El juez Eduardo Enrique Maldonado Fuentes, del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, accedió este día a modificar parcialmente las medidas de coerción impuestas contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, dentro del caso Alfa Siete, ordenando que se le retire el dispositivo de control telemático y que se levante el embargo a sus cuentas bancarias. 

Héctor Reyes, abogado defensor de Campo, explicó que si bien se modificaron algunas de las medidas, el juez no accedió a modificar la prisión preventiva, debido a que exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción guarda prisión preventiva en otro proceso penal, que se trata del caso Zolic, proceso que no ha avanzado de la etapa intermedia debido a las constantes suspensiones de las audiencias. 

Reyes indicó que se le había solicitado al juez modificar el arresto domiciliario, que anteriormente ya le había sido otorgado en el caso Alfa Siete, para que pudiera moverse en todo el territorio nacional y que pudiera acercarse a embajadas y cuerpos diplomáticos.

Pero dicha solicitud fue rechazada por el juez, al considerar que no era prudente hacerlo mientras Campo continúe en prisión preventiva por otro proceso. 

Fiscalía se opone

La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) se opuso a la modificación de las medidas de coerción, al considerar que las circunstancias que justificaron su imposición no habían cambiado. 

“Él en este momento está sujeto a proceso penal en otro caso donde él tiene la prisión preventiva. Lo que sí otorgó fue que se le quitara el control telemático porque realmente es inoperante”, dijo Reyes. 

El abogado indicó que Campo ha tenido control telemático desde hace tres años, a pesar de que ha permanecido en prisión preventiva. “Le ocasionaba problemas a Campo por tenerlo, porque algunas veces como que daba información falsa”, indicó. 

Respecto a las cuentas bancarias de Campo y de otros imputados en el caso, Reyes indicó que estas permanecían embargadas desde hace tres años y que quitar esas medidas “fue lo mejor de esta mañana”. 

Esa medida también benefició a Gonzalo Chilel López, quien también es imputado en el caso, ya que se levantó el embargo de sus cuentas bancarias, luego de que la defensa argumentó que necesitaba disponer de esos recursos para adquirir una participación en una oficina profesional como parte del ejercicio de su profesión. 

El caso Alfa Siete

El caso Alfa Siete se originó en una investigación de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, dirigida entonces por Campo, sobre una estructura dedicada al tráfico de personas en el occidente del país. La investigación incluyó un operativo realizado en agosto de 2022 y contó con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El proceso penal contra Campo surgió por la supuesta captura equivocada de María Bárbara Andrés Hernández de López, una mujer de aproximadamente 70 años que no tendría relación con la estructura investigada. 

Según la acusación del MP, las actuaciones y omisiones de Campo y de los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Pérez Flores y Gonzalo Chilel López propiciaron que la mujer fuera detenida durante 27 días. Por estos hechos, la Fiscalía les atribuyó el delito de incumplimiento de deberes.

El 18 de julio de 2025, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal absolvió a Campo y a los dos exauxiliares fiscales del delito de incumplimiento de deberes. Durante el juicio, el MP había solicitado seis años de prisión para cada uno.

Sin embargo, el 13 de julio de 2026, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal aceptó una apelación presentada por Fiscalía de Asuntos Internos y anuló la sentencia absolutoria, pero la defensa de Campo interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que aún no ha sido resuelto.