Organizaciones sociales y comunitarias exigieron al Ministerio Público (MP) realizar una investigación independiente por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.

En un pronunciamiento, las agrupaciones condenaron el ataque y afirmaron que este evidencia la permanencia de estructuras criminales que han operado durante años en el país bajo prácticas contrainsurgentes. Estas organizaciones las identifican como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Además de exigir avances en las pesquisas, las organizaciones dirigieron demandas al Ejecutivo y al sistema de justicia. Al presidente Bernardo Arévalo le solicitaron profundizar las acciones para desmantelar estas estructuras, cuya permanencia, advirtieron, representa un riesgo para las instituciones del Estado.

También alertaron que, si no avanza en esa tarea, estos grupos podrían recuperar el control del Ejecutivo y del MP, así como consolidar su influencia en el Organismo Judicial (OJ) y otras instituciones de relevancia nacional.

Al OJ le demandaron actuar con independencia y garantizar justicia por el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, así como por otros hechos de violencia que afectan a la población. En el pronunciamiento, también cuestionaron la impunidad que, a su criterio, protege al crimen organizado.

Articulación de acciones

Las organizaciones convocaron a movimientos sociales y comunitarios a coordinar esfuerzos para dar seguimiento a la investigación y al procesamiento de los responsables. 

También plantearon la necesidad de reducir la presencia de estas estructuras en espacios de poder local, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).

Asimismo hicieron un llamado a las autoridades ancestrales, partidos políticos democráticos y a la ciudadanía a impulsar acciones contra la cooptación del Estado, en defensa de los derechos humanos y en favor de la construcción de una democracia participativa.

Solidaridad y señalamientos

En el pronunciamiento, las agrupaciones expresaron su solidaridad con Silvia Solórzano Foppa, madre de Juan Francisco, y con los familiares y allegados de ambas víctimas.

Además, calificaron el asesinato como un crimen político y señalaron a sectores empresariales, del narcotráfico y a actores políticos de derecha y extrema derecha como parte de los grupos que, según su interpretación, estarían vinculados con estas estructuras criminales.

Finalmente, destacaron la importancia de la participación ciudadana y de emitir un voto coherente en las elecciones generales de 2027, como parte de la defensa de la justicia y la democracia en el país.