El superintendente de la Superintendencia de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro, presentó su renuncia ante el Directorio de Competencia, poniendo fin a una gestión de pocos meses marcada por polémicas relacionadas con la propuesta de salarios de Q75 mil mensuales para las autoridades de la institución y por la contratación discrecional de personal.

Castillo Castro fue electo en octubre de 2025 como el primer superintendente de la entidad encargada de aplicar la Ley de Competencia en Guatemala. Sin embargo, su administración quedó rápidamente bajo escrutinio público.

Una de las primeras controversias surgió cuando en complicidad con el Directorio de Competencia propuso fijar salarios de Q75 mil mensuales tanto para los directores como para el propio superintendente. La decisión provocó fuertes críticas y cuestionamientos debido a que la institución aún se encontraba en fase inicial de funcionamiento. Tras el escándalo público, el Directorio dio marcha atrás a la medida.

Posteriormente, el superintendente volvió a verse envuelto en cuestionamientos luego de que se revelara que la Superintendencia contrató personal de forma discrecional. Entre los nuevos empleados figuraban exfuncionarios de administraciones anteriores, incorporados sin procesos de selección abiertos ni concursos públicos.

A estas polémicas se suma un proceso judicial aún en trámite. En la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se encuentra pendiente de resolución una acción de amparo que busca revisar el proceso que culminó con la designación de Castillo como superintendente. El recurso sostiene que durante la elección se habrían cometido irregularidades y que se vulneraron derechos fundamentales de otros aspirantes al cargo.

El domingo pasado la sección del Pelex anticipó que Castillo estaba siendo presionado por los directores Javier Bauer y Jorge González para abandonar el cargo. Según la referida publicación, el superintendente habría recibido advertencias de acciones legales y mediáticas por parte de sus superiores si no accedía a renunciar.

Tras la renuncia de Castillo, ahora corresponde al Directorio de Competencia decidir el mecanismo para designar a su sustituto. Entre las opciones se encuentra elegir a un nuevo superintendente entre los aspirantes que participaron en el proceso de selección anterior o bien convocar a un nuevo proceso de postulación.