Con la aprobación de la Resolución 03-2026, cada autoridad superior de la Superintendencia recibirá Q75 mil mensuales, una cifra que equivale a entre 17 y 22 veces el salario mínimo vigente. En términos anuales, cada funcionario ganará alrededor de Q1 millón 50 mil, mientras que un trabajador con salario mínimo apenas supera entre Q48 mil y Q59 mil al año, sin considerar descuentos.

La resolución fue aprobada con el voto favorable de los directores titulares Javier Enrique Bauer Herbruger y Jorge Mario González Paz, quienes respaldaron la fijación de los salarios para la totalidad de las autoridades superiores de la institución.

La decisión adquiere mayor relevancia en el contexto actual de las finanzas públicas. Tras la suspensión de la entrada en vigencia del Presupuesto General de la Nación 2026, la Superintendencia de Competencia operaría únicamente con un presupuesto aproximado de Q18 millones.

De ese monto, la fijación de salarios de Q75 mil mensuales para siete personas obliga a destinar alrededor de Q7.3 millones anuales únicamente al pago de remuneraciones del Directorio (tres titulares y tres suplentes) y del superintendente. En la práctica, esto significa que casi el 40 por ciento del presupuesto disponible de la institución se concentraría en el pago de los salarios de sus autoridades superiores, reduciendo de forma considerable los recursos destinados a su funcionamiento operativo.

Además del monto salarial, la Resolución 03-2026 no establece de manera expresa la prohibición del cobro de dietas, gastos de representación, viáticos, combustible, uso de vehículos oficiales u otros beneficios adicionales para los integrantes del Directorio y el superintendente. La ausencia de disposiciones claras sobre estos rubros deja abierta la posibilidad de que eventuales beneficios complementarios puedan ser regulados posteriormente o queden sujetos a decisiones administrativas internas.

Advertencias internas y voto razonado

Durante la sesión del pasado 13 de enero, el director Edgar Rolando Guzmán Fuentes propuso una escala salarial más moderada, con ingresos de Q55 mil para directores y Q45 mil para el superintendente. Según explicó, esta alternativa permitiría un “ahorro anual de casi Q7.8 millones que pueden ser utilizados por la institución”, recursos que podrían destinarse a fortalecer la operatividad de una entidad que, por mandato legal, debe investigar y sancionar prácticas anticompetitivas en mercados altamente concentrados. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría del Directorio.

El reglamento salarial y la resolución de sueldos fueron aprobados por mayoría, pese a que Guzmán dejó constancia de que los montos acordados “comprometen el presupuesto de la institución significativamente, imposibilitando el logro de los objetivos que establece la Ley de Competencia”. En su voto razonado, calificó las remuneraciones como “salarios onerosos dada la restricción presupuestaria”.

Otros directores defendieron la decisión bajo el argumento de la legalidad. Luis Guillermo Velásquez Pérez, junto a Alfredo Skinner-Klée Sol y Jorge Alberto Santiago Chen Sam (coincidentemente los tres directores suplentes), sostuvieron que diferenciar salarios entre titulares y suplentes sería “improcedente técnica y legalmente”, ya que la Ley de Competencia asigna las mismas atribuciones, obligaciones y restricciones a ambos cargos. El debate se concentró en la igualdad interna del Directorio y dejó en segundo plano la proporcionalidad del salario frente a la realidad socioeconómica del país.

La fijación de los altos salarios para las autoridades de Competencia contrasta aún más si se considera que el salario mínimo en Guatemala apenas cubre el costo de la canasta básica alimentaria, mientras que los sueldos aprobados para la cúpula de la Superintendencia colocan a sus autoridades en el segmento más alto del sector público, desde su primer año de funcionamiento.

Paradójicamente, en la misma sesión se aprobaron documentos administrativos que avalan márgenes de discrecionalidad interna. El director suplente Velásquez Pérez advirtió que el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos presenta un “peso excesivo de discrecionalidad por la amplitud de libre nombramiento y remoción”, así como una “ausencia de reglas mínimas de mérito”, observaciones que refuerzan la percepción de que la nueva institución nace con debilidades estructurales y reproduce prácticas cuestionadas en otras entidades del Estado.

El aumento salarial de los diputados

El debate sobre las remuneraciones de altos funcionarios públicos en el país no es nuevo. En noviembre de 2024, durante la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025, el Congreso de la República aprobó una enmienda que implicó un incremento sustancial en el salario de los 160 diputados.

Antes de ese ajuste, el salario base de un legislador se situaba en alrededor de Q9 mil 600, y al sumar dietas y gastos de representación el ingreso total promedio era de aproximadamente Q29 mil 150 al mes. Con la modificación, el salario base se elevó a Q46 mil 700, equiparable al de los magistrados de la Corte de Apelaciones, y al sumarse dietas por sesiones plenarias, comisiones de trabajo y gastos de representación, el ingreso mensual promedio de un diputado pasó a rondar los Q66 mil 300.

El aumento salarial fue aprobado con el respaldo de 87 diputados en el pleno y, aunque posteriormente hubo acciones y cuestionamientos públicos, incluidos pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad sobre algunos aspectos, el ajuste se consolidó y continúa vigente.

Este incremento situó los ingresos de los legisladores en un nivel equivalente a más de 15 veces el salario mínimo vigente en el país, una comparación que reactivó el debate sobre la proporcionalidad de los ingresos de los funcionarios frente a los ingresos de la mayoría de la población.

En contraste con los salarios fijados en la Superintendencia de Competencia y el aumento aprobado por el Legislativo, en el Ejecutivo se produjeron ajustes salariales a la baja. El presidente Bernardo Arévalo devenga actualmente un salario mensual de Q115 mil 219, mientras que la vicepresidenta Karin Herrera percibe Q105 mil 795, cifras inferiores a las establecidas al inicio del actual gobierno.

Arévalo ejecutó la reducción de su salario en abril de 2024, cuando su remuneración pasó de Q148 mil 838 a Q115 mil 219. En el caso de la vicepresidenta, el ajuste se concretó hasta abril de 2025 y su salario disminuyó de Q163 mil 412 a Q105 mil 795, luego de un periodo marcado por cuestionamientos públicos y cierta resistencia interna. Ambos recortes fueron presentados por el Ejecutivo como parte del cumplimiento de una promesa de campaña.