La nueva CC sigue controlada por el abuelo Barreto, por eso la corte sigue extendiendo salvoconductos a los peces gordos de las mafias. Primero fue el Sipi Sinibaldi, después el privilegio fue para el tiburoncito Baldizón, y ahora está a la espera del mismo trato con guante blanco el panterita Escribá. Esta semana Mazariegos, el…
A pocos meses de que la Superintendencia de Competencia deba comenzar las investigaciones previstas en la Ley de Competencia, el ente regulador del mercado atraviesa una nueva crisis. La ausencia sin autorización de la única abogada de la entidad dejó paralizada la Dirección de Asuntos Jurídicos, mientras las disputas entre el Directorio y el superintendente, la polémica por los elevados salarios de las autoridades, la controversia por la renuncia y posterior marcha atrás de Jorge Miguel Castillo Castro y otros conflictos administrativos continúan alimentando las dudas sobre la capacidad de la institución para entrar en funcionamiento pleno.
El Superintendente sostiene que puede dejar sin efecto la renuncia irrevocable presentada en marzo porque el Directorio nunca la conoció ni la votó. La controversia profundiza la crisis de la entidad encargada de regular los mercados y prevenir prácticas anticompetitivas, que a pocos meses de asumir plenamente sus funciones continúa sin oficinas propias, sin gerente administrativo y envuelta en disputas internas que ponen en duda su capacidad para entrar en operación en diciembre.
Un amparo ordena revisar la elección de Jorge Miguel Castillo Castro como primer superintendente de Competencia, al obligar al Directorio a analizar la impugnación presentada por un aspirante que había sido rechazada por extemporánea. Mientras tanto, la institución de reciente creación enfrenta crisis continuas debido a pugnas internas por parte de sus autoridades.
El primer superintendente de la Superintendencia de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro, renunció al cargo luego de una breve gestión marcada por escándalos sobre salarios de Q75 mil mensuales para las autoridades de la entidad, contrataciones sin concurso público y un amparo judicial que cuestiona su designación.
Una semana fue suficiente para que un grupo de funcionarios quedara atrapado en el laberinto del escario público y tuvieran que retractarse de una decisión opaca, infundada y abusiva. Todo empezó con un modesto ejercicio de ciudadanía: el periodismo. El lunes publicamos una investigación que detallaba que los siete integrantes de la Superintendencia de Competencia…
Este día, diputados de la bancada VOS citaron a los miembros de la Superintendencia de Competencia debido a resolución en la cual se habían autorecetado un salario de Q75 mil. En la citación participó el superintendente de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro, quien no logró justificar de donde se originó la propuesta para establecer esos ingresos.
Luego de una semana de polémica por la aprobación de salarios de Q75 mil, el Directorio de la Superintendencia de Competencia anunció que daba marcha atrás en ese pago; sin embargo, mantiene vigente una resolución que reconoce el derecho a cobrar salarios de forma retroactiva y que fue aprobada en un contexto de falta de presupuesto, tensiones internas y cuestionamientos legales.
El Directorio de la Superintendencia de Competencia resolvió por unanimidad revocar la Resolución 3-2026, mediante la cual se había aprobado un salario de Q75 mil mensuales para los directores y el superintendente, una decisión que se produce tras una semana marcada por fuertes críticas ciudadanas, cuestionamientos políticos y señalamientos sobre el uso de recursos públicos.
El diputado José Chic puso un recurso para que se revoque la resolución que aprobó una escala salarial a favor de los integrantes del Directorio de la Superintendencia de Competencia. Los funcionarios también fueron citados al congreso para que rindan cuentas sobre su decisión.
