La resolución emitida por la CC fue publicada este martes en el Diario de Centro América, luego de resolver una acción de inconstitucionalidad general parcial que fue presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrexp). 

Dicha organización presentó la inconstitucionalidad bajo el argumento de que la normativa causa gravámenes sobre los costos de instalación, la certificación y las sanciones para transportistas. 

En ese sentido, la CC dejó en suspenso los literales a) y d) del artículo 2 –reformado por el artículo 1, del Decreto 11-2017 del Congreso de la República– y el literal a) del artículo 3, ambos contenidos en el Decreto 45-2016 del Congreso de la República de Guatemala. 

El literal a) del artículo 2 establecía la modificación mecánica en el sistema de admisión de combustible de los vehículos automotores que se dedican al transporte colectivo de pasajeros y de carga para que los mismos desarrollen un límite máximo de velocidad de hasta 80 kilómetros por hora.

Mientras que el literal d) establecía la obligación de obtener un certificado del Sistema Limitador de Velocidad, que debía ser extendido por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC). 

El literal a) del artículo 3 establecía las suspensiones y sanciones por los incumplimientos a las normativas establecidas en el artículo 2. 

La suspensión provisional fue aprobada por los magistrados Dina Ochoa, Julia Rivera, Luis Marroquín y Claudia Paniagua, mientras que los magistrados Anabella Morfín, Astrid Lemus y Luis Bermejo, emitieron votos razonados disidentes. 

DGT se pronuncia 

La Dirección General de Transportes (DGT) informó en un comunicado que acatará la resolución de la CC, asegurando que suspenderá la aplicación de las disposiciones mientras esté vigente la medida provisional, aunque anunció que presentará las acciones legales correspondientes para defender la continuidad del mecanismo.

La entidad lamentó la suspensión y aseguró que el programa mostraba avances. Según sus datos al 5 de noviembre de 2026, un total de 35 mil 871 vehículos contaban con el sistema: 4 mil 531 unidades de transporte colectivo y 31 mil 340 de carga. 

Además, reportó 229 sanciones por no portar el dispositivo y 224 empresas autorizadas para instalarlo. La DGT sostuvo que continuará con los controles y operativos de prevención utilizando las herramientas legales vigentes.

Accidentes registrados

Según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), los accidentes relacionados con el transporte colectivo aumentaron de 494 en 2024 a 538 en 2025. En ese mismo período, las personas fallecidas pasaron de 70 a 141, mientras que los lesionados aumentaron de 582 a 751. Esto representa un incremento del 101.4 por ciento en las víctimas mortales. 

En cuanto al transporte pesado, las estadísticas del Onset también muestran un incremento en los hechos de tránsito. Durante 2025 se contabilizaron 1 mil 267 vehículos de este tipo involucrados en percances, frente a 1 mil 129 en 2024. Las personas fallecidas aumentaron de 149 a 161, mientras que los lesionados pasaron de 322 a 337.