Tracser forma parte de un entramado de constructoras señaladas en investigaciones periodísticas y beneficiadas recientemente con proyectos millonarios bajo un esquema de contratación que limita la competencia y concentra la obra pública en un grupo reducido de compañías.

El proyecto, identificado con el NOG 29790212, contempla trabajos de mantenimiento en 39.2 kilómetros de la ruta CA-02 Occidente, en el departamento de Quetzaltenango. El tramo va del kilómetro 198 al 237+200 e incluye sectores estratégicos como San Miguelito, Flores Costa Cuca y Coatepeque, una vía clave para el transporte de mercancías entre la costa sur y el altiplano.

El contrato fue otorgado bajo la Modalidad Especial de Licitación por Emergencias, contemplada en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024). Este mecanismo permite acelerar la contratación de obras cuando existe riesgo para la seguridad de los usuarios. Sin embargo, esa rapidez tiene un costo, pues reduce significativamente la competencia debido a que la entidad define previamente a las empresas que pueden participar.

De acuerdo con documentos publicados en el portal Guatecompras, únicamente dos empresas fueron invitadas a presentar ofertas: Tracser, S.A. y Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico), la cual presentó una propuesta por Q189.6 millones.

El contrato fue adjudicado el pasado 28 de marzo y contó con el aval de la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien emitió la resolución correspondiente dentro de los plazos establecidos por esta modalidad.

La normativa que regula este mecanismo de emergencia exige que su aplicación esté sustentada en un informe de riesgo emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y que cuente con el aval de la Dirección General de Caminos (DGC), entidades que deben certificar que el tramo representa un peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.

El procedimiento administrativo también se desarrolla en tiempos mínimos. La adjudicación debe realizarse un día después de la recomendación de la junta evaluadora y el contrato se firma al día siguiente.

Ese mismo día, el Ministerio de Comunicaciones debe emitir el acuerdo ministerial de aprobación. Aunque el diseño busca acelerar la ejecución de obras, también reduce los tiempos de revisión y concentra decisiones clave en un margen reducido, con amplios espacios de discrecionalidad y baja competencia.

Un patrón que se repite

La adjudicación a Tracser no es un caso aislado, pues bajo esta misma modalidad, Covial ya ha otorgado contratos millonarios a constructoras cuestionadas como Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco), Mantenimiento Vial y Construcción, S.A. (Mavico), Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa) y Grupo Internacional de Proyectos, S.A. (Gipsa).

Estas empresas han sido señaladas en investigaciones periodísticas y judiciales, lo que evidencia un patrón en el que los contratos de emergencia se concentran en un mismo círculo empresarial.

Cuando se observan las relaciones entre estas compañías, la concentración es aún más evidente. Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa) recibió recientemente Q156.6 millones bajo esta modalidad. A ese monto se suman ahora los Q176.3 millones adjudicados a Tracser. En conjunto, ambas empresas acumulan Q332.9 millones en contratos recientes, pese a compartir conexiones a través de sus estructuras societarias y representantes legales.

La red detrás de Tracser

De acuerdo con documentos consultados en el Registro Mercantil, Tracser, S.A. fue constituida el 12 de abril de 2000 por Jaime Alfredo de León Rizo y Arnoldo Monroy Arrecis. Sin embargo, el 20 de junio de 2015 la empresa modificó su estructura societaria, amplió su capital social autorizado a Q100 millones y fijó el capital suscrito y pagado en Q2 millones.

En lugar de aportar capital en efectivo, los nuevos accionistas capitalizaron un estudio de prefactibilidad relacionado con el proyecto “Dragado y Protección II, fase Boca Barra Chapetón y canales aledaños Santa Rosa del municipio de Chiquimulilla”. Antonio Eliceo Suruy Velásquez y Edgar Senel Méndez Lara recibieron, cada uno, 4 mil 250 acciones equivalentes al 50 por ciento del proyecto.

Por su parte, Edgar Senel Méndez Lara suscribió y pagó otras 4 mil 250 acciones nominativas de Q100 mediante el aporte industrial del 50 por ciento restante del mismo estudio.

A partir de estos accionistas queda al descubierto la red empresarial detrás de Tracser. Suruy Velásquez ha fungido como superintendente de la constructora 4 Carriles, S.A., donde el empresario Elfrid Josué Méndez Pelaez figura como accionista mayoritario.

Méndez Pelaez, a su vez, es el principal accionista de Ciansa, una de las constructoras recientemente beneficiadas con contratos de Covial. Además, ha sido socio en al menos nueve sociedades junto a Gustavo Alejos durante el gobierno de Álvaro Colom.

Por su parte, Edgar Senel Méndez Lara figura actualmente como representante legal de la constructora 4 Carriles, S.A. También ejerce la representación legal de Ciansa. Su rol conecta directamente a varias de las empresas que aparecen de forma recurrente en la contratación pública. La relevancia de esa conexión radica en que 4 Carriles comparte vínculos operativos y de representación con compañías que actualmente reciben contratos millonarios bajo la modalidad de emergencia en Covial.

Además, 4 Carriles ha estado previamente en el centro de la atención pública. La empresa construyó una carretera que conecta Palín, Escuintla, con Santa María de Jesús, Sacatepéquez, un tramo que pasa frente a la finca del expresidente Alejandro Giammattei, según reveló en su momento el medio Vox Populi. 

Durante la administración de Giammattei, 4 Carriles recibió contratos públicos por más de Q558 millones, consolidándose como una de las empresas con mayor volumen de adjudicaciones en ese período.

Un historial de crecimiento en obra pública

El historial de adjudicaciones de Tracser, S.A. muestra una evolución sostenida en el acceso a contratos públicos, particularmente con el Ministerio de Comunicaciones. Según los registros públicos de Guatecompras, la empresa ha sido beneficiada con proyectos de obra pública desde 2009 y, a la fecha, ha manejado Q1 mil 330 millones.

A partir de 2018, es decir, tres años después de la modificación societaria, el volumen de contratos comenzó a incrementarse. Ese año sumó más de Q40 millones en adjudicaciones. En 2019 obtuvo Q68.5 millones, seguido por Q114.7 millones en 2021 y Q68.3 millones en 2022.

El punto más alto se registra en octubre de 2023, cuando el Ministerio de Comunicaciones le adjudicó un contrato por Q853.8 millones.

Con la reciente adjudicación de Q176.3 millones a finales de marzo, Tracser no solo consolida su crecimiento en el manejo de obra pública, sino que vuelve a aparecer dentro de un esquema de contratación en el que contratos de emergencia multimillonarios terminan concentrados en empresas conectadas entre sí mediante representantes legales, accionistas y relaciones societarias recurrentes.