Una empresa vinculada a constructor señalado por corrupción ha ganado Q24.8 millones en contratos estatales durante 2025. Se trata de Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco), que ha sido beneficiada por la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Municipalidad de Guatemala (MuniGuate).

Progeyco tiene como representante legal a Juan Pablo Monzón Woc, quien trabajó anteriormente para Juan Pablo Mansilla Morales, propietario de la constructora Coamco. Mansilla Morales ha sido vinculado a casos de corrupción relacionados con el financiamiento ilícito de campañas electorales y defraudación tributaria.

Datos obtenidos en el portal de Guatecompras detallan que Progeyco es contratista gubernamental desde 2015 y a la fecha ha ganado 31 contratos públicos por un monto de Q544.3 millones.

Además de Covial y la MuniGuate, Progeyco ha trabajado para las municipalidades de Villa Canales, San José Pinula y Santa Catarina Pinula, todas del departamento de Guatemala.

Nexos entre Progeyco y Coamco

Antiguas investigaciones realizadas por el diario elPeriódico revelaron que en el pasado, tanto Coamco como Progeyco compartían domicilio en la colonia Tecún Umán de la zona 15 capitalina.

El representante legal de Progeyco es Juan Pablo Monzón Woc, a quien Juan Pablo Mansilla Morales pagó sus cuotas patronales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de febrero de 2019 a mayo de 2020, es decir Monzón Woc fue empleado de Mansilla Morales.

Otro hecho relevante que refuerza la conexión entre Coamco y Progeyco es un reporte que realizó elPeriódico en agosto de 2020 durante una gira presidencial para supervisar la construcción del hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. 

En esa oportunidad el entonces mandatario Alejandro Giammattei agradeció a la constructora de Mansilla Morales por la donación de asfalto utilizado para habilitar el centro. “Gracias a la empresa Coamco, que de alguna manera gratuita nos donó (sic) el asfalto que hacía falta. Muchísimas gracias, Juan Pablo”, le dijo Giammattei al constructor Juan Pablo Monzón Woc, quien asistió al acto en representación de Coamco.

Contrato con Covial

El 19 de mayo, Progeyco fue adjudicada por Covial con un contrato por Q6.9 millones para realizar trabajos de remoción y prevención de derrumbes, sello de fisuras y grietas en pavimentos asfálticos, relleno con material de base, colocación de nueva carpeta de concreto asfáltico y reparación de losas defectuosas en pavimentos de concreto hidráulico. Estos trabajos se realizarán a lo largo de 69.97 kilómetros de la red vial del departamento de Guatemala.

Un contrato similar fue adjudicado a Coamco un día después, el 20 de mayo, por Q7.7 millones, con la diferencia de que deberá intervenir 97.3 kilómetros de carreteras en el mismo departamento.

En el proceso de licitación también participaron Constructora A.C.G., propiedad de Álvaro César Guillermo Juárez, y Prodinco, entidad mercantil de Edwin Andrés Serra Morales, quienes ofertaron Q9 millones y Q6.7 millones respectivamente. Sin embargo, ambas ofertas fueron rechazadas por la Junta de Licitación, argumentando que presentaron superintendentes que ya habían participado en otros eventos, lo que violaba el numeral 2.4 de los requisitos generales para participar.

Contrato con la MuniGuate

El 29 de mayo, la municipalidad de Guatemala otorgó a Progeyco un contrato por Q17.9 millones para prestar un servicio de tala y poda de árboles. La Junta de Calificación estuvo conformada por empleados municipales.

Según el evento de licitación identificado en Guatecompras con el NOG 26308681, el objetivo del contrato es «disminuir el riesgo de accidentes en la vía pública por la caída de árboles o ramas que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas que circulan por las calles, avenidas, parques y plazas públicas, así como en infraestructuras municipales».

El servicio contempla 12,400 horas de trabajo continuo, disponible las 24 horas del día, dentro de las 22 zonas del municipio y en instalaciones municipales. Cada hora de trabajo incluye tareas como corte de árboles de más de tres metros de altura, recolección y limpieza de basura, y su traslado a los puntos de disposición indicados por la Unidad de Apoyo a las alcaldías auxiliares.

Durante este proceso de licitación, ninguna otra empresa presentó ofertas.

Covial evade responsabilidad. MuniGuate no respondió a consultas

eP Investiga consultó con las autoridades de Covial sobre el contrato adjudicado a Progeyco y aseguraron que sus procesos de contratación se desarrollan “estrictamente conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento”. Además, subrayaron que el actuar de los funcionarios públicos “debe estar apegado a los procedimientos que la ley establece” y que, por tanto, “no pueden tomar decisiones discrecionales más allá del marco legal”.

“El funcionario público únicamente puede realizar lo que la ley le permite y su actuar debe estar apegado a los procedimientos que la misma establece. La normativa actual, no considera algún proceso o criterio para descartar alguna oferta o realizar alguna adjudicación a empresas con señalamientos o posibles vínculos”, respondieron a la pregunta sobre qué acciones han emprendido para fortalecer la integridad de los procesos de contratación de obra pública.

Las autoridades de Covial también descartaron que exista un posible conflicto de interés al contratar empresas con vínculos directos con contratistas señalados de participar en esquemas de corrupción.

“Covial evalúa cada proceso de contratación para identificar posibles conflictos de interés. Sin embargo, es fundamental comprender que la existencia de un vínculo laboral previo entre personas individuales, como el que usted menciona, no constituye per se un conflicto de interés bajo la Ley de Contrataciones del Estado que inhabilite a una empresa para participar. Los conflictos de interés son definidos por la normativa y se centran en situaciones donde un funcionario público o la propia empresa tienen intereses personales que podrían influir indebidamente en la decisión de contratación, más allá de los vínculos que se han indicado”.

A la pregunta si la entidad tiene mecanismos para detectar vínculos entre empresas distintas que podría actuar en bloque para controlar procesos de contratación de obra pública, Covial indicó que “las Juntas de Licitación son las encargadas de analizar exhaustivamente la documentación presentada por los oferentes, incluyendo la declaración jurada de no tener ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas juntas, que gozan de independencia en su actuar, evalúan que cada empresa cumpla con las bases de contratación y resuelven cualquier inconformidad que pueda surgir durante el proceso”.

También se consultó a las autoridades de la municipalidad de Guatemala (MuniGuate) sobre la adjudicación de un contrato por Q17.9 millones a Progeyco. Sin embargo, la comunicadora institucional, Lucía Tello, respondió que “al momento no he recibido respuesta” y sugirió remitir la solicitud a la Unidad de Información Pública.

“Covial bajó la guardia de la transparencia”

A criterio del analista político Hans Spiegeler, la municipalidad de Guatemala “queda expuesta como una institución a las que no le interesa la transparencia ni la rendición de cuentas sobre el uso adecuado de los fondos públicos”.

Respecto al caso específico de Covial, el politólogo señaló que “es evidente que en esa dependencia del Ministerio de Comunicaciones no se está dando cumplimiento a la promesa del presidente Bernardo Arévalo de combatir la corrupción”.

“Todo parece indicar que en Covial ya bajaron la guardia, y la adjudicación de contratos se realizó como en gobiernos anteriores, en los que se privilegiaba el otorgamiento de obra pública a empresas cuestionadas o con vínculos políticos”, añadió Spiegeler.

El analista también destacó que actualmente el Ministerio de Finanzas exige a los proveedores del Estado declarar quiénes son los beneficiarios finales de sus empresas mediante una actualización en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). “Los contratistas estatales tienen plazo hasta este mes para cumplir con esa actualización, y esperamos que esta medida contribuya a combatir el testaferrato y casos como los de Coamco y Progeyco”, indicó.

Spiegeler advirtió que las empresas que no actualicen esta información en el RGAE podrían quedar inhabilitadas para contratar con el Estado. “Si la medida resulta efectiva, valdría la pena hacer un esfuerzo por convertirla en Ley, ya que actualmente está respaldada únicamente por un Acuerdo Gubernativo que podría ser fácilmente derogado por un futuro presidente”, concluyó.