Cuatro meses después de anunciar que dejaría el cargo, el Superintendente de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro, decidió retirar la renuncia irrevocable que presentó en marzo pasado y notificó al Directorio que continuará al frente de la institución. La decisión quedó plasmada en una carta enviada el pasado 7 de julio, en la que formalizó el anuncio verbal que había realizado un día antes durante una sesión del Directorio.
Sin embargo, el retiro de la renuncia abre un nuevo frente y profundiza el permanente conflicto dentro de la Superintendencia de Competencia. Castillo sostiene que puede dejar sin efecto su decisión porque el Directorio nunca conoció ni votó la aceptación de su renuncia.
En cambio, varios de los integrantes del Directorio de Competencia consideran que el carácter irrevocable del documento produjo efectos jurídicos desde el momento en que fue presentado y que su retiro no puede depender únicamente de la voluntad del funcionario.
En palabras sencillas, una renuncia irrevocable supone que quien la presenta manifiesta que su decisión es definitiva y que no pretende retractarse posteriormente. Precisamente ese es el centro del debate que ahora enfrenta el Directorio.
Un controvertido paso en la Superintendencia
Castillo Castro, fue electo por el Directorio como el primer superintendente de Competencia en octubre del año pasado. Desde entonces le ha correspondido dirigir la puesta en marcha de la nueva autoridad encargada de prevenir prácticas anticompetitivas y regular los mercados en Guatemala.
Sin embargo, la institución comenzó a enfrentar controversias prácticamente desde sus primeros meses de funcionamiento. El conflicto que hoy mantiene dividido al Directorio comenzó el pasado 10 de marzo, cuando Castillo presentó una carta de renuncia irrevocable.
Su salida ocurrió en medio de una serie de cuestionamientos públicos. eP Investiga reveló entonces que las máximas autoridades de la institución habían aprobado salarios mensuales de Q75 mil para el Superintendente y los integrantes del Directorio, decisión que posteriormente fue revertida tras las críticas ciudadanas.
A ello se sumaron críticas por la contratación de personal con historial cuestionable sin procesos abiertos de selección y un amparo que puso en duda la legalidad de su nombramiento.
Aunque en aquella carta Castillo aseguró que renunciaba por motivos personales, tres meses después cambió esa versión. Durante una reciente citación de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso reconoció, bajo juramento, que el presidente del Directorio, Javier Bauer Herbruger, le había pedido que dejara el cargo.
«Bueno, debido a que estoy en juramento, sí, quizá el director Bauer me pidió que renunciara en su momento», declaró ante los diputados. Por su parte Bauer negó haber ejercido presión y afirmó que la decisión había sido exclusivamente del Superintendente.
Mientras la controversia continuaba, Castillo permaneció al frente de la Superintendencia porque el Directorio nunca llegó a votar si aceptaba o no su renuncia. Según consta en las actas de la institución, durante los cuatro meses posteriores a la presentación de la carta el entonces presidente del Directorio, Javier Bauer Herbruger, nunca incluyó ese punto en la agenda de las sesiones, por lo que la dimisión nunca fue sometida a discusión ni a votación.
Esa circunstancia es ahora uno de los principales argumentos de Castillo para sostener que podía retirar su renuncia. El superintendente afirma que, al no haber sido aceptada formalmente por el Directorio, la decisión nunca produjo efectos definitivos y, por lo tanto, podía dejarla sin efecto mediante una nueva manifestación de voluntad.
Castillo se retracta
Cuatro meses después, el panorama dio un giro inesperado. En la carta enviada al Directorio, Castillo informó que, tras reflexionar sobre su decisión, resolvió permanecer al frente de la institución.
«Luego de un proceso de reflexión y meditación durante los meses transcurridos desde la presentación de la referida renuncia, había decidido retirar la misma y continuar ejerciendo las funciones inherentes al cargo de Superintendente de Competencia», escribió.
El funcionario sostiene que su decisión no requiere autorización del Directorio. «Esta manifestación no constituye una solicitud sometida a consideración o aprobación del Directorio, sino la comunicación formal de una decisión personal buscando que se respete mi voluntad consistente en retirar la renuncia dejando sin efecto la misma que fue presentada el 10 de marzo de 2026», señala el documento.
Como respaldo de su postura, citó la Constitución Política de la República, la Ley de Competencia, el Decreto 32-2024, el reglamento de esa normativa y la Ley del Organismo Judicial.
Además, argumentó que la renuncia nunca fue aceptada por el Directorio. «La renuncia y el contenido total de la carta que fue presentada el 10 de marzo de 2026 y que, hasta la sesión del 6 de julio de 2026 de ese Directorio, la misma no había sido aceptada, por lo que debe entenderse por retirada la renuncia y dejada sin efecto por voluntad expresa del suscrito», afirmó.
Directorio pone en duda la validez del retiro
Pese a que la Superintendencia de Competencia dejó de publicar desde mayo las actas de las sesiones del Directorio, eP Investiga tuvo acceso al acta de la sesión celebrada el pasado 6 de julio en la que Jorge Miguel Castillo hizo saber verbalmente su decisión a los directores de Competencia.
En el documento también quedó plasmado que el director Jorge Mario González Paz, recordó que la carta presentada en marzo calificaba expresamente la renuncia como irrevocable. «La carta de renuncia presentada el diez de marzo de este año contiene expresamente la palabra ‘irrevocable’, palabra que fue firmada por el propio Superintendente», señaló.
Para González Paz, la estabilidad de la institución no puede depender de la voluntad de una sola persona. «La institución no puede tratarse como asunto disponible al arbitrio de una sola voluntad», expresó.
A esa postura se sumó el director Edgar Rolando Guzmán Fuentes, quien dijo que «la noticia toma por sorpresa al Directorio; propone realizar un análisis legal sobre lo informado y solicita corroborar el artículo invocado».
Además, instó a sus colegas «a no actuar precipitadamente sino deliberar y analizar las implicaciones para la institución, tomando la decisión colegiada que menos ponga en riesgo a la Superintendencia».
Posteriormente intervino el director suplente Alfredo Skinner-Klée Sol, quien afirmó que «este no es un asunto que el Directorio pueda resolver en este momento. La renuncia presentada en su momento fue expresa e irrevocable, y produjo los efectos jurídicos que corresponden».
«Lo que hoy se plantea no es simplemente una aclaración, sino un intento de dejar sin efecto un acto jurídico ya realizado. La Ley no contempla un mecanismo para retirar unilateralmente una renuncia irrevocable meses después de haber sido presentada», aseveró Skinner-Klée.
Por su parte, el presidente en funciones, Luis Guillermo Velásquez Pérez, coincidió en que el caso debía analizarse con prudencia. «Se trata de un tema delicado que el Directorio debe analizar con prudencia», manifestó.
Velásquez también formuló una advertencia ética al señalar que el intento de Castillo por permanecer en el cargo podría generar un conflicto de interés, ya que el Directorio analizaba alternativas para garantizar la continuidad de la institución.
«El Superintendente se encuentra ahora ante un potencial conflicto de interés, debiendo cuidar que ningún retraso en la contratación del Intendente pueda interpretarse como una intención de aferrarse al cargo», indicó el presidente en funciones y añadió que esa reflexión se hacía «en aras de la legitimidad pública, la transparencia y la coherencia de los actos».
Finalmente, el director suplente, Jorge Alberto Santiago Chen Sam respaldó la postura de González Paz y sostuvo que cualquier solicitud para retirar la renuncia debía presentarse por escrito y con el mismo carácter público con el que se conoció la dimisión original.
Institución sigue sin consolidarse
Al finalizar la sesión ordinaria, el Directorio no resolvió si el retiro de la renuncia era válido o no. Únicamente tomó nota de la manifestación realizada por Castillo y acordó conocer el asunto en una próxima sesión, una vez cuente con un análisis jurídico que determine si una renuncia presentada expresamente como irrevocable puede dejarse sin efecto por decisión exclusiva del funcionario que la firmó.
La incertidumbre sobre el futuro de la Superintendencia no se limita al retiro de la renuncia. La elección de Jorge Miguel Castillo también permanece bajo revisión judicial luego de que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenara al Directorio revisar la impugnación presentada por uno de los aspirantes excluidos del proceso mediante el cual fue designado como primer Superintendente.
A ello se suma que la institución aún no cuenta con oficinas propias, carece de un gerente administrativo y continúa enfrentando desacuerdos internos entre sus máximas autoridades, factores que han retrasado decisiones fundamentales para su funcionamiento.
Cuando faltan pocos meses para que la Ley de Competencia entre plenamente en vigor y la Superintendencia asuma la responsabilidad de prevenir prácticas anticompetitivas y regular los mercados, el organismo encargado de hacerlo sigue inmerso en disputas legales, administrativas y políticas que ponen en duda su capacidad para iniciar operaciones de forma efectiva en diciembre.
