveló que Covial había adjudicado dos contratos por Q68 millones a CDM Vial y Construyala Construcciones, ambas firmas vinculadas al Consorcio H del exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada.
Entre 2015 y 2016, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) documentaron que Carlos Herrera era propietario del Consorcio H, un conglomerado de constructoras integrado por CDM Vial de Guatemala, Burgocons, Grupo Edifica, Construyala Construcciones, Dismar Constructores y Desarrollos Múltiples. Para mantener el control del grupo, Herrera utilizaba a personas de confianza, como su asesora Sandra Elizabeth Agustín Sutuc, quien actuó como notaria para la constitución y movimientos legales de las compañías.
En su investigación sobre plazas fantasma, la CICIG presentó una diapositiva dedicada a Herrera Quezada, señalando que, mientras fue cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso (enero 2015–enero 2016), solicitó la contratación de al menos 20 personas bajo el renglón 022, excediendo los límites legales. Siete de estos trabajadores cobraban sin asistir al Congreso, pues en realidad laboraban en las empresas privadas de Herrera: Burgocons, Dismar Constructores, Construyala, Desarrollos Múltiples, Grupo Edifica y CDM Vial de Guatemala.
La trayectoria de Herrera en el sector vial y político se remonta a su época como asesor del ministro de Comunicaciones Luis Armando Rabbé Tejada, durante el gobierno de Alfonso Portillo. En 2002, Prensa Libre reportó que la Fiscalía contra la Corrupción recibió una denuncia por cobros de comisiones de Q60 mil a cambio de adjudicar contratos en Covial, en la que Herrera era uno de los señalados.
Décadas después, los vínculos continuaron. En 2011, Herrera llegó al Congreso con la Unión del Cambio Nacionalista (UCN) y, entre 2012 y 2016, sus empresas obtuvieron contratos por Q52.5 millones con el Ministerio de Comunicaciones. En 2015, fue elegido cuarto secretario de la Junta Directiva presidida nuevamente por Rabbé, con quien sería acusado por la CICIG de crear plazas fantasma.
En 2019, el diario elPeriódico documentó que Herrera actuaba como operador de negocios de Rabbé, cuñado del empresario mexicano Ángel González, propietario de los canales 3, 7, 11 y 13. El mismo medio recordó que en 2001 Herrera había sido destituido como asesor en el Ministerio de Comunicaciones tras denuncias de corrupción en contratos viales, el sector donde hoy resurgen sus empresas.
El caso judicial que vinculaba a Herrera con el fraude en el Congreso se cerró en septiembre de 2022, cuando la jueza Claudette Domínguez dictó sobreseimiento a su favor. En junio de 2025, la misma jueza resolvió a favor de Rabbé, luego de considerar que el MP no presentó correctamente la solicitud para enviarlo a juicio.
Carlos Humberto Herrera Quezada es padre de Marco Vinicio Herrera Leiva, socio fundador de la empresa Dismar Constructores y junto a su hermano Gustavo Adolfo figuran en Guatecompras como representantes legales de la empresa. El contador de Dismar Constructores, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es Pedro Alejandro Pineda Díaz, quien coincidentemente también lleva la contabilidad de CDM Vial de Guatemala y Construyala. Los datos del contador fueron verificados por eP Investiga en los registros de la SAT a inicios de noviembre de 2025, lo que confirma los vínculos familiares y la continuidad operativa entre las empresas del Consorcio H.
