La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que en un plazo de 12 horas, el presidente de la República, el Congreso de la República y la Junta Directiva del Congreso, deben rendir informes circunstanciados para explicar si se están respetando los resultados de las elecciones generales de 2023.
La decisión del máximo tribunal se produce tras la solicitud de asistencia presentada por los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra, quienes buscan garantizar la debida ejecutoria de la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2023.
La acción legal que solicitaron los profesionales se da en respuesta a una serie de acciones judiciales promovidas por el juez Fredy Orellana, quien ha sido señalado de emitir resoluciones que ponen en duda la legitimidad de las autoridades electas con el partido Movimiento Semilla. Entre esas acciones figura una orden que cuestiona la adjudicación de cargos a funcionarios electos, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados en 2023.
Un conflicto que no cesa
La solicitud de informes por parte de la CC ocurre en un contexto en el que diversos sectores nacionales e internacionales han advertido sobre la amenaza de una regresión democrática en Guatemala.
Desde la primera vuelta electoral de 2023, los resultados han sido objeto de especulaciones, impugnaciones, amparos y resoluciones judiciales que —bajo el argumento de investigar irregularidades— han intentado frenar o revertir la toma de posesión de las autoridades electas.
En este marco, la figura tanto del juez Orellana como de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), han tenido un papel central. Ambos son señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como actores antidemocráticos y a quienes se les ha retirado la visa para ingresar a dicho país.
