El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), adjudicó Q206.3 millones en contratos viales mediante procesos de adjudicación por emergencia a compañías vinculadas con empresarios que han sido señalados en investigaciones por posibles actos de corrupción.

Los proyectos forman parte de un programa de intervención en carreteras estratégicas impulsado bajo la Modalidad Especial de Licitación por Emergencias, contemplada en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024), un mecanismo que permite acelerar la contratación de obras cuando existen riesgos para la seguridad de los usuarios de la red vial.

La Modalidad Especial de Licitación por Emergencias permite que la contratación se realice mediante invitación a empresas previamente seleccionadas por la entidad contratante, en este caso Covial. Aunque el evento debe publicarse en el portal Guatecompras para efectos de transparencia, la participación queda limitada únicamente a los oferentes invitados.

Este mecanismo de contratación reduce significativamente el nivel de competencia que debería existir en una licitación pública, ya que únicamente pueden participar las empresas que la entidad decide invitar al proceso.

Según la normativa, la aplicación de esta modalidad debe sustentarse en un informe de riesgo emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y contar con el aval de la Dirección General de Caminos (DGC), los cuales deben certificar que el tramo de carretera representa un peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.

La normativa también establece plazos extremadamente cortos para concluir el proceso administrativo. La adjudicación debe realizarse dentro de un día calendario después de que la comisión evaluadora emite su recomendación. El contrato se firma al día siguiente y ese mismo día el Ministro de Comunicaciones debe emitir un acuerdo ministerial que lo apruebe.

Mantenimiento en la CA-01 Oriente

Uno de los contratos fue adjudicado a la empresa Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco), que resultó ganadora del evento identificado en Guatecompras con el NOG 29615631, correspondiente al proyecto CPP-001-2026 Mantenimiento de la Red Vial Prioritaria. Las bases del proceso fueron aprobadas el 26 de febrero de 2026 mediante la resolución DIRCOVIAL CPP-001-2026.

En el proceso también participaron otras dos empresas: Corporación Redmas, S.A., que propuso ejecutar el contrato por Q120.4 millones, y Lighting Center de Guatemala, S.A., con una oferta de Q124.9 millones. Finalmente, Covial adjudicó el contrato a Progeyco por un monto de Q100.5 millones.

El proyecto contempla el mantenimiento de 22.7 kilómetros de la ruta CA-01 Oriente, en tres tramos específicos: desde la bifurcación de la RN-02, en el desvío hacia Fraijanes, hasta el desvío a Santa Elena Barillas (6.7 km); desde Santa Elena Barillas hasta la finca La Concha (10.4 km); y desde este punto hasta la bifurcación de la ruta RD-SRO-04, en el desvío hacia Pueblo Nuevo Viñas (5.6 km).

Entre los trabajos contemplados en el contrato se incluyen el fresado de pavimento en más de 190 mil metros cuadrados, la recuperación y estabilización de la superficie existente, así como la colocación de mezcla asfáltica modificada en caliente con un espesor de 12 centímetros, que en total supera las 54 mil toneladas de mezcla asfáltica.

Mantenimiento en la CA-01 Occidente

Un segundo proceso, identificado en Guatecompras con el NOG 29616301, contempla la intervención de 27 kilómetros de la ruta CA-01 Occidente, específicamente en el tramo comprendido entre Pologuá, Totonicapán y Chiquibal, Quetzaltenango.

El proyecto forma parte del mismo esquema de contratación por emergencia aplicado por Covial para intervenir tramos de la red vial prioritaria.

El contrato tiene un monto total de Q105.7 millones y fue adjudicado a la empresa Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico). En el proceso también participaron otras empresas invitadas, entre ellas Metro Construcciones, S.A., que presentó una oferta por Q116.1 millones, y Tracser, S.A., con una propuesta económica de Q112.2 millones. Finalmente, la adjudicación fue otorgada a Mavico por el monto de Q105.7 millones.

Entre los principales trabajos contemplados se encuentra el fresado de la superficie de rodadura en más de 194 mil metros cuadrados, la recuperación y estabilización de la base del pavimento, así como la colocación de mezcla asfáltica modificada en caliente con un espesor de 12 centímetros, que en total supera las 55 mil toneladas de material.

El proyecto también incluye tratamientos de adherencia para la nueva capa asfáltica, la construcción de cunetas revestidas para mejorar el drenaje, la remoción de derrumbes, así como señalización horizontal con pintura termoplástica y la instalación de más de 10 mil vialetas reflectivas para mejorar la seguridad vial.

Progeyco y Juan Pablo Mansilla

La empresa Progeyco no es ajena a la contratación pública. Registros del portal Guatecompras muestran que desde 2015 ha obtenido al menos 31 contratos con el Estado por aproximadamente Q544.3 millones, adjudicados por distintas entidades gubernamentales y municipalidades.

Investigaciones periodísticas también han señalado vínculos entre esta empresa y el empresario Juan Pablo Mansilla Morales, propietario de la constructora Coamco. El representante legal de Progeyco, Juan Pablo Monzón Woc, trabajó previamente para Mansilla Morales, quien pagó sus cuotas patronales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social entre 2019 y 2020.

Además, ambas constructoras han compartido domicilio en la colonia Tecún Umán de la zona 15 capitalina, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles relaciones empresariales entre ambas compañías.

Mansilla Morales también ha sido vinculado a casos de corrupción relacionados con el financiamiento ilícito de campañas electorales y posibles esquemas de defraudación tributaria. En febrero de 2022, el medio salvadoreño El Faro publicó un reportaje en el que dio a conocer la declaración de un testigo que describió un presunto esquema de financiamiento ilegal para la campaña electoral de Alejandro Giammattei, el cual habría sido alimentado con sobornos entregados por constructoras.

De acuerdo con esa versión, entre el grupo de empresas que integraban el esquema se encontraba la constructora Coamco, propiedad de Mansilla Morales, que habría contribuido a financiar la entrega de aproximadamente Q20 millones a Giammattei. A cambio, según el testimonio citado en el reportaje, las constructoras buscaban que el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, permaneciera en el cargo durante al menos un año y que se les continuaran adjudicando contratos de obra pública.

Aunque Giammattei finalmente no mantuvo a Benito en el cargo, Coamco sí recibió adjudicaciones millonarias en el Ministerio de Comunicaciones durante su administración. Entre 2020 y 2023 la empresa obtuvo contratos por Q411.3 millones. Tras la publicación del reportaje del medio salvadoreño, la constructora de Mansilla Morales dejó de recibir nuevas adjudicaciones del gobierno central.

La empresa ya había cobrado relevancia durante el gobierno de Jimmy Morales, cuando empezó a obtener contratos de gran magnitud con el Ministerio de Comunicaciones. Entre 2016 y 2019 facturó Q368 millones 437 mil 097.17 a distintas entidades públicas.

La empresa y su propietario también fueron vinculados al caso de defraudación tributaria conocido como B410. En esa investigación, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) identificó a 410 empresas que entre 2021 y 2024 facturaron alrededor de Q6 mil 400 millones al Estado, pero únicamente pagaron Q26 millones en impuestos, lo que sugiere una posible evasión fiscal que podría superar los Q800 millones.

Coamco fue señalada como una de las empresas que se habría beneficiado de ese esquema. Debido a ello, la SAT inhabilitó temporalmente a la entidad por insolvencia tributaria entre el 21 de agosto y el 10 de octubre de 2024.

Mavico y “los brodercitos”

En el caso de Mavico, que obtuvo el contrato para el mantenimiento de la CA-01 Occidente, históricamente ha sido vinculada a los hermanos Otto Vinicio y José Guillermo Samayoa Soria, empresarios del sector construcción que han sido señalados en investigaciones por corrupción en obra pública.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida en su momento por Juan Francisco Sandoval, acusó a ambos empresarios de haber incurrido en el delito de cohecho activo por presuntamente entregar sobornos al exministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi.

Los Samayoa Soria fueron incluidos en el caso conocido como Construcción y Corrupción. De acuerdo con la investigación empresas controladas por los hermanos, entre ellas Constructora Bagodini, S.A.; Servicios de Ingeniería Delta, S.A.; y Constructora de Ingeniería Civil, Supervisión y Asesoría, S.A., habrían entregado dinero a las compañías Imágenes Urbanas, S.A. y Constructora y Agropecuaria Agua Azul, S.A., ambas vinculadas a Sinibaldi.

En febrero de 2023, los empresarios fueron favorecidos con una resolución del entonces juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez Tejax, quien decidió sobreseer el proceso penal. Sin embargo, posteriormente una sala de apelaciones revocó ese fallo, por lo que el caso continuó pendiente de resolverse mientras se programaba la audiencia para determinar si los acusados debían enfrentar juicio. Un año después se reportó el fallecimiento de Otto Vinicio Samayoa Soria.

Una investigación publicada por el diario elPeriódico en diciembre de 2019, dio a conocer que los hermanos Samayoa Soria provienen de una familia vinculada históricamente al sector de la construcción de carreteras. Otto Vinicio y José Guillermo aprendieron el oficio con su padre, Guillermo Otto Samayoa Bagodini, ingeniero que trabajó en la Dirección General de Caminos.

En 1998, durante el gobierno de Álvaro Arzú, cuando se impulsó la privatización de la construcción de carreteras y varios ingenieros camineros comenzaron a crear sus propias empresas para competir en el nuevo esquema de contratación pública, padre e hijos fundaron la Constructora Bagodini, S.A.

El crecimiento de su grupo empresarial se consolidó durante el gobierno de Alfonso Portillo, cuando empezaron a ganar concursos de obra pública. Otto Vinicio fue considerado el más activo dentro del negocio. Se asoció con el cuñado de Portillo, el entonces diputado eferregista por Zacapa, Julio René Morales Arévalo, con quien logró acceder a contratos millonarios.

Entre 2007 y 2008 también creó varias empresas offshore en Panamá como Servicios de Ingeniería Delta de Panamá, S.A. (Cidelta), Cidelta Holdings Inc. y Nuci Ingeniería, S.A.

El desaparecido diario también expuso que diversos exdiputados señalaron en su momento que Otto Samayoa habría tenido vínculos empresariales con Marllory Dadiana Chacón Rossell, señalada por lavado de dinero del narcotráfico, quien presuntamente le habría proporcionado liquidez financiera para participar en licitaciones de obra pública.

Por su parte, José Guillermo Samayoa optó por incursionar directamente en la política y en 2007 fue electo diputado por el Partido Patriota.

De acuerdo con investigaciones periódisticas de la época sobre contratación pública, durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Partido Patriota, los hermanos habrían sido beneficiados mediante al menos 34 empresas administradas por testaferros, a las que se les adjudicaron contratos de obra pública por más de Q700 millones, en algunos casos mediante el pago de sobornos y la participación simultánea de varias de sus propias constructoras en los mismos concursos para asegurar las adjudicaciones.