Durante una visita oficial al país, la experta internacional alertó sobre “una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”. 

Según Satterthwaite, esta práctica constituye una “instrumentalización del derecho penal” por parte del MP, que estaría sirviendo como mecanismo de persecución contra quienes combaten la impunidad, denuncian abusos de poder o defienden derechos fundamentales.

“Esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”, indicó.

Satterthwaite pidió el cese a la criminalización y afirmó que respalda la recomendación ya realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la necesidad de realizar un examen independiente al MP.

Interferencias en nombramientos judiciales

La relatora manifestó haber recibido información creíble y preocupante sobre interferencias indebidas en procesos clave como los nombramientos judiciales. Señaló casos de tráfico de influencias, coacción dentro de las Comisiones de Postulación y evaluaciones viciadas que favorecen la lealtad política sobre la idoneidad profesional.

Satterthwaite advirtió que el proceso de selección de autoridades previsto para 2026 –que incluye a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el próximo Fiscal General– representa una oportunidad crítica para revertir las tendencias actuales. 

Sin embargo, también alertó sobre el riesgo de que dichos procesos consoliden un modelo en el que “la ley no es más que un arma de conveniencia y no una garantía de derechos”.

La experta llamó a todos los poderes del Estado a asumir su responsabilidad para garantizar un sistema de justicia independiente, imparcial y eficaz. También recomendó que los jueces identifiquen los casos de criminalización y actúen conforme al derecho nacional e internacional. 

Además, hizo un llamado a universidades, al Colegio de Abogados y a otros entes de supervisión para fortalecer la ética profesional y prevenir la corrupción en el sector jurídico.

“La acción coordinada no puede dejarse en manos de la siguiente institución en la cadena de rendición de cuentas”, advirtió Satterthwaite. “Guatemala debe actuar ahora para salvaguardar su democracia y el Estado de derecho”, añadió.