Luis Miguel Martínez Morales, exjefe del Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei, retiró la apelación con la que buscaba revertir su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Su abogado, Alexei Schacht, firmó la moción de desistimiento voluntario el 30 de septiembre y la corte la registró el 5 de octubre. Asimismo, el 20 de octubre, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia la aceptó y dio por concluido el caso.
Ese mismo día, la corte emitió la orden formal que devuelve el expediente al tribunal de distrito, con lo que queda firme la resolución de la jueza federal Beryl A. Howell.
Sanción queda firme
El 24 de julio de 2026, Howell falló a favor del Departamento del Tesoro al considerar que la designación de Martínez Morales bajo la Orden Ejecutiva 13818, dirigida contra actos graves de corrupción, estaba respaldada por evidencia sustancial. La OFAC lo sancionó por, según la resolución, solicitar sobornos y coludirse con otros funcionarios para adjudicar contratos fuera del sistema formal de compras del Estado guatemalteco.
Martínez Morales había presentado su apelación el 10 de agosto. Desde el inicio, el trámite avanzó con obstáculos. La corte suspendió el calendario de escritos de fondo hasta nueva orden y notificó a Schacht que no era miembro del colegio de abogados del Circuito de DC, requisito para litigar ante ese tribunal. Le dio plazo hasta el 10 de septiembre para tramitar su admisión o para informar que no representaría al exfuncionario en esa instancia.
Los argumentos antes de la llegada del nuevo fiscal
Uno de los argumentos centrales de la defensa de Martínez Morales ante la justicia estadounidense fue que en Guatemala no existían investigaciones en su contra.
Ese escenario cambió en septiembre. Durante la gestión de Consuelo Porras, las denuncias penales en su contra no prosperaron y varias fueron desestimadas.
Bajo la dirección del fiscal general Gabriel García Luna, la Fiscalía contra el Crimen Organizado ejecutó el 23 de septiembre 13 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, en inmuebles relacionados con Martínez Morales y personas de su entorno.
García Luna confirmó que el Ministerio Público (MP) lo investiga por presunto lavado de dinero y crimen organizado. Además, en los allanamientos se incautaron indicios relacionados con la creación de sociedades anónimas y la compra de inmuebles.
La moción de desistimiento fue firmada una semana después de las diligencias del MP. En el escrito de una página, la defensa se limita a señalar que Martínez Morales “ya no desea continuar con esta apelación”, sin dar otras razones ni solicitar ninguna otra medida.
El caso no llegó a la fase de alegatos de fondo, por lo que no se conocieron los argumentos con los que pretendía revertir su designación. Con esta decisión se cierra la vía judicial que el exfuncionario había abierto en Washington en 2024 para impugnar la sanción.
