La asociación civil Poder Ciudadano notificó al Congreso de la República su decisión de desistir de la propuesta de reforma constitucional al sector justicia, debido a las amenazas y los seguimientos contra de sus dirigentes, entre ellos los abogados Edgar Ortiz y Marjorie von Ahn.
En una carta que Ortiz envió al Organismo Legislativo, Ortiz señaló que, desde que comenzó la socialización de la iniciativa y la recolección de firmas, tanto él como su esposa, Marjorie von Ahn, han sido objeto de seguimientos e intimidaciones.
La decisión se hizo pública pocos días después de que la propuesta, respaldada por cientos de ciudadanos, fuera presentada ante el Congreso para iniciar el trámite correspondiente.
Poder Ciudadano había recolectado más de 16 mil firmas en 20 departamentos del país, con las que respaldó la iniciativa que entregó al Legislativo el pasado 28 de septiembre.
Ortiz indicó que, pese a haber presentado las denuncias correspondientes, los seguimientos y las amenazas continuaron. Según explicó las intimidaciones también alcanzaron a voluntarios y representantes departamentales de la asociación.
“En las últimas semanas, además, las intimidaciones alcanzaron a varios de nuestros voluntarios y líderes departamentales, quienes participaron en este esfuerzo de buena fe y sin otro interés que contribuir a su país”, indicó en el documento.
Las amenazas contra dirigentes de Poder Ciudadano ya habían sido denunciadas públicamente por la asociación durante el proceso de impulso de la iniciativa.
En la carta, Ortiz enfatizó en que una propuesta de reforma constitucional debe ser cuestionada o rechazada mediante el diálogo y el debate de ideas, y no a través de intimidaciones. Por esa razón, explicó que la Asamblea General de la asociación decidió dar marcha atrás a la iniciativa.
El documento hace constar que la Asamblea General de Poder Ciudadano resolvió retirar de manera irrevocable la propuesta de reforma constitucional al sector justicia. También acordó buscar otras vías para canalizar los cambios planteados.
La iniciativa tenía como propósito eliminar las comisiones de postulación y la facultad del Congreso de elegir magistrados, entre otras modificaciones al sector justicia.
Finalmente, Ortiz reiteró que el retiro de la propuesta responde a circunstancias de seguridad. Además, solicitó al Congreso que resguarde los datos personales de los ciudadanos que respaldaron la iniciativa y que esa información no sea divulgada ni facilitada a terceros.
