La resolución suspende temporalmente el trámite de la iniciativa y establece una serie de verificaciones para determinar si las personas que respaldaron la propuesta están debidamente identificadas, empadronadas y conocen el contenido de las reformas planteadas.

Entre las medidas ordenadas, la CC pide al Legislativo comprobar que los nombres de los firmantes sean legibles, que no existan registros ni firmas duplicadas y que cada persona haya consignado su número de identificación y de empadronamiento.

También ordena solicitar información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para verificar que los firmantes sean ciudadanos existentes, estén debidamente inscritos y empadronados y no tengan suspendidos sus derechos políticos. Además, pide que el tribunal electoral certifique que las firmas correspondan, mediante un análisis grafotécnico, con las que aparecen en sus respectivos registros.

La CC también dispone que el Congreso solicite al Registro Nacional de las Personas (Renap) un informe para cruzar los datos de los firmantes con los registros de defunciones y establecer si alguna de las personas que aparecen en los listados ha fallecido.

A estas verificaciones se suma una consulta al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para determinar si quienes respaldaron la propuesta se encontraban en el país en la fecha en que participaron en la recolección de firmas.

La resolución también pide identificar a las personas que estuvieron a cargo de recolectar las adhesiones y presentar las denuncias correspondientes si durante las verificaciones se detectan anomalías.

Resolución genera reacciones

Edgar Ortíz, uno de los impulsores de la reforma, señaló que los requisitos establecidos por la CC representan un estándar de verificación más exigente que el que utiliza el Registro de Ciudadanos para revisar las firmas de afiliados de los partidos políticos. A su criterio, las exigencias se acercan a las que se requieren para validar una escritura pública.

Ortiz cuestionó que estos requisitos no se hayan establecido desde el inicio del proceso, sino hasta después de que concluyó la recolección de firmas. “Nosotros no tenemos las fechas de las firmas. Nos piden perfil grafotécnico, tendríamos que mandar a peritaje todas las firmas, lo cual es inviable”, aseguró.

También señaló que es prácticamente imposible cumplir con la exigencia de identificar a cada persona que estuvo a cargo de recolectar las adhesiones. “Eso no lo tengo. Yo entregué cinco mil hojas con 16 mil firmas y me piden que de cada uno yo diga quién era el responsable con su DPI. Eso es prácticamente imposible de hacer”, concluyó.

Por su parte, el exfiscal Juan Francisco Sandoval advirtió sobre el riesgo de que las disposiciones de la CC conviertan un proceso de participación ciudadana en uno con características propias de una investigación penal.

Sandoval señaló que, por los antecedentes del país sobre el uso del sistema de justicia penal, no debe ignorarse la posibilidad de que estas disposiciones deriven en procesos de criminalización. También cuestionó la rapidez con la que se conoció y resolvió el amparo, y consideró que la decisión podría estar relacionada con intimidaciones que llevaron a los promotores de la reforma a desistir de la propuesta.

“Parece que es un ápice del Ministerio Público de Consuelo Porras”, expresó el exfiscal al referirse a la forma en que se resolvió el amparo.

Poder Ciudadano desistió de la propuesta

Este jueves 5 de noviembre, la asociación Poder Ciudadano notificó al Congreso de la República su decisión de desistir de la propuesta de reforma constitucional al sector justicia.

La organización argumentó que sus dirigentes, entre ellos los abogados Edgar Ortiz y Marjorie von Ahn, han sido objeto de amenazas e intimidaciones, incluidos seguimientos.