Aunque fue acusado de corrupción y vinculado al escándalo de plazas fantasma en el Congreso, Carlos Herrera Quezada —operador político de Luis Rabbé— continúa beneficiándose del Estado: una de sus empresas, CDM Vial, obtuvo un contrato de casi Q16 millones con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
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