En el documento señala al interventor Luis Catarino Estrada Valenzuela y al gerente general Marvin Omar Castillo García de supuestamente utilizar facturas por servicios que no habrían sido prestados, las cuales fueron  utilizadas para retirar fondos de la entidad.

Según el memorial, entre octubre, noviembre y parte de diciembre de 2024 se habrían emitido facturas por servicios presuntamente inexistentes, que alcanzaron Q1 millón 511 mil 891. El denunciante sostiene que se utilizaron recursos del efectivo del hotel para cubrir esos pagos y que las operaciones no estuvieron respaldadas por cheques.

El documento detalla que en octubre se habrían emitido 28 facturas por Q401 mil 400; en noviembre, 36 facturas por Q614 mil 520; y en diciembre, otras 28 por Q495 mil 971. Como respaldo, Uribe Arango asegura que adjuntó un CD con las facturas que considera irregulares.

Además, el denunciante menciona otros movimientos que considera injustificados, entre ellos Q867 mil 380 correspondientes a diciembre de 2024, Q1.3 millones entre enero y mayo de 2026 y otros Q400 mil. Con estos montos, afirma que tiene documentada una presunta sustracción de Q4 millones 79 mil 271. 

El total, según aclara, no incluye otros gastos que cuestiona, como alimentación, reparaciones de elevadores, vehículos de terceros, un anillo de acero de la azotea y dólares cuyo destino asegura que no ha sido justificado.

Ante estos señalamientos, Uribe Arango solicitó al juez que revoque los nombramientos de Estrada Valenzuela y Castillo García, y que se certifique lo conducente por posibles delitos, entre ellos lavado de dinero u otros activos, apropiación y retención indebida, caso especial de estafa, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.

También propuso que Julio César Aguilar Escobar sea nombrado gerente general y Marina Adalila Morales Maldonado asuma como interventora judicial. 

En el memorial pidió que ambos funcionarios sean removidos de manera inmediata y advirtió que, si el juzgado no procede en un plazo de tres días, promoverá acciones legales contra los señalados y contra quien los nombró.

El escrito fue presentado el 2 de noviembre de 2026 y solicita que sea incorporado al expediente judicial. 

El abogado Briand Palacios, quien presentó el memorial en auspicio de Uribe Arango, señaló que al entregar el documento quiso hablar con el juez Orellana, pero indicó que el togado ya se encuentra de vacaciones. 

El caso

El Caso Valat se originó en 2006, luego de una denuncia presentada por la Superintendencia de Bancos (SIB) contra la financiera Valat International Holdings Ltd., señalada de captar dinero de inversionistas sin contar con autorización para operar como entidad financiera. 

Las investigaciones han señalado que la empresa ofrecía altos intereses a cambio de inversiones y habría captado los ahorros de numerosas personas. En el proceso figuran 135 personas agraviadas, algunas de las cuales habrían sido vinculadas como supuestos inversionistas del Hotel Las Américas, anteriormente conocido como Crowne Plaza. 

Como parte de las medidas judiciales derivadas del caso, se ordenó la intervención del Hotel Las Américas, ubicado en la zona 13 de la ciudad, para mantener el control de sus operaciones y recursos. 

La administración del inmueble quedó bajo supervisión judicial y, con el paso de los años, surgieron disputas por su manejo. 

En 2026, la intervención volvió a generar controversia luego de que el juez Orellana nombrara a Luis Catarino Estrada Valenzuela como interventor y a Marvin Omar Castillo García como gerente general, decisiones que posteriormente fueron cuestionadas mediante denuncias por presuntas irregularidades administrativas y financieras. 

Antejuicio contra Orellana 

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó el 31 de agosto de 2026 una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Orellana para investigarlo por presuntos actos de corrupción relacionados con la intervención judicial del Hotel Las Américas, dentro del Caso Valat. 

La denuncia señala que el juzgador habría recibido Q400 mil a cambio de autorizar el nombramiento de Luis Catarino Estrada Valenzuela como interventor y Marvin Omar Castillo García como gerente general del hotel. 

La solicitud quedó inicialmente en manos del juez Mynor Moto, del Juzgado Tercero Penal, quien debía trasladarla a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el trámite permaneció alrededor de mes y medio en ese juzgado, antes de ser remitido a la CSJ el 21 de octubre. El retraso fue atribuido por Moto a la carga de trabajo. 

Al 3 de noviembre de 2026, la petición se encontraba en la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ, presidida por el magistrado Igmaín Galicia Pimentel.