El proyecto forma parte de la planificación anual que ejecuta la Unidad de Conservación Vial (Covial).
CDM Vial está vinculada al exdiputado Carlos Herrera Quezada, quien fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de los delitos de peculado y abuso de autoridad por su participación en el caso de plazas fantasma en el Congreso, entre 2014 y 2016.
Según las bases de licitación, CDM Vial deberá señalizar rutas en Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez. Entre los trabajos destacan la aplicación de pintura termoplástica en líneas de pavimento, instalación de marcadores reflectivos, pintura de tráfico en reductores de velocidad, colocación de reductores vibratorios, señales de información, destino, preventivas, restrictivas, de kilometraje y delineadores tipo “chevron”.
CDM Vial fue la única empresa que presentó oferta durante el proceso, y obtuvo una calificación de 94 puntos sobre 100 posibles.
De acuerdo con los registros de Guatecompras, la empresa vinculada al exdiputado Carlos Herrera ha obtenido más de Q218 millones en contratos con el Estado entre 2011 a la fecha. Durante este año, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) también adjudicó a CDM Vial un contrato por Q33 mil para trabajos de señalización en San Marcos y Quetzaltenango.
Los vínculos entre CDM Vial y el exdiputado Herrera
En 2016, la CICIG y el Ministerio Público (MP) presentaron un caso contra los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de 2014-2015 y 2015-2016, esta última presidida por Luis Rabbé e integrada por Carlos Herrera; la citada comisión les acusó de haber creado una cantidad innecesaria de plazas fantasma asignadas a diputados que se beneficiaban de ellas.
Las investigaciones revelaron que Herrera Quezada es propietario del Consorcio H, integrado por CDM Vial de Guatemala, Burgocons, Grupo Edifica, Construyala, Dismar Constructores y Desarrollos Múltiples.
Los investigadores también determinaron que Carlos Herrera gestionó plazas en el Congreso para siete empleados de sus empresas. Los trabajadores de Herrera, en realidad, prestaban servicios exclusivamente para las constructoras del Consorcio H, pero cobraban sueldos como empleados del Congreso sin presentarse a laborar.
El vínculo entre Herrera y las empresas también fue confirmado mediante el uso recurrente de los mismos representantes legales, teléfonos y direcciones comerciales. Además, utilizó como notaria a Sandra Elizabeth Agustín Sutuc —su asesora en el Congreso— para constituir varias de sus compañías.
Carlos Herrera cercano a Luis Rabbé
En 2019, el diario elPeriódico publicó que el exdiputado Carlos Herrera es un operador de negocios del expresidente del Congreso, Luis Armando Rabbé Tejada, cuñado de Ángel Remigio González, dueño de los canales 3, 7, 11 y 13.
En 1999, Luis Rabbé se postuló como alcalde capitalino por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), sin resultar electo. Su compañero de planilla, Carlos Herrera Quezada, fue elegido concejal para el periodo 2000-2004. Como premio de consolación, el entonces presidente Alfonso Portillo nombró a Rabbé como ministro de Comunicaciones, y éste contrató a Herrera como asesor. Sin embargo, fue destituido en julio de 2001, tras denuncias de corrupción relacionadas con contratos viales. Herrera y Maynor Ruiz, ambos asesores de Rabbé, fueron señalados de cobrar comisiones a los constructores.
El 19 de octubre de 2002, Prensa Libre publicó una nota en la que menciona que Karen Fisher, entonces fiscal contra la Corrupción, informaba de una denuncia presentada en 2001 por Sergio Beltetón contra Carlos Herrera y Maynor Ruiz, exasesores de Rabbé, quienes recibían Q60 mil a cambio de adjudicar contratos en la Unidad de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones, esta denuncia se mantuvo traspapelada más de un año.
En 2003, Herrera intentó presentar una querella contra siete periodistas de elPeriódico, incluido su presidente José Rubén Zamora, por publicaciones sobre presunta corrupción cuando fue asesor de Rabbé. El Tribunal de Imprenta rechazó la solicitud.
En 2011, Carlos Herrera fue electo diputado al Congreso por el partido Unión del Cambio Nacionalista (UCN) para el periodo 2012-2016, pero se separó de la UCN junto a los diputados y hermanos Luis y Alfredo Rabbé Tejada para conformar la bancada Mi País.
Durante su periodo como congresista (2012-2016) las empresas constructoras de Herrera Quezada obtuvieron contratos con el Ministerio de Comunicaciones por Q52.5 millones, según los datos publicados en el portal de compras estatales Guatecompras.
En 2015, Herrera fue elegido como cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso que presidió Luis Rabbé. Ese año se postuló como candidato a diputado del Distrito Central con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), sin embargo, no logró la reelección.
En septiembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez dictó el sobreseimiento del caso de plazas fantasma, dejando en libertad a Herrera. En junio de 2025, la misma jueza falló a favor de Rabbé, al considerar que el MP no presentó adecuadamente su solicitud para enviarlo a juicio.
