Para mí, hay algo profundamente triste en vivir en un país donde dieciséis mil personas firman una propuesta de reforma constitucional y, unas semanas después, quienes recogieron esas firmas consideran necesario destruirlas por razones de seguridad. No porque los firmantes se hayan arrepentido, no, ni porque la iniciativa haya perdido toda posibilidad de discutirse, sino porque alguien podría utilizar sus nombres en su contra.
La asociación denunció que las intimidaciones y los seguimientos también alcanzaron a voluntarios y líderes departamentales que participaron en la recolección de firmas en todo el país.
En la cancha de la democracia, todos tenemos derecho a jugar y expresarnos libremente con respeto a las reglas del juego democrático. Los jugadores, sin importar el color de su camisola, están llamados a enfrentarse y debatir de manera respetuosa, pero sobre todo a buscar el bien común mediante consensos, especialmente en momentos de urgencia…
La asociación civil Poder Ciudadano denunció públicamente este miércoles amenazas e intimidación en contra de su equipo. Estos hechos se dan a conocer luego de que se presentó ante el Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional al sector justicia.
Hay proyectos que nacen con demasiada música de fondo. Mucha bulla. Se presentan como si hubieran descubierto el agua potable en Mixco, la rueda o la decencia pública. Uno aprende, con los años, a desconfiar de todo lo que se anuncia como salvación nacional. Acá, además, la salvación suele venir en manta vinílica, con logo…
El pasado domingo 14 de junio fue presentada la iniciativa llamada “Poder Ciudadano”, que busca proponer reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta organización busca recolectar al menos cinco mil firmas para proponer los cambios ante el Organismo Legislativo. Eliminar las comisiones de postulación y sacar al Congreso de la elección de magistrados de Corte de Apelaciones, entre las propuestas.
Al menos dos amparos que cuestionan la tabla de gradación aprobada por la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de aspirantes al cargo de fiscal general del Ministerio Público (MP) han avanzado y la Corte de Constitucionalidad (CC) requirió informes.
El presidente Bernardo Arévalo y el Congreso de la República deben rendir informes sobre si se está respetando la voluntad popular reflejada en los resultados de las elecciones generales de 2023, en medio de acciones judiciales que buscan poner en duda la legitimidad de las autoridades electas.
